La izquierda colombiana alista su primer pulso en las calles contra Abelardo de la Espriella: “Es una medición de fuerzas”

La izquierda colombiana alista su primer pulso en las calles contra Abelardo de la Espriella: “Es una medición de fuerzas”

Seguidores, de extrema izquierda, de Iván Cepeda protestan por los resultados electorales, en Bogotá, el pasado 21 de junio.              Foto ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

• Las centrales obreras, el movimiento indígena, los estudiantes y el expresidente Gustavo Petro convocan este miércoles a la primera marcha contra el nuevo Gobierno

La izquierda colombiana echa este miércoles su primer pulso en las calles contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Los sindicatos alineados a la izquierda, el movimiento indígena y los estudiantes han convocado a una movilización masiva en todo el país para defender una amplia serie de derechos que consideran que están amenazados: desde la soberanía de los pueblos originarios hasta la autonomía universitaria, pasando por el salario mínimo. Gustavo Petro acompañará a los manifestantes en Bogotá. La oposición espera una participación masiva, pese al temor que existe en algunos sectores ante los anuncios del Ejecutivo de endurecer la respuesta policial en las protestas.

Cada una de las bases de la izquierda ha enfrentado en las últimas semanas algún anuncio del Gobierno que produjo preocupación entre sus líderes. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el principal sindicato del país, se abanderó contra un borrador de decreto que abre la puerta a una mayor participación del sector privado en la administración de colegios públicos.

Los indígenas arremetieron contra una iniciativa del Ministerio del Interior para crear un sistema de información sobre las guardias indígenas. “Podría convertirse en un mecanismo de vigilancia, estigmatización y judicialización”, denunciaron. Los estudiantes aseguraron que la autonomía universitaria está en riesgo luego de que el presidente anunciara el ingreso de la fuerza pública a los campus cuando haya protestas violentas.

Sin embargo, hasta ahora la calle se ha mantenido en una relativa calma. Tras las iniciativas que encendieron la llama para las protestas, el Gobierno anunció un decreto que firmó en la noche del martes, con el que inicia una política de mano dura contra las manifestaciones: permitirá la intervención de la fuerza pública para enfrentar actos violentos sin que antes se agoten las instancias de prevención, diálogo y mediación. Inicialmente, la cautela se impuso sobre las ganas de salir a marchar.

“Hay que responder con cabeza fría a las provocaciones. Ellos tienen la esperanza de que les confirmemos sus sesgos para justificar el uso de la fuerza”, explicaba Juan Manuel Muñoz, representante estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, en una conversación con la prensa hace unas semanas. Algo similar decía Gerardo Jumí, histórico dirigente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “El movimiento no quiere ser el que envíe mensajes hostiles, el que rompa el diálogo”, señalaba.

La decisión fue esperar y organizar una primera marcha conjunta para este miércoles, con los reclamos variopintos de cada organización. Gabriela Delgado, de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes, comenta por teléfono que aún “preocupa mucho” la posibilidad de una represión, pero que tiene expectativas de una participación masiva. “La semana pasada nos sorprendió la concurrencia a una movilización por Palestina. Pensamos que iba a salir poca gente, pero fue una buena cantidad”, comenta la dirigente estudiantil, que menciona el financiamiento de las universidades públicas y la preocupación por “la estigmatización” como dos prioridades. La protesta de esta semana, afirma Delgado, es un primer impulso a “escenarios de movilización permanente”. “Hay mucha indignación acumulada, una desesperanza de la gente frente a este Gobierno retardatario. Y no nos podemos quedar solamente con la agenda en el Congreso”.

Petro, por su parte, buscará capitalizar el descontento. “Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad”, anunció el lunes en sus redes sociales. Consciente de la amenaza del Gobierno de reprimir si hay episodios de violencia, el exmandatario subrayó que la movilización debe ser “pacífica y contundente”. Acompañó su convocatoria con una imagen en la que señala como reclamo principal la defensa del salario mínimo, pese a que el Gobierno ha desmentido que tenga intenciones de recortarlo. En otro mensaje, compartió fragmentos de un discurso de hace meses en el que trazó un paralelismo entre el exterminio a finales del siglo pasado de la Unión Patriótica, un partido de izquierdas, y la situación actual. “Quieren desaparecer esta alternativa popular”, advirtió entonces.

El protagonismo que han tomado el expresidente y su partido, el Pacto Histórico, ha producido rechazo en algunos sectores sociales que buscan marcar distancia. “No podemos terminar como borregos de convocatorias de partidos políticos”, dice el líder indígena Jumí en una conversación telefónica. Le preocupa que el exmandatario dé declaraciones explosivas y los demás parezcan pegados a él. “Los partidos de oposición y el Gobierno no se pueden ni ver, pero el movimiento indígena tiene el deber y la capacidad política de establecer un diálogo nacional que dé garantías de coexistencia”, afirma, al tiempo que señala que el lugar de los partidos es “en el debate parlamentario”.

Jumí, figura visible en marchas en apoyo al Gobierno de Petro, comenta que este miércoles no acudirá a la protesta. Se limitará a “acompañarla espiritualmente” y a estar pendiente de posibles abusos policiales que deban denunciarse. “Para marchar, tenemos que preparar más la agenda, alcanzar más consensos sobre los temas en torno a los cuales nos vamos a movilizar. La minga no es una mera manifestación de partidos políticos”, justifica el dirigente, que matiza que, de todas formas, desea una convocatoria masiva en un primer pulso que considera “una medición de fuerzas”. El movimiento indígena no es el único que enfrenta divisiones: un sector de la Confederación General de Trabajadores (CGT) ha anunciado que se abstendrá de participar porque no ha encontrado “los suficientes elementos”.

Las advertencias de De la Espriella

El presidente De la Espriella ha tomado nota de la movilización. En su alocución del pasado lunes festivo, arremetió contra las protestas de este miércoles y una futura huelga general, todavía sin fecha ni convocatoria concreta. “En medio de la reconstrucción por el terremoto, se les ocurre convocar a un paro que solo busca engañar al pueblo, generando caos para lograr un fin politiquero en contra de mi Gobierno”, criticó.

Según él, los organizadores son “instigadores de la maldad”. Acusó a Petro y su partido de ser responsables de múltiples crisis que enfrenta Colombia. “Dejaron un país quebrado, ad portas de un apagón, con la salud en cuidados intensivos y con la soberanía energética comprometida”, cuestionó.

El mandatario también recordó el decreto sobre la protesta y un proyecto de ley al que llama “Estatuto Antiterrorista”. “El Gobierno anterior no quiso tenerlos porque prefería la ambigüedad. Allí cabía el bloqueo, el infiltrado y el que financiaba el terror”, declaró. Aseguró que no tolerará bloqueos permanentes de carreteras o que los carriles del sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, se conviertan en “una trinchera”. Matizó que la fuerza pública diferenciará entre los violentos y quienes se mantengan al margen. “La protesta pacífica es una garantía constitucional, eso no tiene discusión (…). Quien piense distinto tiene derecho a expresarlo”, dijo. La promesa no tranquiliza a los movimientos, que suelen denunciar que infiltrados de la fuerza pública provocan los disturbios para justificar la represión.

Ambos lados se acusan de querer provocar el caos y la violencia. “Si pretenden incendiar a Colombia, se van a encontrar con la determinación del Tigre y su Gobierno”, declaró el presidente. El líder indígena Jumí, que por ahora prefiere la negociación, cuestiona que el Ejecutivo se adelante a “darle un aire de persecución” a la protesta. “Algunos sectores quieren un baño de sangre, y sería grave. Si reprime este miércoles, entraría en un periodo de ilegitimidad. Mi consejo es que no lo haga”.