Las madres de los presos de Bukele, entre la tristeza y la esperanza: “Aunque salgan, les han destruido media vida”

Las madres de los presos de Bukele, entre la tristeza y la esperanza: “Aunque salgan, les han destruido media vida”

Madres de personas encarceladas en una protesta antes del Día de la Madre, en San Salvador.          Foto Josee Cabezas (REUTERS)

• El anuncio del presidente sobre un plan para liberar a miles de reos capturados durante el estado de excepción llega tarde para las familias marcadas por las torturas, juicios masivos y años de encarcelamiento

Dos hijos de Gladis Álvarez, de 53 años, fueron capturados bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele y acusados de ser colaboradores de las pandillas en los primeros dos meses de la medida, en 2022.

Desde entonces, su vida se fue cayendo a pedazos, cuenta. “En mi familia éramos ocho y ahora solo quedo yo”, dice la mujer. “Desde que capturaron a mis hijos, nos destruyeron la vida de una manera terrible”, agrega. Más de cuatro años después de iniciada la brutal estrategia que mantiene al 2% de la población adulta en prisión sin haber recibido aún un juicio, el popular presidente ha asegurado que tiene “un plan” para liberar a miles de detenidos, acusados de colaborar con las maras.

Álvarez cuenta así su soledad tras la captura de sus hijos: “Primero se fueron mis dos nueras, cada una con su hijo. La niña de siete años y el varón de cinco. Luego, mi esposo entró en una gran depresión. Yo solo veía que lloraba todas las noches. Hasta que murió. Hoy hace 15 días de eso. Todo por un policía al que le dio la gana de hacernos pedazos la vida. Ahora me siento vencida. Siento que ya no tengo fuerzas para sacar palabras, ni para luchar”.

Bukele afirmó que su Gobierno ha creado una comisión paralela al sistema de justicia que evalúa caso por caso a los 92.000 reos capturados durante el régimen para “hacer una excepción con una gran cantidad de ellos, aunque son culpables”. El mandatario explicó el viernes que la comisión solo beneficiaría a unas 5.000 personas, a pesar de que en un inicio había afirmado que la libertad condicional podría beneficiar a la mitad de los detenidos. Madres como Gladis, sin embargo, ya no saben si la medida —que podría dejar a decenas de miles de reos libres— es una buena noticia o no.

Entre el 18 de abril y el 16 de mayo de 2022, la Policía capturó a Alfredo Aarón Morales Álvarez y a Kevin Francisco Morales Álvarez, los dos hijos de Gladis. “A Alfredo lo agarraron como a las dos de la tarde, a una cuadra de la casa. Había un policía que siempre lo había visto mal y ese día digo yo que se desquitó. Como sabía que tenía el poder. Lo capturó y se lo llevó. Un mes y medio después, se murió”, relata sobre la detención y muerte de uno de sus hijos.

El 27 de junio del mismo año, el cuerpo de Alfredo Morales salió del penal La Esperanza, una cárcel para civiles en El Salvador; es decir, que originalmente no estaba designada para pandilleros. Su cuerpo presentaba señales de tortura, laceraciones en la piel y marcas de asfixia. Meses después de su muerte, su caso fue presentado ante la ONU, según la organización Socorro Jurídico Humanitario. “Yo no lo vi, no lo quise ver, pero mi familia tiene las fotos. Mi hijo fue retorturado”, dice Gladis.

De acuerdo con la madre, quienes torturaron a su hijo hasta la muerte fueron dos policías identificados como Montaña y Tigre. Ambos agentes han sido señalados por torturas por algunos de los pocos reos que han permanecido en La Esperanza y que lograron obtener la libertad durante el régimen. El primero fue identificado como William Ernesto Magaña Rodríguez por el periódico El Faro. El otro hijo de Gladis, Kevin Francisco, tiene audiencia el próximo mes. Su destino se decidirá en uno de los juicios masivos en los que, según abogados consultados por este periódico, se está condenando a todos los procesados.

Al igual que Gladis, otras madres de presos del régimen de excepción consideran que, aunque liberar a los inocentes sería lo justo, en gran medida el daño en la vida de los reclusos y sus familias ya está hecho. Una de ellas es Mirna Urías. La mujer acababa de llegar a su casa el pasado jueves a las cinco de la tarde tras un viaje de 15 horas que repite cada dos semanas para llevarle alimentos y productos de higiene a su hijo y a su esposo, ambos presos bajo el régimen de excepción. “Cada 15 días me levanto a las 2.00 de la mañana, agarro un autobús a las 3.00 que me lleva hasta San Salvador. Ahí voy a dejarle el paquete a mi esposo y después agarro otro autobús para ir a Sonsonate a dejarle el paquete a mi hijo. Es un viaje de todo un día y un gasto de 150 o 200 dólares al mes”, cuenta la mujer.

Merlon Urías y su padre Antonio fueron capturados durante el primer mes del régimen de excepción y, desde entonces, Mirna tiene que trabajar en la siembra de caña, maíz y frijol para poder reunir 200 dólares mensuales y llevar los paquetes de alimentos a las cárceles. Las dudas, sin embargo, se van acabando y cada vez está más segura de lo peor. “Mi esposo tuvo audiencia el 8 de julio y fue condenado a 30 años. Mi hijo espera audiencia el otro mes”, dice. Urías asegura que no tiene claridad sobre la comisión que anunció el presidente, pero cree que, haga lo que haga, el régimen les cambió la vida para siempre. “Su compañera de vida se volvió a acompañar. Ella ahora tiene un niño ya de un año. Cuando salga ya no va a haber nadie que lo esté esperando, solo yo”, explica sobre su hijo.

Las madres consultadas también muestran temor a que, si sus familiares salen de la prisión, lo hagan condenados o cargados de miedo y estigma. “A mí me parece bien tener a mi familia en la casa, pero que no vaya a ser que los saquen para después tenerlos marginados, sin poder salir a la esquina o con miedo de que se los lleven de nuevo, porque así hemos visto que sale la poca gente que ha sido liberada y luego los están volviendo a condenar. Eso así no es vida”, afirma.

Incertidumbre entre los abogados de los presos

Abogados consultados sobre la medida de Bukele afirmaron que ninguno ha sido notificado sobre la existencia de una comisión evaluadora. “Simplemente porque eso no existe en la ley actual”, dijo uno de ellos. Según los juristas, los únicos actores que pueden intervenir en un proceso judicial de este tipo son la Fiscalía, los abogados defensores y los jueces. “En este caso lo que vemos es que el presidente se ha atribuido o le ha atribuido a una gente que no sabemos quién es el poder de ser jueces, porque ni siquiera la Fiscalía puede ordenar que liberen a alguien; se lo puede pedir al juez, pero es él quien decide”, señaló uno de los defensores.

“De acuerdo con la legislación actual, un reo solo puede obtener un beneficio penitenciario de ese tipo después de haber cumplido al menos la mitad o dos terceras partes de su condena. Y la pena para los colaboradores es, como mínimo, de 20 años. Pero en este país ya no existe ninguna ley que se respete”, indicó otro de los abogados consultados.

Mientras tanto, las madres y familiares de los reos siguen a la espera, entre la esperanza de que sus seres queridos salgan de prisión y la tristeza de que, al salir, encuentren su vida destruida. “Si mi hijo saliera encontraría su hogar destruido, todo. Yo me separé del papá de ellos. Yo soy madre soltera. Muertes en la familia. Su esposa en otro hogar, sus hijos que no lo van a reconocer… Eso va a ser un impacto duro para mi hijo. Les han destruido media vida”, concluye Marcela Mata, otra madre cuya vida ha sido truncada por el estado de excepción de Nayib Bukele.