La violencia se concentra en el nivel municipal, donde el crimen organizado despliega diversas formas de acoso: la cooptación de partidos y candidatos, el patrocinio de sus campañas, la extorsión y la amenaza, el secuestro, las lesiones y, finalmente, el asesinato. Hace un año, la violencia de la que son objeto los ayuntamientos ocupó la agenda nacional, tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, que había denunciado extorsiones y amenazas de grupos vinculados con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Pero ese crimen, ocurrido el 1 de noviembre del año pasado, en plenas celebraciones del Día de Muertos, no fue un hecho aislado; antes de él, 9 ediles fueron asesinados durante el primer año del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, y después de Manzo, otros tres han caído. Los 13 homicidios de alcaldes en lo que va de la presente Administración continúan una tendencia marcada en México desde el inicio de la llamada “guerra contra el narco”, iniciada por el expresidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. Según datos de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), 47 presidentes municipales fueron asesinados en el sexenio de Calderón (2006-2012) y 42 en el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018). La organización Data Cívica, que tiene un programa especial de monitoreo de la violencia política llamado Votar entre Balas, documentó el asesinato de 23 alcaldes en funciones y tres alcaldes electos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). En total, 128 ediles fueron víctimas de asesinato en 20 años.

De cara a las elecciones de 2027, organizaciones y especialistas han vuelto a prender la alerta, pues los ataques a políticos en campaña se han venido incrementando. En 2018, la Secretaría de Gobernación reportó el asesinato de 34 aspirantes a cargos de elección popular, en un proceso que, por primera vez, registró una alta concurrencia de comicios locales con la elección federal (Presidencia, Senado y Cámara de Diputados). El Instituto Nacional Electoral, por su parte, registró 132 actos violentos ente septiembre de 2017 (inicio formal del proceso) y el 28 de junio de 2018 (el cierre de las campañas). Sin cifras exactas, las autoridades electorales informaron sobre el asesinato de más de 40 aspirantes a cargos de elección popular; en su gran mayoría, en el ámbito municipal.

En las elecciones de 2021, el INE documentó 30 asesinatos de aspirantes (8), precandidatos (11) y candidatos (11); de los cuales, 28 buscaban el cargo de regidor o presidente municipal. En esa elección, la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó una estrategia de protección a candidaturas, luego de admitir que en México opera un “partido de la delincuencia organizada” que impone, coopta, amedrenta o elimina candidaturas para mantener el control territorial. La funcionaria expuso, en una conferencia mañanera en marzo de 2021, el modus operandi de los grupos criminales que, cuando no logran negociar acuerdos, recurren a “la intimidación de candidatos y familiares, la quema de domicilios, la extorsión, el secuestro y el asesinato”. Según dijo Rodríguez, quien pasó a la Secretaría de Gobernación en 2024, luego de comprar o amenazar a los candidatos a alcaldes, la delincuencia les impone a sus directores de la Policía Municipal, Finanzas y Obras Públicas. Pese a la violencia, al final de las elecciones de 2021, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, declaró que “los del crimen organizado se portaron bien”.