Cartografía de los recursos naturales de Argentina y su extranjerización

Cartografía de los recursos naturales de Argentina y su extranjerización

Vista panorámica de San Martín de los Andes, en la Patagonia. Foto Pedro Suarez / Alamy Stock Photo (Alamy Stock Photo)

• Un grupo de académicos creó el Observatorio de Tierras, un espacio virtual que mapea las problemáticas actuales y pasadas alrededor de las tierras rurales en el país

“La Ley de Tierras Rurales nunca impidió que quienes vienen de buena voluntad puedan trabajar y habitar nuestro suelo. Lo que establece es un límite a la titularidad extranjera de tierras rurales del 15%, se trata de defender la soberanía sobre el territorio argentino”, explica Matías Oberlín, historiador e investigador de la Universidad de Buenos Aires, quien junto con Pablo Volkind, también historiador, y un puñado de investigadores académicos de diversas disciplinas armaron el Observatorio de la Tierras. Un espacio virtual que mapea las problemáticas actuales y pasadas alrededor de las tierras rurales de Argentina.

La iniciativa surgió cuando en diciembre del 2025, el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que el Ejecutivo promovería la liberación de compras de tierras rurales. “Nos dimos cuenta que el debate por la soberanía de nuestros recursos era un tema de agenda política recurrente. Quisimos que la sociedad pudiera acceder de una manera sencilla y contundente a la información que nosotros teníamos” explican. Fue así como este grupo de investigadores, empezó a cruzar datos de catastros históricos, registros censales e investigaciones académicas.

“Nos preocupaban dos problemáticas que son parte de la discusión sobre nuestra soberanía nacional y la distribución de la riqueza: la concentración de la tierra y su extranjerización. Si bien son fenómenos diferentes, en algunos puntos coinciden y generan consecuencias similares en el territorio, como desalojos, desplazamientos de población y corrimiento de la frontera agrícola”.

En un primer relevamiento, identificaron que en 36 departamentos del país la proporción de tierras rurales en manos extranjeras supera el límite del 15% y cuatro de ellos, el 50%. Entre los principales países de origen del capital extranjero, destacan Estados Unidos, con 2,7 millones de hectáreas; Italia, con 2 millones; y España, con 1,7 millones.

Algunos de los departamentos identificados por el Observatorio de Tierras se encuentran en zonas de especial relevancia por la riqueza de sus recursos naturales y su valor estratégico. Son los casos de Lácar, en el sudoeste de Neuquén, sobre la cordillera de los Andes y junto a la frontera con Chile. En Salta, los departamentos de Molinos y San Carlos se encuentran en los Valles Calchaquíes, una región atravesada por actividades extractivas y proyectos mineros. Más al sur, en la provincia de La Rioja, el departamento General Lamadrid también forma parte de este entramado territorial.

Y trazando una radiografía nacional, los investigadores revelaron que más de 13 millones de hectáreas son tierras que corresponde a capitales extranjeros, el equivalente al 5% de Argentina, concentradas en su mayoría en zonas estratégicas, como áreas de frontera, que cumple una función central sobre la seguridad y defensa nacional, la vera del río Paraná, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos, recursos esenciales para el presente y el futuro de este país Sudamericano.

En Argentina, dos casos emblemáticos de extranjerización de la tierra fueron una referencia clave en el debate que precedió a la sanción de la Ley de Tierras Rurales, en 2011. Desde 1991, la familia Benetton compró alrededor de 900.000 hectáreas en diferentes provincias de la Patagonia argentina; y años más tarde, en 1996, el empresario británico Joe Lewis compró 12.000 hectáreas alrededor del lago Escondido, en la provincia de Río Negro, zona cordillerana de la provincia de Río Negro, limitrofe con Chile.

Operaciones portuarias en el río Paraná.                                         Foto Sebastián López Brach

Por eso la ley —­que no tuvo el objetivo de revertir las compras ya realizadas—­ opera como un freno para la compra de tierras rurales en zonas de frontera y en terrenos que contengan o estén junto a grandes cuerpos de agua permanentes, como lagos y ríos. Esta normativa que regula el acceso a la tierra por capitales extranjeros no es una excepción de Argentina, por el contrario, numerosos países lo hacen.

Proyectos mineros, conflictos territoriales

Con el correr de los meses y ante la presión del Poder Ejecutivo, que impulsó iniciativas para derogar la Ley de Tierras Rurales, el Observatorio de las Tierras fue incorporando información aportada por colegas, estudiantes, activistas ambientales que trabajan en el territorio, periodistas y habitantes de distintas regiones del país.

Estos aportes ampliaron el mapeo original mediante la superposición de capas de información, identificadas con distintos colores, que permiten visualizar los conflictos territoriales actuales y las problemáticas vinculadas con glaciares, parques nacionales, proyectos mineros y comunidades originarias.

“El mapa muestra que las principales reservas de agua dulce coinciden con zonas de fuerte presión extractiva y una importante presencia de capitales extranjeros”, explican ambos historiadores. Además, al incorporar los proyectos mineros al análisis georreferenciado, el patrón se vuelve aún más evidente. “En gran parte de la cordillera argentina se distingue una presión extractiva creciente, particularmente vinculada a la minería metalífera de gran escala (oro, plata, cobre, litio). Muchos de estos proyectos se desarrollan en zonas de alta montaña donde se encuentran glaciares o ambientes periglaciares”, agregan.

Tensiones políticas y sociales

En agosto de 2026, el Gobierno de Milei impulsó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante la presión social, retiró los cambios previstos a las leyes de Tierras Rurales y de Manejo del Fuego. Sin embargo, el Senado dio media sanción al proyecto y mantuvo las medidas para agilizar los desalojos, una normativa que afecta directamente a las comunidades originarias que resisten el avance de proyectos extractivos sobre sus territorios.

Actualmente, el mapa del Observatorio registra más de 50 conflictos territoriales que involucran a comunidades indígenas en ocho provincias argentinas. Muchos siguen abiertos y tienen causas recurrentes: proyectos mineros, en particular de litio y metales; expansión agropecuaria y forestal; desmontes; disputas por la titularidad de las tierras ante la falta de relevamientos territoriales, y presión inmobiliaria sobre territorios comunitarios.

Tras este nuevo revés, el presidente Javier Milei y miembros de su gabinete señalaron que insistirán con la desregulación de la propiedad rural. El Gobierno sostiene que flexibilizar la venta de tierras a capitales extranjeros permitirá atraer inversiones al país. En esa línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los impulsores de la iniciativa, afirmó que derogar la Ley de Tierras Rurales podría generar inversiones cercanas a los 15.000 millones de dólares.

Alrededor de esta disputa, estos últimos días se sumó el máximo tribunal de justicia, trayendo el pasado al presente. Cuando en diciembre del 2023, apenas asumió Javier Milei como presidente, presentó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para desregular la economía argentina. Entre sus más de 300 reformas, incluyó la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Ese fue el primer intento del Gobierno de eliminar esta normativa. En esa instancia el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), presentó un amparo judicial para frenar la derogación. Sin embargo, la Corte Suprema, el pasado 29 de septiembre, revocó el fallo argumentando que no era una organización legítima para presentar una demanda. Frente a una nueva presión política y social, el 9 de octubre la Corte Suprema falló en sentido contrario y dispuso suspender los efectos del artículo 154 del DNU que deroga la Ley de Tierras.

Hoy, la discusión política, social y económica en Argentina pone en primer plano dos formas distintas de entender la soberanía nacional: una que apuesta por regular y proteger los recursos naturales para resguardar el presente y garantizar el futuro, y otra que prioriza la apertura del mercado y la explotación de esos recursos, con el riesgo de profundizar la crisis climática y comprometer bienes naturales que no pueden recuperarse una vez destruidos.