Congresistas demócratas amenazan con frenar la alianza militar de Trump con Noboa “por el deterioro democrático en Ecuador”
Congresistas demócratas amenazan con frenar la alianza militar de Trump con Noboa “por el deterioro democrático en Ecuador”
Fuerzas armadas de Ecuador en un operativo contra el narcotráfico, en el barrio La Lucha de los Pobres, Quito, el 14 de octubre. Foto Karen Toro (REUTERS)
- Legisladores estadounidenses advierten a Trump que “si no pone fin a su complicidad en las acciones autoritarias de Noboa, el Congreso utilizará las herramientas a su disposición para obligar a un cambio de política”
Trece congresistas demócratas de Estados Unidos han exigido en una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, que suspenda de inmediato toda la asistencia y cooperación de seguridad con Ecuador.
La petición incluye las operaciones militares que se realizan en este país, hasta que se restablezca la democracia y el Estado de derecho, según el documento. La carta enviada al jefe de la diplomacia estadounidense contiene, además, una advertencia: si la Administración de Donald Trump no cambia su política hacia el Gobierno de Daniel Noboa, el Congreso utilizará sus facultades para forzar una ruptura de la cooperación militar.
Los legisladores plantean bloquear las ventas de armas a Ecuador, suspender cualquier asistencia estadounidense en materia de seguridad, prohibir el uso de fondos aprobados por el Congreso para operaciones militares e investigar la participación de Estados Unidos en abusos contra civiles en operativos a una finca en la frontera norte de Ecuador y bombardeos a embarcaciones pesqueras. “Si su Administración no pone fin a su complicidad en las acciones autoritarias del Gobierno de Noboa, el Congreso utilizará las herramientas a su disposición para obligar a un cambio de política”, escriben los congresistas.
La carta la firman Jesús Chuy García, Jonathan Jackson y Greg Casar junto a Jasmine Crockett, Delia Ramirez, Jan Schakowsky, Rashida Tlaib, Adelita Grijalva, Nydia Velázquez, Summer Lee, Hank Johnson, Eleanor Holmes Norton y Ro Khanna. Los congresistas denuncian un deterioro democrático en Ecuador y cuestionan que Washington profundice su alianza militar con un Gobierno al que acusan de perseguir adversarios políticos, debilitar la independencia judicial y restringir las libertades civiles.
Los congresistas señalan como primer punto la detención y encarcelamiento de Luisa González, excandidata presidencial y dirigente del partido de oposición Revolución Ciudadana. Este es uno de los episodios más recientes de lo que describen como “una ofensiva contra la oposición” en Ecuador. González fue arrestada el 22 de octubre por una investigación fiscal por presuntas irregularidades financieras durante su campaña presidencial de 2023. También hay una orden de arresto contra su compañero de fórmula, Andrés Arauz.
Simpatizantes de Luisa González protestan frente a la Unidad de Flagrancia en Quito, el 22 de octubre. Foto José Jácome (EFE)
Las acusaciones contra González fueron expuestas públicamente por el secretario de la Administración de la Presidencia, José Julio Neira, en un video difundido en redes sociales, mientras la excandidata y su defensa estaban en la audiencia de formulación de cargos, conociendo los elementos de la acusación.
Para los legisladores estadounidenses, ese elemento suscita serias preocupaciones sobre la separación de poderes y la independencia judicial. Los congresistas también cuestionan el papel del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, a quien consideran un “aliado de Noboa”. Sostienen que ha actuado para proteger al presidente y sus aliados mientras impulsa procesos contra figuras de la oposición.
La misiva recoge también los allanamientos a las oficinas del alcalde Quito, Pabel Muñoz, y la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, apresado en una cárcel de máxima seguridad inspirado en el CECOT de Nayib Bukele desde febrero de 2026, sin una sentencia en firme. Los legisladores consideran que estos casos evidencian una “ofensiva más amplia contra la oposición de Noboa, tanto de izquierda como de derecha, en vísperas de las elecciones de noviembre”.
“Tenemos muchas otras preocupaciones respecto a los ataques abiertos del Gobierno de Noboa contra la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Ecuador”, alertan los congresistas. Otro de los argumentos centrales de estos legisladores para exigir la suspensión de la asistencia estadounidense son las operaciones militares conjuntas y los ataques aéreos contra embarcaciones en el Pacífico.
La carta señala que Estados Unidos ha proporcionado al país sudamericano decenas de millones de dólares en equipos y entrenamiento militar, además de participar en operaciones conjuntas, sin que eso se refleje en los resultados. “No hay pruebas de que la presidencia de Noboa o sus operaciones con el Gobierno estadounidense hayan reducido de manera significativa el narcotráfico”, explica la carta. “Las tasas de homicidio han seguido aumentando y Ecuador continúa siendo uno de los países más violentos del mundo”, agrega.
La exigencia llega cuando Ecuador cumple mil días bajo estado de excepción desde el inicio del Gobierno de Noboa. Durante 2026, el Ejecutivo ha decretado cuatro toques de queda para facilitar operaciones conjuntas con Estados Unidos en territorio ecuatoriano. Sin embargo, la escalada militar no ha conseguido revertir la violencia: en el país asesinan a 23 personas cada día y las proyecciones apuntan a que el año podría cerrar con cerca de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Manifestantes con una imagen de Daniel Noboa, en una marcha contra el gobierno, en Quito, el 8 de octubre. Foto Karen Toro (REUTERS)
Los legisladores también cuestionan los ataques aéreos contra embarcaciones pesqueras realizados en cooperación con las autoridades ecuatorianas, que constituyen “ejecuciones ilegales y extrajudiciales”, condena la carta. En Ecuador, los operativos contra embarcaciones pesqueras han afectado a más de un centenar de pescadores. Los tripulantes han sido detenidos y señalados de presuntos vínculos con actividades ilícitas, aunque la justicia ecuatoriana ha declarado inocentes a todos los pescadores por falta de pruebas que acrediten su participación en delitos.
La carta no se limita a cuestionar la legalidad de las operaciones. Los congresistas sostienen que la Administración Trump ha estrechado sus vínculos de seguridad con Noboa sin exigir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos atribuidas a las fuerzas de seguridad ecuatorianas, que “incluye torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y abusos sexuales en cárceles de mujeres”. También señala la presión gubernamental sobre los tribunales, los ataques sistemáticos contra la libertad de prensa y la prolongación del estado de excepción.
Estados Unidos y Ecuador han suscrito 123 acuerdos entre 2018 y 2026, según ha documentado el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la Universidad Central de Quito. El 55% de esos compromisos fueron firmados durante el gobierno de Daniel Noboa. La mayoría están relacionados con la política de seguridad, que tras la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024, sirvió de catalizador para consolidar la relación con Washington.
La carta recuerda las declaraciones de Rubio en Ecuador cuando describió al presidente ecuatoriano como alguien que estaba “haciendo un trabajo increíble”. Para los congresistas, esa cercanía compromete a Estados Unidos con las acciones del Gobierno de Noboa, que “está consolidando rápidamente su control autoritario del poder”.
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