La decisión de la OPP de no implantar cargos por asesinato contra una víctima de allanamiento de morada supone una advertencia para el mundo delictivo

La decisión de la OPP de no implantar cargos por asesinato contra una víctima de allanamiento de morada supone una advertencia para el mundo delictivo

Tres miembros de una familia recibieron disparos y otros dos fueron golpeados con un martillo durante una irrupción en una vivienda —ocurrida a primera hora de la mañana— en Hyde Park Circle, en la exclusiva zona de Bridle Path, en North York. Foto: JACK BOLAND / TORONTO SUN

• Las cosas están cambiando en Ontario; incluso Doug Ford ha abogado por leyes que permitan a los ciudadanos defender su hogar y a sus familias frente a intrusos.

Por Joe Warmington

La Policía Provincial de Ontario (OPP) ha decidido no presentar cargos contra un hombre que abatió a tiros a dos jóvenes hampones que, irrumpieron en su domicilio cerca de Cornwall el año pasado.

Los delincuentes saben lo que esto significa: ya no tienen ventaja y podrían terminar perdiendo la vida. El mensaje para quienes irrumpen en hogares ajenos es claro y contundente: entren bajo su propia responsabilidad, porque ahora el sistema legal respalda a las víctimas.

Ya no estamos en una provincia donde solo los delincuentes pueden tener armas.

Si alguien muere a manos de una persona que se defendía en su propio hogar, no cabe esperar que la policía o la fiscalía presenten automáticamente cargos por asesinato, dejando que sean los tribunales quienes decidan. Las cosas han cambiado, y para mejor.

Se acabó el ser un blanco fácil dentro de tu propia casa. En Ontario, Doug Ford envía un mensaje a los delincuentes: piénsenlo dos veces antes de irrumpir en una vivienda.

Que la policía no impute a quien defiende su hogar marca un punto de inflexión.
Por otro lado, los titulares de los medios pueden interpretarse de distintas maneras. Un artículo publicado esta semana por CTV ofrece un ejemplo perfecto: «Se presentan cargos relacionados con armas de fuego contra un residente tras un allanamiento de morada mortal en South Glengarry, Ontario».

Quienes defienden el derecho a la autodefensa podrían haber pensado: «Ahí está el Estado intervencionista, acusando a alguien por proteger a su familia». Sin embargo, quienes conocen la historia de la autodefensa entienden que, aunque el hombre fue detenido por infracciones relacionadas con armas, no se le imputó el homicidio de los dos delincuentes que murieron a tiros.

Los delincuentes, por su parte, han comprendido que el sistema no considera a los intrusos —Eddie Alobhouet, de 19 años, y Tristan Simard, de 18, ambos de Saint-Jérôme, Quebec— como «víctimas de asesinato». La policía considera que sus muertes, ocurridas en una vivienda de South Glengarry el 2 de febrero de 2025, fueron el resultado de un acto de autodefensa. Esto supone un avance importante.

Lo que está sujeto a debate es el hecho de que la OPP haya imputado al propietario de la vivienda por delitos relacionados con armas de fuego.

Ozric Blanchard, de 31 años, ha sido acusado de cuatro cargos por almacenamiento negligente de armas de fuego, armas, dispositivos prohibidos o munición; dos cargos por posesión no autorizada de un arma de fuego prohibida o restringida; posesión de un dispositivo prohibido o munición; conocimiento de la posesión no autorizada de un arma de fuego; y posesión de un arma de fuego prohibida o restringida junto con munición.

Pero eso es todo.

«Cabe señalar que al propietario de la vivienda (quien efectuó los disparos) no se le ha acusado de asesinato, intento de asesinato ni de nada relacionado con el acto de legítima defensa», afirmó Tracey Wilson, vicepresidente de relaciones públicas de la Coalición Canadiense por los Derechos de las Armas de Fuego (CCFR, por sus siglas en inglés). «Los cargos se refieren exclusivamente al almacenamiento y la posesión de las armas».

Aunque algunos podrían interpretar esto como una forma indirecta de imputar cargos penales a esta persona, Wilson no comparte esa opinión. Sostiene que, si se hubiera tratado de uno de sus afiliados —alguien que contara con las medidas de almacenamiento adecuadas, las licencias legales pertinentes y toda la documentación en regla—, no se habría presentado cargo alguno.

«La conclusión es que no se le ha acusado por haberse defendido, sino porque (presuntamente) poseía esas armas de fuego de manera ilegal», señaló Wilson.

Este asunto ha pasado desapercibido esta semana.