De los espías del DAS a los de la DNI: Colombia recicla sus escándalos de inteligencia

De los espías del DAS a los de la DNI: Colombia recicla sus escándalos de inteligencia

Gustavo Petro durante la ceremonia con motivo del 133.º aniversario de la Policía Nacional de Colombia, en Bogotá, Colombia, el 1 de noviembre de 2024. Foto Fernando Vergara (AP)

• Un informe reservado de la Dirección Nacional de Inteligencia revela planes del Gobierno Petro para vigilar a expresidentes e interferir en las elecciones

Cada gobierno colombiano parece heredar la sospecha de haber usado el espionaje del Estado en contra de sus adversarios.

El primer informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de la administración de Abelardo de la Espriella ha revelado varias irregularidades en esa agencia estatal. Un informe de Noticias Caracol esta semana revela que hay denuncias que apuntan a que en el Gobierno Petro hubo intentos de interceptar a expresidentes de oposición, planes para desestabilizar la Registraduría en elecciones y un hacker con poder en la entidad que tenía una orden de captura en su contra. Petro aún no se ha pronunciado ante los señalamientos, y lo contenido en el informe aún no ha sido confirmado de forma independiente.

Según el documento de 26 páginas, el nuevo Gobierno tiene indicios de que en el mandato de Petro se planeó instalar micrófonos y GPS en los vehículos asignados a los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes, una tarea para la que un decreto de este año, el 0563, había dado nuevas funciones a la agencia. El informe menciona además una casa clandestina de inteligencia a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, la sospecha de una infiltración informática atribuida a Rusia y contratos cuestionados, entre ellos compras de drones y de un helicóptero no triuplado cuyas funciones todavía no son claras.

El nombre más llamativo es el de Carlos Andrés Oyola Tovar, un ingeniero de sistemas vinculado a la DNI desde 2024 a quien, según los documentos, se habrían encomendado ataques sistemáticos contra la Registraduría Nacional en plena época electoral y el acceso a bases de datos de otras entidades del Estado. El informe periodístico, sin embargo, no incluye las evidencias de los intentos de atacar el software electoral, pero sí menciona que Oyola fue capturado el pasado viernes 6 de noviembre en Neiva (Huila) en un operativo del Gaula Militar con participación del CTI de la Fiscalía: fue acusado de acceso abusivo a un sistema informático y de fraude procesal por vender títulos universitarios.

No es la primera vez que la inteligencia del Estado está en la mira por sus excesos. Durante el propio Gobierno de Gustavo Petro, la DNI ya había sido mencionada en escándalos. En noviembre de 2025, se conocieron documentos, chats y correos hallados en los computadores de alias Calarcá Córdoba, jefe de una disidencia de las terroristas FARC, en los que aparecía mencionado Wilmar Mejía, entonces director de inteligencia de la DNI. Junto al general Juan Miguel Huertas, Mejía figuraba como supuesto coautor de una propuesta para crear una empresa de seguridad aparentemente legal que permitiría a las disidencias moverse por el país en vehículos blindados y portar armas con permiso, además de esquivar los operativos de las autoridades.

Mejía, que ha negado todo vínculo con Calarcá, renunció en marzo y, pese a la investigación disciplinaria y penal abierta en su contra, fue nombrado por el presidente como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). En abril de este año, Noticias Caracol destapó nuevos audios que, esta vez, involucraban al exdirector de la entidad, Jorge Lemus, con el contrabandista Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo. En unos videos revelados por el canal se escucha a Lemus reunirse con el abogado de Pitufo para ofrecer garantías judiciales. El exdirector asegura que las reuniones fueron oficiales y que él mismo ordenó grabarlas, pero la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria.

Las reacciones no tardaron. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, pidió “una investigación de fondo”; la Contraloría ordenó revisar de forma prioritaria cinco contratos de la DNI por más de 20.783 millones de pesos; y el presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso solicitó información oficial. El Pacto Histórico, el partido de Petro, habla de un ataque político contra la izquierda, y un funcionario del Gobierno saliente ha reconocido que Oyola tuvo acceso a misiones reservadas, pero ha negado las acusaciones del informe. Petro no se ha pronunciado sobre el escándalo.

Durante el gobierno pasado, Petro dejó la DNI en manos de antiguos compañeros del M-19, la guerrilla de la que se desmovilizó en los noventa. El primer director fue Manuel Alberto Casanova, un filósofo que salió pronto del cargo, en medio de señalamientos por presiones a oficiales para lograr ascensos, y a quien el Gobierno recompensó después con un puesto diplomático en Alemania. Lo relevó Carlos Ramón González, que venía de dirigir el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y que renunció en julio de 2024 al ser vinculado al escándalo de corrupción más grande de ese Gobierno.

Después llegó Jorge Lemus, abogado que trabajaba con Petro desde la Alcaldía de Bogotá y que acabó salpicado por el caso de Papá Pitufo, uno de los contrabandistas más grandes del país. Y el último fue René Guarín, el perfil más bajo de los demás directores, un ingeniero informático y viejo compañero de Petro. El único que salió sin escándalos de la entidad. Con la llegada de Abelardo de la Espriella, el mando pasó a manos de un militar: el general retirado Jorge Zuluaga, uno de los artífices de la Operación Jaque.

Una fuente de la entidad, que ha pedido la reserva de su identidad, advierte que varias de las denuncias reveladas por el noticiero ya habían sido puestas en conocimiento de la Fiscalía, desde marzo de 2026. Otras acusaciones, como las del intento por injerir en las elecciones presidenciales a través del software de la Registraduría, aparecieron en el radar con el nuevo Gobierno, pero por ahora los informes no acreditan pruebas de ello.

20 años de “chuzadas”

El episodio más oscuro de la inteligencia del Estado, hasta ahora, se llamó DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Durante el Gobierno de Álvaro Uribe, el servicio de inteligencia que dependía de la Presidencia -la entidad que antecedió a la DNI, justamente- interceptó y siguió a magistrados de la Corte Suprema, políticos de oposición, periodistas y miembros de organizaciones de derechos humanos. Una veintena de exfuncionarios fueron condenados y más de 60 resultaron señalados de dar órdenes para hacer seguimientos ilegales. Entre las víctimas estuvo Gustavo Petro mientras fue senador.

En 2011, el presidente Juan Manuel Santos liquidó el DAS tras 58 años de existencia, en medio de los escándalos, y creó la DNI en su lugar para reemplazarlo. Pero el fantasma no se fue. En 2020, la revista Semana reveló que la inteligencia militar había perfilado a más de 130 periodistas, políticos, sindicalistas, defensores de derechos humanos y otras figuras públicas, en lo que llamó las “Carpetas Secretas”. El Gobierno de Iván Duque dijo que no iba a tolerar a quienes “deshonran el uniforme”.

Y en septiembre de 2024, ya con Petro en la Casa de Nariño, el mandatario afirmó que bajo el Gobierno pasado se había comprado el software israelí Pegasus, un programa capaz de infiltrar teléfonos celulares y que, según el exmandatario, la Dirección de Inteligencia de la Policía pagó en 2021 con 11 millones de dólares en efectivo para espiar a la oposición y a líderes del estallido social. Estados Unidos, por su parte, dijo que financió la compra de Pegasus para operaciones antinarcóticos, sin conocimiento de Duque, y que se dejó de usar en 2022. Nunca se supo en manos de quién está el software espía más sofisticado del mundo.

Ese mismo año, el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez advirtió que sus comunicaciones y las de sus auxiliares podrían estar siendo interceptadas por organismos de inteligencia del Estado. La Fiscalía abrió una investigación y, de forma preliminar, no encontró que el celular de Ibáñez hubiera sido interceptado. Hasta ahora, esas denuncias no han mostrado responsabilidad alguna. Pero con cada nueva revelación sobre el uso del organismo de inteligencia del Estado más poderoso -y reservado- que tiene Colombia, el fantasma de la vigilancia a la oposición vuelve a asomarse.