Trump obstaculiza la supervisión de contratos por un Congreso controlado por los demócratas
Trump obstaculiza la supervisión de contratos por un Congreso controlado por los demócratas

- El energúmeno se prepara para afrontar las investigaciones que los legisladores emprenderán sobre los supuestos abusos y corrupción de su Gobierno
Trump ha ordenado a los contratistas y subcontratistas federales que consulten con la Casa Blanca sobre las solicitudes de información que reciban del Congreso. Según una orden ejecutiva publicada este viernes, las empresas que firmen contratos con alguna agencia federal deben coordinar con la Administración “las respuestas adecuadas” que darán ante los legisladores en caso de que sean citados para declarar. La Casa Blanca advierte que, en caso de incumplimiento, los contratos podrían ser rescindidos y la posibilidad de realizar futuros trabajos para el gobierno federal, suspendida.
Es la última medida de Trump para evitar las investigaciones que se avecinan con el nuevo Congreso, que tendrá mayoría demócrata gracias a la abrumadora derrota que sufrió el Partido Republicano en las midterms, celebradas el 3 de noviembre.
“La capacidad del Congreso para solicitar información al poder ejecutivo es limitada”, señala la orden. “No puede solicitar información a los departamentos y agencias del poder ejecutivo, a sus empleados ni a los contratistas federales sin un propósito legislativo válido que no interfiera en las funciones esenciales del poder ejecutivo”, agrega.
Los demócratas ya han avisado que tienen intención de supervisar e investigar los contratos gubernamentales de la Administración, señalando que fondos federales han ido a parar a empresas vinculadas a la familia de Trump.
La orden ejecutiva hace referencia al “privilegio ejecutivo”, para evitar la difusión de información confidencial. “Proteger esta información contra una divulgación no autorizada —incluso ante miembros del Congreso— resulta vital para el funcionamiento del poder ejecutivo”, recoge el decreto.
No queda claro si la orden afectará las condiciones de contratos ya vigentes o si añadirá requisitos que no han sido autorizados por el Congreso.
Un día después de conocerse que el Partido Demócrata arrebató la mayoría al Partido Republicano en las dos Cámaras legislativas, el representante por California Robert García, les avisó: “Busquen abogados”. García asumirá en enero la presidencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
La Administración respondió amenazando con iniciar investigaciones contra los demócratas sobre los motivos de sus pesquisas, según una carta que Will Scharf, asesor legal de la Casa Blanca, envió a García. Éste envió esta semana misivas a miembros de la familia de Trump y a altos funcionarios de la Administración, instándoles a preservar documentos.
Scharf intentó desestimar estas peticiones, señalando que los legisladores demócratas que, al no ostentar aún la mayoría, carecen de autoridad para exigir su cumplimiento. Asimismo, emitió una directriz a los funcionarios federales, señalando que no pueden testificar ante el Congreso sin la aprobación de la Casa Blanca.
Las nuevas directrices de la Casa Blanca podrían entrar en conflicto con la legislación que garantiza a los denunciantes el derecho a dirigirse al Congreso para informar sobre presuntos casos de despilfarro, fraude o abuso, sin temor a sufrir represalias.
En respuesta a la orden ejecutiva del viernes, García señaló que forma parte de un “ataque flagrante” por parte de la Administración contra el derecho constitucional del Congreso de ejercer labores de supervisión. Aseguró que, a pesar de los intentos por obstaculizar las investigaciones, “esto no ha hecho más que empezar”.
Además de las revisiones de contratos comerciales que han beneficiado a la familia del presidente, los demócratas han prometido indagar en cuestiones como la denegación de subvenciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a Estados gobernados por demócratas, los abusos de la política migratoria y la gestión de los expedientes relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el millonario que regentaba una red de pederastia en la que participaron famosos, altos ejecutivos y políticos.

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