Reflexiones sobre la libertad de prensa

Reflexiones sobre la libertad de prensa

Lo ocurrido en Ecuador entre su presidente y los medios de comunicación invita a la reflexión sobre el tema de la libertad de prensa en Latinoamérica, conculcado en mil formas por gobiernos, jueces, congresos, mafias de toda índole, ejércitos regulares, guerrillas y paramilitares. Sobre todo en países con conflicto armado interno como Colombia o en naciones en cuyo interior se están dando polarizaciones sociales, económicas y políticas radicales que exacerban los espíritus, como las que están ocurriendo en países como Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua por motivos políticos y sociales; o en México por causas económicas emanadas del narcotráfico.

En los Estados donde esta libertad existe, los ciudadanos pueden enterarse de todo lo que sucede a su alrededor; tanto de lo bueno como de lo malo. Es la libertad que hace posible que se expongan ante los ojos críticos de la opinión pública los abusos y fechorías que, con no poca frecuencia, cometen quienes, habiendo sido escogidos para el servicio público, corrompen el mandato y lo transforman en una abusiva licencia para servirse a sí mismos, para favorecer a sus familiares y allegados y para atropellar a quienes los denuncian. El control político social que ejerce la prensa es incuestionable y necesario. Sin él, todos los desmanes que los medios de comunicación pretenden sacar a luz pública, quedarían irremisiblemente ocultos y se convertirían en una invitación a la comisión de más y peores abusos y a la impunidad.

La libertad de prensa es una manifestación de la libertad de expresión. En esencia, esta es el género y aquella una de sus especies. La existencia de una sin la otra es inconcebible. El presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, expresó en alguna ocasión muy claramente esta verdad cuando dijo que: “La libertad de expresión incluye una defensa incondicional de la libertad de prensa, aunque va más allá de ésta. El concepto abarca, en efecto, mucho más, incluyendo la libertad de información y el derecho a la investigación y a la reflexión independiente. Más que nada, engloba el derecho inalienable a vivir en una sociedad regida por la búsqueda de la verdad a través de un debate público libre e informado. Es éste el núcleo de la democracia, y, una vez instaurada la idea de la libertad como un todo indivisible, nos resultará claro que las amenazas a la libertad de expresión representan amenazas a la libertad humana en todas sus facetas”.

La libertad de expresión es entonces un derecho fundamental del ser humano que la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas consagra y lo hace extensivo a todos los ciudadanos y gobiernos al señalar, como lo expresan todas las constituciones y jurisprudencias de los países más avanzados, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección. Es por eso que ninguna ley o jurisprudencia así sea de carácter penal, puede transgredir la norma superior, so pena de violar un derecho humano fundamental.

La tendencia universal de la justicia es la de cumplir preferencialmente la normatividad internacional, sintetizada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita el 10 de diciembre de 1948, que reza: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”.

Mientras el mundo entero ve cada vez con mayor claridad que la libertad de expresión es indispensable para el ejercicio de la democracia y de cualquier otra libertad, en aquellos países de América Latina se dan pasos hacia el oscurantismo del pasado con interpretaciones lesivas de la libertad de prensa y por ende de la libertad de expresión, que tienen como propósito favorecer los abusos del poder y permitir que tales abusos queden ocultos a la sombra del mismo.

Valorando la importancia que tiene la libertad irrestricta de prensa para la construcción de la democracia, el exprimer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, afirmaba que: “Una prensa libre puede a veces incomodar a los políticos y a los jueces a través de lo que se publica, despertándoles sentimientos de persecución e interpretaciones erradas de la ley. Pero no por algunas incomodidades pasajeras, o incluso indignaciones justificadas, debemos perder de vista su función vital para la salud y la protección de la democracia, que hace imperativo que se la proteja en lugar de pateársele el trasero”.

El mensaje de alguna muy singular jurisprudencia ecuatoriana y venezolana, en cambio, pretende entronizar, sin asidero en argumento científico alguno, la tesis de que la legislación penal internacional en materia de derecho de opinión y de expresión no existe para ellos y que la de sus propios países debe interpretarse en forma restrictiva respecto de la libertad de prensa, cuando atenta contra la majestad y dignidad del Estado que representa el presidente de la República, a quien deifican al punto de confundirlo con el propio Estado, como en la época de la más radical monarquía francesa, que para magnificar y hacer intocable al soberano recién nacido (Luis XIV) pusieron en su boca la expresión “L’État, c’est moi” (“El Estado, Soy yo”) que él mismo, a la hora de su muerte, rectificaría con otra más expresiva y realmente auténtica: «Je m’en vais, mais l’État demeurera toujours» («Me marcho, pero el Estado siempre permanecerá»).

América Latina tiene estadísticas terroríficas que indican que es aquí donde recientemente se tienen los más elevados índices de “delitos de opinión” cometidos no solo por agentes del Estado sino por organizaciones delictuales, con características variadas, no solo reprimiendo y constriñendo la libre opinión y expresión sino el asesinato, el enjuiciamiento y ajusticiamiento extra procesal de los comunicadores con un perverso trasfondo de prevaricación administrativa y judicial que da grima, que ni siquiera nos atrevemos a mencionar puntualmente, no vaya a ser que seamos una víctima más de la depredación del ser humano.

Muertes de colegas periodistas, chantajes, secuestros y extorsiones por todas las latitudes del continente, todo porque se han emitido opiniones que no han satisfecho los deseos de algunos prepotentes de moda, o porque no han asumido la defensa de determinados intereses torticeros; y que, además, las supuestas “víctimas” del ejercicio de la libertad de prensa no utilizan o no les satisface la aplicación del derecho de “rectificación”, no obstante esté adoptado en la normatividad internacional y en algunas legislaciones nacionales como regla de oro en el trámite de este tipo de conflictos.

La orden de la izquierda comunista en Latinoamérica es “Guerra a muerte a los dueños de medios” porque no han admitido que la mediocridad disfrazada de periodismo invada de “basura dialéctica marxista” la mente de los ciudadanos, o porque han mantenido una actitud digna y principios enhiestos frente al dinero corruptor y a la propia amenaza a la vida y a la integridad personal.

Sin embargo, algo han logrado estos “neo-bolcheviques”, dueños transitorios del poder. Han reclutado a seudo periodistas que los ensalcen y alaben diariamente, a cambio de denarios que deberían estar cumpliendo una auténtica función social en los crecientes sectores pobres de sus países. Han presionado para que cierren los medios de comunicación que no se han plegado a sus intereses y despotrican a menudo a micrófono y editorial abiertos de los ciudadanos que no han entregado su dignidad a mezquinas y oscuras manipulaciones y, finalmente, andan pretendiendo que jueces y magistrados le “tuerzan el pescuezo a la ley” para que inventen delitos y trasgresiones criminales, con el fin protervo de regresar a la era de las cavernas de los “delitos y contravenciones de opinión”, que tanto degustaron las dictaduras y autoritarismos de todos los pelambres en diferentes épocas de la historia.

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