Colombia: Infierno o primavera

Colombia: Infierno o primavera

Traté de encontrar un tema internacional que tranquilizara el espíritu, que contribuyera a la paz y el sosiego público pero encontré que pocos, muy pocos, tenían este ingrediente de armonía y concordia que pretende la gente con ansiedad, en medio de un mundo convulsionado por la violencia del hombre y de la naturaleza. Uno busca, por ejemplo, en los titulares de los diarios las noticias más relevantes, alguna que produzca calma y reposo interior y lo que encuentra es que una de cada diez contribuye a ese objetivo y nueve de ellas exasperan, enturbiando las sensaciones positivas que aquella pudo producirnos.

Todos los días, cada minuto que pasa, cada segundo que transcurre, ocurre un hecho que en lugar de dar tranquilidad a la humanidad la exacerba y preocupa por sus contornos trágicos, su naturaleza criminal o su finalidad perversa. Puede ser incluso que un tercio de la humanidad, con talante morboso, busque a diario este tipo de noticias para solazar su espíritu porque ya se contagió de esta especie de pandemia social, contra la cual no todos estamos vacunados, pero lo cierto es que la gran mayoría de la humanidad está asqueada de tanta indolencia del hombre consigo mismo y con la naturaleza.

Hay, sin embargo, países como Colombia, que en el reparto de los sufrimientos y dolencias, parece haber tenido el deshonroso privilegio de haber contado con los mayores y más despiadados episodios de este tipo en el último medio siglo, tanto en afectación a sus micro-ecosistemas por efecto de cambios climáticos como por razón de la guerra sucia promovida por la subversión guerrillera desde principios de los años 60, continuada con la acción cruel e inhumana del paramilitarismo en las dos últimas décadas y la actitud complaciente -con estos últimos- de algunos militares del ejército colombiano, todo en el marco del negocio del narcotráfico que invadió todas las esferas públicas y privadas del país hasta finales de la década del 90.

Son inenarrables los actos de barbarie en que han incurrido todos ellos en este atormentado país, que lo han puesto al límite de la inviabilidad, a miles de familias las ha llevado al borde del abismo del infierno y a la gran mayoría de la población la ha sumido en desesperanza y pesimismo. Nadie cree en nadie, todos dudan de todos y si todavía hay gente para la democracia, es por la necesidad de supervivencia, pero sin mucha convicción.

Nadie cree en la guerrilla porque la ven destruyendo escuelas y hospitales, derruyendo puentes y dinamitando carreteras, caminos y casas campesinas, porque la han visto traficando con estupefacientes, masacrando a pueblos enteros, ajusticiando a líderes campesinos de sus desafectos, secuestrando civiles ajenos al conflicto, incorporando en sus filas para la guerra a niños y a menores de edad; porque la han observado despojando indiscriminadamente de sus tierras a campesinos pobres y ricos y desplazando a aquellos al infierno de la miseria, la prostitución y la mendicidad en la ciudad; el pueblo colombiano ha palpado que lo que piensa y cree la guerrilla, instaurar un régimen comunista similar al modelo cubano, no es lo que cree y quiere la inmensa mayoría de la población.

Nadie, salvo una ínfima minoría, terminó creyendo en el “paramilitarismo” como alternativa para combatir la guerrilla, como lo recomendaron asesores norteamericanos y lo promovieron líderes políticos de la derecha a principios de la década del 90, después de desvelarse las atrocidades cometidas por ellos y sus verdaderas intenciones políticas, la forma brutal como atropellaban civiles y fusilaban campesinos, las sanguinarias torturas a que sometían a sus víctimas, la forma violenta como despojaban de sus propiedades rurales y urbanas a los ciudadanos y la manera delincuencial como financiaban sus fechorías a través del narcotráfico.

Tampoco cree el pueblo colombiano en su clase política representada en los congresistas, pues muchos de ellos fueron a dar a la cárcel, precisamente por nexos con los “paramilitares”, algunos de cuyos jefes salpicaron al Presidente de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, de haberlos apoyado y de haber recibido su apoyo en sus dos aspiraciones presidenciales del 2002 y 2006.

Hubo también un momentáneo déficit de simpatía popular hacia las Fuerzas Militares del Estado, la principal fortaleza del régimen, durante el gobierno del mismo AUV, por los controvertidos “falsos positivos”, que consistieron en la ejecución extra-judicial –por militares- de civiles disfrazados de guerrilleros por ellos mismos, como si hubiesen caído en combate, que hacían ciertas unidades de las Fuerzas Armadas; las víctimas eran generalmente gentes de la calle, desempleados o jóvenes atraídos por ofertas de trabajo. Todo esto originado en una estrafalaria directiva ministerial del entonces Ministro de Defensa (noviembre del 2005) abogado Camilo Ospina Bernal, no solo consultada con el Presidente Uribe Vélez sino defendida por este en diferentes foros, que concedía recompensas excepcionales en dinero: i. a civiles que suministrasen información que condujere al recaudo de pruebas o a la captura de guerrilleros; y, ii. a militares que dieren de baja a guerrilleros; figuras que permitieron la organización de verdaderas “mafias de recompensas” y condujeron luego a los “falsos positivos” de que hablamos. Hoy hay miles de soldados y oficiales de bajo y alto rango enjuiciados y docenas de ellos condenados ya por la justicia con cargos de asociación para delinquir y homicidio agravado.

Se deteriora a pasos agigantados la popularidad que tuvo AUV en su gobierno de dos períodos (2002 a 2006 y 2006 a 2010) al destaparse las ollas podridas de: i. “agro ingreso seguro”, una triangulación oficial fraudulenta de recursos públicos (según la Fiscal General de la Nación) destinada a financiar la campaña presidencial de un ex-ministro, ahijado del Presidente de la República, Andrés Felipe Arias, quien ya fue a dar a la cárcel acusado de delitos relacionados con tales cargos; ii. “las chuzadas del DAS”, grupo de delitos de “espionaje telefónico” no autorizado judicialmente que según la misma Fiscal General de la Nación venía cometiéndose en asociación ilícita del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la propia Secretaría General de la Presidencia de la República (cuyas cabezas visibles fueron a dar igualmente a la cárcel, salvo una que logró huir del país y asilarse hasta hoy en Panamá) contra Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, congresistas de la oposición, periodistas y políticos críticos del gobierno; y iii. “se investigan”, según anuncios del propio Presidente Santos y confirmación de la Fiscalía, hechos igualmente delictivos ocurridos durante el gobierno de AUV en cinco agencias más del Estado, cuyos detalles no damos -por ahora- por respeto a la presunción de inocencia.

Y, para rematar, la oposición política representada en el Partido Polo Democrático, que había ganado la Alcaldía de la capital de la República y ofrecía una esperanzadora alternativa de izquierda democrática para el país, se hunde en el oprobio moral ante un escándalo de vasta proporciones de sus principales líderes en la capital de la República: el Alcalde Samuel Moreno Rojas y su hermano el Senador Iván Moreno Rojas, involucrados en un “carrusel de corrupción en contratación de obras” por haber cobrado “coimas” y prebendas para la esposa de este último, como lo calificaron tanto el Procurador General de la República como la Fiscal General de la Nación; lo que tiene a aquellos en la cárcel.

Sin embargo, en medio de este infierno de situaciones que vivimos, los colombianos seguimos buscando la “primavera” de un “Estado Ideal” que parece tampoco vamos a encontrar en Juan Manuel Santos, un “burgués convicto y confeso” que ya nos ha dicho mil veces a lo que aspira: i. a mantener en “statu quo” el modelo económico de crecimiento macroeconómico con desigualdad social; ii. a conservar el “Estado Nacional Centralista” contrariando la voluntad inequívoca de la provincia que desea agruparse en un país de “Regiones Autónomas”; iii. a amparar las viejas estructuras capitalistas de concentración de la riqueza en manos de pequeños círculos burgueses, en lugar de socializar gran parte de la propiedad accionaria de los grandes y medianos consorcios entre sus trabajadores y usuarios; iv. a salvaguardar los privilegios existentes en el país de las multinacionales de la minería en lugar de asociarlas a los pequeños y medianos mineros que por derecho natural de posesión o vecindad deberían tener la prerrogativa de beneficiarse de sus utilidades; v. a continuar permitiendo la exportación de nuestra riqueza natural (petróleo, carbón, madera, metales preciosos, banano, pescado, germoplasmas, etc.) en bruto, en lugar de introducirles valor agregado nacional; vi. a mantener la política de privatizaciones a ultranza de servicios públicos esenciales en su nivel básico, como la salud, la educación, la electrificación, etc., en lugar de atenderlos directamente el Estado como obligación social.

Estas pocas medidas que se hubiesen tomado por JMS habrían bastado para reducir el último bastión dialéctico de la “guerrilla”, que a pesar de su desprestigio e impopularidad, aún respira conceptualmente lanzando dardos ciertos como aquellos de la desigualdad, el centralismo, la concentración de la riqueza, el poder de las multinacionales, el saqueo de nuestras riquezas naturales, las privatizaciones, etc.; temas sobre los cuales muchos comentaristas independientes y demócratas hemos venido insistiendo; y que aún partidos políticos que respaldan en este momento al gobierno tienen consagrados en su plataformas ideológicas pero no se atreven a removerlos por no perder la cuota de poder que se les ha dado o el privilegio de sus Jefes de salir en la foto con el primer mandatario de la Nación, con la expectativa de un Ministerio o de una Embajada.

¿Qué somos, entonces, infierno o primavera; o apenas un otoño triste y deshojado?

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