¿Xenofobia contra latinos?

¿Xenofobia contra latinos?

Dije en una de las redes sociales, a raíz del conflicto con los inmigrantes en Estados Unidos, que “si USA admitiera la verdad histórica de que la pobreza de los países Latinoamericanos se ha debido en gran parte a la explotación colonialista norteamericana que ha extraído irresponsablemente sus recursos naturales para enriquecer la economía nacional del país del norte, apenas estaría pagando -con la legalización de la inmigración- parte de la deuda que tiene con estos pueblos”. Más exactamente, el “coloso del norte” no sería lo que es hoy, si nuestra riqueza natural -expoliada por empresarios “gringos”- no hubiese ido a dar a la construcción de las fortalezas del “imperio norteamericano”.

Ellos, en su soberbia infinita, creen a “pie juntillas” en su superioridad racial, social y política: en que son –sin importar el color de la piel- una sociedad privilegiada por el Creador, diferente por haber nacido entre las fronteras con Canadá al Norte y con México al sur. Allá, tanto el blanco como el negro se sienten descendientes de Júpiter, o sea, del Iuppiter Optimus Maximus Soter (‘Júpiter el mejor, mayor y más sabio’ o Dios patrón de los romanos) encargado de las leyes y del orden social y político del mundo. De aquí se ha desprendido el trato que han dado al resto de sus congéneres, de explotación, imposición y sujeción.

Este talante les ha impulsado a cometer aciertos y errores, uno de los cuales, mayúsculo por cierto, tiene que ver precisamente con el título de este comentario, “¿Xenofobia contra Latinos?”, que preocupa tanto al mundo exterior como a importantes sectores de opinión de ese mismo país, como lo ha venido registrando su órgano periodístico más influyente, The New York Times, hasta el punto de solicitarle públicamente al presidente Obama su intervención directa en el conflictivo tema, generado básicamente por las legislaturas de cinco importantes Estados de la Unión que han usurpado –según el Departamento de Justicia- competencias de regulación de las migraciones, que la Constitución ha asignado al Congreso y al Ejecutivo nacionales.

El problema de las migraciones es universal y de vieja data; millones de seres humanos se han traslado de un país a otro y de un continente a otro debido a causas generalmente idénticas, impulsados por motivaciones endógenas o exógenas, de cuya intensidad han dependido los mayores o menores volúmenes de desplazamientos y refugio. En el orden interno, las movilizaciones han obedecido a conflictos intestinos o exteriores de las naciones de origen, a la pobreza extrema de las familias y a hechos contingentes de la naturaleza; y en el orden externo, a conflagraciones universales o a atractivos académicos, laborales, de calidad de vida o de lazos familiares.

Estados Unidos de América ha sido el país que mayores corrientes inmigratorias ha recibido en la historia de la humanidad debido a circunstancias también bien conocidas, unas aceptadas por su sociedad y otras rechazadas por ella, como está ocurriendo en este momento con los inmigrantes latinos. A raíz de las dos guerras mundiales y de la infinidad de confrontaciones internas y entre naciones europeas o asiáticas, los desplazamientos de emigrantes hacia USA fueron permanentes, para los cuales pocos inconvenientes pusieron las diferentes administraciones, que tuvieron políticas abiertas de inmigración por las necesidades de mano obra calificada y no calificada que demandaron las dos conflagraciones universales y la necesaria industrialización armamentista del país.

Al superar el mundo el “crack económico” que padeció entre 1929 y 1939 y salir victorioso occidente de la segunda guerra mundial, quedó instalado Estados Unidos en la conciencia universal como la gran potencia militar y el mayor imperio industrial de la nueva era que allí comenzaba, lo cual le abrió las puertas de par en par de una Europa y de un Japón destruidos y necesitados de urgente cooperación económica para reconstruirse y de una Latinoamérica, en su mayoría dócil y obsecuente ante el nuevo amo, que igualmente requería de ayuda para su estancado crecimiento económico.

Aquí es donde Estados Unidos incursiona en estos países con toda su capacidad de conquista y penetración militar, económica y política, en Europa y Asia ofreciendo y ejecutando un Plan de Reconstrucción denominado Plan Marshall (oficialmente, European Recovery Program o ERP) que no solo tenía el propósito de restauración física de lo devastado en la segunda guerra mundial sino la finalidad política de detener el avance del comunismo en esa región mediante la instalación de bases militares; y, en Latinoamérica, partiendo del mismo propósito político, militarizando la zona con algo más de una decena de bases militares estratégicamente ubicadas para proteger sus intereses económicos, fortaleciendo la presencia de las empresas norteamericanas, principalmente de minería, madera y en general consagradas a la explotación de recursos naturales renovables y no renovables, que se propusieron explotarlos de manera irracional e inmisericorde, empobreciendo tierras y familias.

Era obvio, entonces, que la brecha del desarrollo entre USA y Latinoamérica se aumentara aún más de lo que estaba, que aquel país se enriqueciera de manera exorbitante a expensas de los recursos que había saqueado a los países del sur del Río Grande y que estos pueblos, desplazados de sus tierras, sin ingresos substitutos, tuviesen que buscar caminos alternativos de reacción y de supervivencia: unos se fueron a la guerrilla en protesta radical impulsada por el comunismo que los servicios secretos americanos no pudieron contener, otros y otras se resignaron a engrosar el ejército de analfabetos, desempleados, pordioseros, prostitutas y delincuentes de campos, ciudades y poblados; y un gran número acudió al refugio en países amigos y haciendo un gran esfuerzo se fueron tras el sueño de una mejor calidad de vida para ellos y sus familias, sobre todo hacia los Estados Unidos, que se ofrecía como el paraíso para trabajar, estudiar y progresar, con todo su opulento crecimiento económico.

No estoy hablando de los delincuentes que se van a resguardar en otro país por eludir un juicio o una pena, ni mucho menos de aquellos que una vez llegaron allá, delinquieron sin justificación alguna. Estos merecen la sanción de los Estados Unidos y de cualquier sociedad o Estado que los albergue, incluida la deportación, siempre y cuando se cumplan los rituales del “debido proceso”.

Coincido también con quienes sostienen que en esto de la emigración hay parte de responsabilidad de las políticas de Estado de los países de origen, en cuanto a que, la baja productividad y competitividad de sus economías ha generado desempleo, empleo informal y baja calidad de vida en los estratos medios y bajos, que los ha impulsado a salir de sus respectivos países; pero si nos detuviésemos a establecer donde están las mayores responsabilidades, nos encontraríamos con que estos fenómenos tienen origen en las políticas monetarias, crediticias, arancelarias, comerciales y en general económicas de los países industrializados encabezados por Estados Unidos, que dolarizaron la economía mundial, monopolizaron y encarecieron el crédito internacional, restringieron los aranceles para los productos de los países de menor desarrollo, cualificaron el comercio para acapararlo; y en general, globalizaron la economía para facilitar el accionar de las empresas multinacionales.

Por todas estas razones y una docena más relacionadas, las economías de los países Latinoamericanos no crecieron lo suficiente como para retener a sus nacionales y estos tuvieron que salir a un centenar de destinos, preferentemente a los Estados Unidos, a donde en su gran mayoría han vinculado su capacidad de trabajo honesto en condiciones precarias por las restricciones del propio gobierno americano; y hoy, son tratados como extranjeros indeseables a quienes hay que expulsar del país, después de encarcelarlos, vejarlos, despedir a sus hijos de las escuelas, negarles la atención hospitalaria a madres gestantes y el derecho a la vivienda a las familias, cuando por derecho natural o derecho de gentes tendrían, por lo menos, el estatus de refugiados bajo la protección del Estado Americano y de Naciones Unidas.

Ya hay características en las legislaciones de los cinco Estados que hasta ahora han emitido actos “xenófobos” que se pueden equiparar con las draconianas decisiones del régimen nazi contra los judíos.

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