El Gobierno quiere destruir los registros de armas
El Gobierno quiere destruir los registros de armas
El proyecto de ley presentado este martes por el ejecutivo conservador en la Cámara de los Comunes, donde goza de mayoría, no solo acabará con la obligación de registrar armas largas de fuego, como rifles o escopetas, sino que eliminará también, sin compartirlos previamente con las provincias, todos los datos recopilados hasta ahora.
El ministro de Seguridad Pública Vic Toews, principal impulsor del proyecto de ley
El Popular. Ottawa.- El Gobierno federal conservador destruirá todos los datos existentes en los registros actuales de armas largas y no los compartirá con las provincias que deseen tener sus propios registros, de acuerdo con el proyecto de ley presentado este martes en la Cámara de los Comunes.
La propuesta de ley, que los conservadores llevaban largo tiempo prometiendo, pondrá fin al requisito legal que tienen actualmente los propietarios de armas de fuego de registrar sus rifles y escopetas, de acuerdo con la ley sobre control de armas introducida tras la masacre de la Escuela Politécnica en 1989.
El proyecto presentado este martes supone un paso más allá con respecto a lo que habían anunciado los tories anteriormente, en su intención de eliminar el registro de armas, después de años de ofrecer “amnistía” a los propietarios que se han negado a cumplir la ley.
La decisión del Gobierno del primer ministro, Stephen Harper, de eliminar los registros supone que los datos dejarán de ser accesibles a la Policía. La información, además, no será transferida a las provincias antes de su eliminación.
El ministro de Seguridad Pública, Vic Toews, principal impulsor del proyecto de ley, calificó la presentación de la iniciativa como “un momento de orgullo” para su partido, y como “la culminación de años de trabajo encaminados a acabar con un registro que ha sido una pérdida de dinero y de recursos”. “El derroche se acabó”, indicó, durante un acto con otros parlamentarios conservadores celebrado en una granja cerca de Ottawa.
Una de las participantes en el acto fue la diputada conservadora Candice Hoeppner, cuyo proyecto de ley personal para eliminar el registro de armas largas estuvo a punto de ser aprobado por el Parlamento, aunque finalmente fue rechazado. “Hoy es un día decisivo para nuestro gobierno”, dijo, añadiendo que el registro obligatorio para los dueños de rifles, escopetas y otras armas largas “ha tratado injustamente como criminales a ciudadanos respetuosos con la ley”.
Hoeppner aseguró que el registro ha costado a las arcas públicas cerca de 2.000 millones de dólares desde que se creó en 1995, y que todo ese dinero podría haberse invertido en tomar medidas más enérgicas contra los criminales, en lugar de contra los cazadores y los agricultores. “El registro de armas largas no es un control de armas, ya que es una medida ineficaz y supone una pérdida del dinero que los contribuyentes ganan tan duramente”, afirmó.
La parlamentaria conservadora, diputada por Manitoba, sostuvo que el registro no es una herramienta valiosa para reducir la delincuencia, y que la mayoría de los homicidios no se cometen con armas largas. Defendió que existe “una idea errónea” de que el registro es una herramienta de prevención, e indicó que “los crímenes han seguido ocurriendo a pesar del registro”.
El Gobierno asegura que se va a mantener el estricto sistema actual de control para las armas de fuego restringidas o prohibidas, y que los controles policiales y los cursos de seguridad siguen siendo necesarios a la hora de comprar armas y municiones, así como para obtener una licencia.
Desde que llegaron al poder en el año 2006, los conservadores han tratado varias veces de eliminar el registro para armas largas, pero nunca lo han conseguido al no haber tenido, hasta ahora, la mayoría parlamentaria. A lo largo de la pasada campaña electoral prometieron que volverían a intentarlo, y no es previsible que esta vez encuentren dificultades, contando con mayoría tanto en la Cámara de los Comunes como en el Senado.
El ministro de Seguridad Pública dejó claro, además, que la intención del Gobierno es que el registro no pueda ser resucitado por ningún otro partido: “No vamos a conservar registros sueltos con los que puedan crear un nuevo registro nacional de armas largas en el caso de que alguna vez tengan la oportunidad de hacerlo”, dijo Toews, quien insistió en que los conservadores “apoyan leyes que se centran en los que cometen delitos, y no en los ciudadanos que respetan la ley”.
La medida fue contestada rápidamente por el NDP, el principal partido de la oposición, que calificó el proyecto de ley de “ideológico”, añadiendo que se trata de “un desperdicio” y que solo va a conseguir sembrar más división entre los ciudadanos.
“La información que contienen los registros actuales es valiosa y útil para la Policía, y este Gobierno quiere destruirla, quemarla”, dijo el crítico de Justicia, Jack Harris. “Se trata de una información que ha costado una fortuna y que se ha recopilado con el dinero de los contribuyentes, de acuerdo con la ley”, agregó.
Tanto Harris como la también diputada del NDP Francoise Boivin rechazaron los argumentos según los cuales el Gobierno está preocupado por la privacidad de las personas incluidas en los registros, e insistieron en que los datos deben ser protegidos y transferidos a provincias como Quebec, que ya ha expresado su deseo de tener su propio registro de armas largas.
“Esta decisión es una bofetada en la cara de Quebec”, dijo Boivin, para quien los conservadores “están tratando el registro de armas como si fuese propiedad de su partido, y no un bien que pertenece a todos los canadienses”. “Es como decir: ‘No nos importa si usted desea utilizar una herramienta por la que han pagado a lo largo de los años todos los canadienses, incluidos los de Quebec. Es nuestra y vamos a hacer con ella lo que queramos, y, como no nos gusta, la vamos a destruir’”.
La Coalición para el Control de Armas emitió un comunicado en el que expresó la consternación de muchos defensores del control de armas ante el nuevo proyecto de ley: “Los conservadores quieren volver atrás en el tiempo, a los días en que cuando la Policía recuperaba una pistola tenía que ir tienda por tienda para averiguar a quién había sido vendida”.
Denis Côté, presidente de la Federación de Policías Municipales de Quebec, indicó por su parte que “sin un registro de armas, el Gobierno deberá volver a establecer el requisito de que los comerciantes mantengan sus propios registros de a quién les venden las armas, y la misma exigencia debe ser impuesta a los propietarios que dan, transfieren o venden sus armas a otras personas. Si el registro no se mantiene a nivel nacional, los datos deben ser transferidos a las provincias, en interés de todos los canadienses”.
El registro de armas largas lleva años siendo objeto de debate en la sociedad canadiense. Quienes desean eliminarlo argumentan que supone una pérdida inútil de dinero y que atenta, además, contra la privacidad de las personas. Quienes están a favor defienden que se trata de una medida importante para la seguridad pública y que ayuda a salvar vidas.
