“Emergencia” en México por corrupción e impunidad
“Emergencia” en México por corrupción e impunidad
Familiares de víctimas del narcotráfico protestan en Sonora contra la violencia, en una imagen de archivo
Efe. Washington.- La inseguridad en México y los niveles de corrupción e impunidad se han convertido en una “emergencia nacional”, denunciaron este jueves una decena de ONG ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune”, lamentó el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), cuyo hijo murió a manos del crimen organizado en marzo.
Sicilia señaló que “el grado de inseguridad es atroz” y el 98 por ciento de los crímenes permanecen impunes; el de su hijo fue resuelto, pero “quizá es el único en los últimos tiempos” porque “la justicia es excepción y la impunidad es la norma”, dijo.
El poeta indicó que en México ha habido más de 50.000 asesinatos, más de 120.000 desplazados y más de 10.000 desaparecidos, según los datos de su organización, en los últimos cinco años.
“Póngale a cada uno de ellos rostro y detrás de ese rostro el de hermanos, un padre y multiplíquenlo” porque ellos son “la realidad del país”, dijo.
Sicilia abogó por cambiar la estrategia de seguridad, “tremendamente violenta, con pocos resultados, diseñada para la seguridad de las instituciones, no de los ciudadanos” que “destina más dinero a armas que al tejido social” y advirtió que “si la seguridad no va a apuntalar el tejido social difícilmente vamos a ir reconstruyendo esto”.
En este sentido, señaló que es necesario tener una procuraduría a la que se dote del presupuesto necesario para “estar a la altura de la emergencia nacional que está viviendo el país”, en la que se dé “voz y voto” a los ciudadanos porque “hay gran corrupción”.
“No sabemos qué partes del Estado están con el crimen, y esto es terrible”, dijo.
Uno de los rostros de los que habló Sicilia fue el de Julia Alonso, madre de Julio, al que lleva buscando “tres años, diez meses y quince días, y como yo hay miles de madres”.
En una emotiva intervención Julia se dirigió a los representantes del Gobierno mexicano, entre los que estaban el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, y el subsecretario de Gobernación, René Zenteno, para preguntarles “qué está pasando enMéxico con las autoridades federales y municipales”.
“Veo caras de representantes de México y quiero preguntarles dónde están los hijos de las miles de madres que estamos llorando por ellos. Tuve que venir hasta Washington para ver si es posible que ustedes puedan ayudarnos (…) porque los queremos de regreso”.
Por su parte, los representantes del Gobierno mexicano aseguraron que la estrategia del presidente, Felipe Calderón, es una política integral “sin precedentes” para fortalecer la seguridad.
Zamora aseguró que la persecución de toda actividad ilícita “ha sido y seguirá siendo una prioridad para el Estado”, así como el combate al crimen y a la impunidad para consolidar las instituciones y “la sana convivencia en sociedad”.
En este sentido señaló que se han hecho “profundas transformaciones” en el sistema de justicia penal y de seguridad pública y en el reclutamiento de la policía federal, con mayores garantías de supervisión.
“Es falso afirmar que en México se ha generado la violencia por la presencia de las fuerzas federales”. Por el contrario, dijo, “están ahí para combatir la violencia que las autoridades locales no han podido combatir”.
Zamora reconoció los retos “que aún existen en el país” pero enfatizó que “la acción del Estado mexicano es consecuencia y no la causa de la violencia” y mostró la disposición de su Gobierno de “plena apertura” a los organismos internacionales y de cooperación.
Los activistas pidieron que el Gobierno cree una comisión nacional de búsqueda, fortalezca planes nacionales de búsqueda y base de datos centralizadas, así como análisis públicos de desapariciones y garantías de protección de las familias de las víctimas y testigos.
La violencia también se ceba en el colectivo de los migrantes que, según denunció en una audiencia anterior Stephanie Brewer, del Centro Prodh, cada año 22.000 “transmigrantes” son secuestrados, sometidos a extorsiones, abusos sexuales e incluso asesinatos por los grupos organizados, que ganan hasta 50 millones de dólares anuales por medio de la industria del secuestro de migrantes.
Zenteno defendió que México encabeza una “férrea lucha” contra el crimen organizado que afecta a los migrantes con reformas en el marco normativo para establecer canales de migración seguros y subrayó la “plena conciencia” de la necesidad de colaborar con las organizaciones de la sociedad civil para su protección.
