La ley de B.C. contra los conductores ebrios, inconstitucional
La ley de B.C. contra los conductores ebrios, inconstitucional
Un conductor sometiéndose a la prueba de alcoholemia para determinar su nivel de alcohol en sangre en la carrera de Surrey, en Columbia Británica, el 24 de septiembre de 2010. Foto: Darryl Dyck / CP
El Popular. Vancouver.- El juez de la Corte Suprema de la Columbia Británica Jon Sigurdson declaró este miércoles que una parte de la nueva ley que pretende endurecer las penas a los conductores que conduzcan bajo los efectos del alcohol es inconstitucional.
En su decisión, publicada el miércoles, el magistrado indica que el gobierno liberal ha ido demasiado lejos en algunas partes de la ley, en las que se vulneran algunos derechos individuales de los conductores.
El juez consideró que la nueva ley viola la Constitución, ya que, de acuerdo con la norma, cuando a un conductor se le hace la prueba de alcoholemia y no la supera por tener un nivel de alcohol en sangre superior al 0,08%, la policía tiene el poder de imponerle un castigo similar a los criminales, sin que el implicado haya tenido la oportunidad de impugnar la decisión.
“La legislación ARP infringe el artículo 8 de la Constitución, porla forma en que trata la prohibición, la sanción y los gastos derivados de los dispositivos de detección que registran un resultado de lectura superior al 0,08%” de alcohol en sangre, dijo Sigurdson quien añadió: “Esta infracción no es un límite razonable que pueda justificarlo en una sociedad libre y democrática”.
Establecida a través de enmiendas a la Ley de Vehículos de Motor (MVA, por sus siglas en inglés), la nueva ley permitía a la policía incautarse de automóviles y aplicar multas de forma inmediata a los conductores que se negaran a someterse a una prueba de aliento, o que en la prueba de alcoholemia igualaran o sobrepasaran el 0,05% de alcohol en sangre.
Los conductores que dieran positivo podían ser sancionados con tres meses de suspensión del carné de conducir y multas de hasta 5.000 dólares; además de asumir los costes de las cuotas de remolque y almacenamiento, entre otros. Por otro lado, también debían apuntarse y costear un caro programa de conducción segura e instalar un dispositivo de alcoholemia en los vehículos que manejaran.
Asimismo, el juez Sigurdson escribió en su decisión que bajo la ley criminal, un conductor tiene un cierto número de protecciones que fueron esencialmente despojadas en la nueva ley creada para los conductores que dan positivo en el test de alcoholemia y cuyo resultado es igual o superior al 0,08 de alcohol en sangre. “Mi conclusión es que este es un problema importante en cuanto a la razonabilidad de la ley” dijo Sigurdson.
La decisión final del tribunal de Columbia Británica puede influenciar y tener repercusiones inmediatas en otras provincias donde se está llevando a cabo el proceso de promulgar una legislación similar.
“Aunque estoy plenamente satisfecho con la importancia del objetivo de reducir los daños causados por conductores ebrios, he encontrado que, en cierto sentido, la legislación impugnada infringe los derechos de los individuos para ser libres de una búsqueda e incautación irrazonables”, escribió el juez de la Corte Suprema de la Columbia Británica.
