La batalla legal sobre la prostitución llega al Supremo
La batalla legal sobre la prostitución llega al Supremo
Sheryl Kiselbach (izq.), que antes trabajaba como prostituta, y la abogada Percy Katrina hablan con los medios de comunicación en mayo de 2009. Kiselbach y una asociación de Vancouver están tratando de presentar un recurso de inconstitucionalidad a las leyes de la prostitución. Foto: Darryl Dyck / CP
El Popular. Ottawa.- Abogados del gobierno federal y un grupo de trabajadoras del sexo de Vancouver se reunieron este jueves en la sede del Tribunal Supremo de Canadá para discutir la validez de un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que rigen actualmente la prostitución.
Desde 2007, la Sociedad de Trabajadores Sexuales de Downton Eastside Unidos contra la Violencia ha estado argumentando que las leyes de Canadá sobre la prostitución violan la Carta de Derechos y Libertades de los ciudadanos.
En concreto, el grupo pretende que se eliminen las leyes que prohíben mantener un prostíbulo, la comunicación con el propósito de la prostitución, y vivir de los beneficios de la prostitución y las adquisiciones.
Pero lo que se discutió este jueves en el Tribunal Supremo no fue tanto si se deben modificar o no estas leyes, como el derecho legal que tienen las trabajadoras del sexo para presentar el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Columbia Británica.
Miembros de la asociación dijeron que estaban orgullosas de estar dialogando ante el más alto tribunal del país y tener la oportunidad de decirles a los jueces lo que piensan las trabajadoras del sexo sobre las supuestas violaciones de los derechos a las que se enfrentan todos los días.
Sheryl Kiselbach, ahora retirada del negocio de la prostitución, fue a Ottawa para estar presente en la audiencia: “Me siento optimista de que los jueces entiendan más sobre estos temas”, declaró.
“Creo que el Gobierno federal está tratando de proteger su legislación. Creo que no han demostrado que estén preocupados por los derechos y la seguridad de los y las trabajadoras del sexo”, se lamentó Katrina Pacey, abogada de la asociación y de Kiselbach.
“El Gobierno federal parece empeñado en mantener las leyes de Canadá de prostitución a pesar de la increíble violencia y violaciones de los derechos que crean”, añadió la abogada.
El Gobierno federal impugnó el caso original antes de que pudiera llegar a la corte de la Columbia Británica e intentó eliminarlo. Asimismo, el Ejecutivo argumentó que los trabajadores del sexo no tienen motivos para poner en marcha una reclamación de la Carta de Derechos y Libertades, porque no se cumplen los requisitos de interés del público.
Ahora es la Corte es quien debe decidir si el caso puede proceder. La prueba legal para la concesión de interés público ante el tribunal implica demostrar que la cuestión es grave, que no hay otra manera razonable o eficaz para presentar el problema, y que los responsables de los casos se ven directamente afectados.
El Tribunal Superior de Justicia de la Columbia Británica estuvo de acuerdo con el Gobierno federal y rechazó en 2008 la apelación de los trabajadores del sexo, quienes defendían que el asunto era de interés público. No obstante, esta decisión fue revocada cuando el grupo hizo una apelación en 2010.
La decisión del Tribunal Supremo de Canadá sobre discutir la validez de un recurso de inconstitucionalidad que hace referencia a las leyes de la prostitución no se conocerá hasta dentro de unos meses.
