El Gobierno endurece la ley contra los ‘falsos refugiados’

El Gobierno endurece la ley contra los ‘falsos refugiados’

El ministro de Inmigración podrá elaborar una lista de países considerados “seguros”, cuyos ciudadanos no podrán apelar si son rechazados. Además, las autoridades podrán tomar huellas dactilares de las personas que pretendan entrar en Canadá con un visado de turista, un permiso de trabajo, o un visado de estudiante.

El ministro de Inmigración, Jason Kenney, quien presentó este jueves el proyecto de ley, señaló que la intención del Gobierno es que la nueva norma sea aprobada a finales de junio

El Popular. Ottawa.- El Gobierno federal conservador introdujo este jueves en la Cámara de los Comunes (Parlamento) un nuevo proyecto de ley con el que pretende disuadir a los “falsos refugiados” que solicitan asilo en Canadá.

La nueva normativa, denominada Ley para la Protección del Sistema de Inmigración Canadiense (Protecting Canada’s Immigration System Act, o Bill C-31), recupera muchas de las disposiciones que los conservadores se vieron obligados a retirar en su anterior intento de reformar el sistema de asilo, en el año 2010, cuando gobernaban en minoría.

El Ejecutivo disfruta ahora de la mayoría parlamentaria, por lo que es probable que la iniciativa acabe saliendo adelante en el Parlamento. El ministro de Inmigración, Jason Kenney, quien presentó este jueves el proyecto de ley, señaló que la intención del Gobierno es que la nueva norma sea aprobada a finales de junio (fecha en la que estaba previsto que entrase en vigor la ley anterior), y que comience aplicarse en el próximo otoño.

“Siendo francos, tenemos que admitir que el sistema canadiense de refugio está roto”, dijo el ministro. “Se están gastando demasiados impuestos en falsos refugiados”, añadió.

La nueva legislación contempla medidas más enérgicas contra los responsables del tráfico de personas, e incluye también la posibilidad de que las autoridades puedan recoger datos biométricos (huellas dactilares, fotos) de las personas que pretendan entrar en Canadá con un visado de turista, un permiso de trabajo, o un visado de estudiante.

En este sentido, Kenney anunció que la obtención de datos biométricos sería introducida de forma gradual a partir del año 2013. En una primera fase afectaría a viajeros de países considerados de alto riesgo, y más adelante se extendería al resto.

Además, la nueva ley otorga al ministro de Inmigración más poder del que tiene actualmente en lo que respecta a la admisión de refugiados, ya que podrá elaborar un listado de los países considerados “seguros” por Canadá, sin tener que consultar a una comisión en la que, bajo la legislación anterior, están incluidos expertos en derechos humanos.

Los reclamantes de asilo que pertenezcan a alguno de los países “seguros” de esta lista y sean rechazados no podrán, como hasta ahora, apelar la decisión ante un comité de la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB, por sus siglas en inglés). Además, estas personas deberán esperar un año para poder solicitar la residencia permanente por motivos humanitarios, y en el transcurso de ese tiempo podrían ser deportados.

Los reclamantes de países “seguros” que sean rechazados podrán solicitar una revisión de su caso por parte del Tribunal Federal, pero ello no implicará una suspensión de la deportación, en el caso de que se haya ordenado, mientras se espera la decisión judicial.

Aumento de solicitantes europeos

“Los canadienses no tienen tolerancia por estos falsos refugiados, incluyendo al número cada vez mayor de solicitantes provenientes de democracias de la Unión Europea”, dijo Kenney.

Canadá recibe más solicitudes de asilo de Europa que de África o Asia, indicó el ministro, quien añadió que un 23 por ciento del total de solicitudes de refugio realizadas el año pasado en Canadá fueron presentadas por ciudadanos de la UE. Kenney indicó que más del 95 por ciento de estas solicitudes han sido retiradas, abandonadas o rechazadas en los últimos años.

Fuentes familiarizadas con el nuevo proyecto de ley señalaron a la cadena pública CBC que el Gobierno se está enfrentando a un gran aumento en las solicitudes de asilo de comunidades gitanas de Europa del Este, y añadieron que entre 2010 y 2011 se duplicaron las procedentes de Hungría, pasando de 2.400 a 4.900. La tasa de aceptación actual de las reclamaciones procedentes de Hungría es de aproximadamente un dos por ciento.

La República Checa se encuentra actualmente entre los países a los que se aplican restricciones en los visados, debido a un flujo similar de personas de etnia gitana.

Mientras, expertos en refugio consultados por la cadena pública expresaron su temor a que la nueva ley ponga en juego la vida de personas que sí son refugiados reales, y criticaron, al igual que lo hizo este jueves el principal partido de la oposición, el NDP, el “excesivo poder” que la normativa otorga al ministro de Inmigración, así como la eliminación del proceso de apelación para los demandantes de países considerados “seguros”.

“Legalmente hablando el concepto de ‘país seguro’ es muy peligroso”, indicó a CBC News Peter Showler, expresidente de la IRB y experto en derecho de los refugiados en la Universidad de Ottawa. “En prácticamente todos los países del mundo hay personas que se encuentran en condiciones de inseguridad. Si el ministro elimina la obligatoriedad de consultar a un comité asesor, existe el peligro de que la lista se elabore de forma arbitraria, o por razones políticas”, añadió.

En este sentido, muchos expertos y afectados están preocupados por la posibilidad de que México, cuyos solicitantes de asilo son aproximadamente el 10 por ciento del total, sea considerado como país “seguro”, pese a la situación de violencia que, sobre todo como consecuencia del narcotráfico, se vive en determinadas zonas de este país.

El nuevo proyecto de ley también podría pretender reducir la cantidad de tiempo que los reclamantes de países “seguros” tienen para presentar su reclamación. En el marco del proyecto de ley aprobado en 2010 disponían de un periodo de 60 días para completar sus créditos (los solicitantes que no figuran en la lista reciben 90 días).