Prefecto ecuatoriano denuncia boicot del gobierno contra marcha de protesta

Prefecto ecuatoriano denuncia boicot del gobierno contra marcha de protesta

EL PANGUI (ECUADOR).- El dirigente indígena campesino Hugo Buelba (i) se pronunció este jueves, antes de iniciar una marcha contra el Gobierno, la explotación minera y petrolera, y por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y los pueblos indígenas en El Pangui, en la provincia amazónica de Zamora, sur deEcuador. Bajo el lema "Por la vida y la dignidad de los pueblos", la marcha cruzará a pie todo el país hasta llegar a Quito, el 22 de este mes, cuando se celebra el Día Mundial del Agua.

Núria Segura

Zamora (Ecuador).- Salvador Quishpe, prefecto de la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe, donde se inició este jueves una marcha contra el Gobierno, denunció un presunto boicot por parte del Ejecutivo para impedir que se lleve a cabo la manifestación.

“Nos han dicho que no nos dan los permisos para los buses, que no nos dan los permisos para caminar, nosotros le decimos al gobierno que no necesitamos ningún permiso para caminar más del que nos asiste la Constitución vigente, que dice que somos libres de caminar por el territorio nacional”, señaló Quishpe.

Bajo el lema “Por la vida y la dignidad de los pueblos” hoy se inició en la localidad de El Pangui, en la provincia amazónica de Zamora, en el sur del país y en la frontera de Ecuador, una marcha que cruzará a pie todo el país hasta llegar a Quito, en el norte de la sierra andina, el 22 de este mes, cuando se celebra el Día Mundial del Agua.

El prefecto dijo que la marcha es contra la explotación minera y petrolera, y por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y los pueblos indígenas.

Mientras, grupos afines al Gobierno han organizado manifestaciones a su favor en Quito, que llegarán hasta la Plaza de la Independencia, donde está situado el Palacio Presidencial.

La marcha de protesta se inicia en El Pangui porque aquí es donde tiene sus operaciones la empresa minera china Ecuacorriente, con la que el pasado lunes el gobierno firmó un contrato para la explotación durante 25 años de un yacimiento de cobre, lo que supone la apertura de la primera mina a gran escala del país, que será a cielo abierto.

Ecuacorriente exportará un concentrado de cobre, que se refinará en China, por lo que a juicio de Quisphe, del partido indígena Pachakutik, los ecuatorianos desconocerán lo que realmente se extraerá en la zona y estarán a “expensas de la palabra de los chinos”.

Por su parte, el Gobierno ha defendido los beneficios para el país del proyecto, con el que el Estado ecuatoriano prevé ingresar 20.000 millones de dólares durante los 25 años de contrato, según el ministro de Recursos no Renovables, Wilson Pástor.

El ministro ha destacado que la empresa tiene la obligación de crear un fondo para reparar los daños ambientales y para dejar la zona tal y como la encontró cuando se vaya.

Sin embargo, el prefecto considera que el proyecto contaminará el agua y aseguró que la firma de este contrato “viola la Constitución”, porque se permite la explotación en una área protegida, como es la reserva de biosfera del Cóndor Podorcarpus, donde operará Ecuacorriente.

En cambio, la compañía mantiene que el área de la explotación está fuera “del bosque protector”, una zona protegida en la frontera con Perú.

Quishpe lamentó que el gobierno haya decidido firmar el contrato “sin ver el impacto en las aguas, en los nacientes, en la biodiversidad y sin considerar a los pueblos indígenas que viven alrededor de las mineras”.

Por eso, el prefecto afirmó que reciben “con mucha pena” la noticia sobre la explotación en la cordillera del Cóndor, que es un lugar sagrado para los pueblos indígenas, pero esperan que en los próximos días los abogados presenten “los recursos de protección pertinentes” para evitar la explotación.