Alerta en las provincias por recorte a servicio de salud a refugiados

Alerta en las provincias por recorte a servicio de salud a refugiados

Sin algunos servicios de salud y ayudas para comprar medicamentos, entre otras cosas, se quedaron los peticionarios de refugio en Canadá.

OTTAWA.- Mientras los gobiernos provinciales se declararon en alerta porque no saben como van hacer para atender a los peticionarios de refugio que se quedarán si algunos servicios médicos y ayudas para salir adelante en este país, el Ministro de Ciudadanía e Inmigración, Jason Kenney les dijo que en vez de pensar tanto en los recortes, los mandatarios locales deben estar más preocupados por su propios ciudadanos que de los que se están aprovechando del sistema.

El Ministro de Ciudadanía e Inmigración, Jason Kenney, es el responsable de la nueva medida que afectará a los refugiados.

El Ministro salió en defensa de la nueva legislación que empezó a regir el 1 de este mes, dejando a muchos sin servicio en salud, ayuda en medicamentos, sillas de rueda, atención a mujeres embarazadas y otros beneficios.

En respuesta a la comunidad médica de Canadá que se pone a la medida implantada por los conservadores, a los que se sumaron algunas provincias, Kenney asegura que la nueva norma va más contra las personas que engañan a Canadá y que luego son rechazados en su petición de refugio.

A partir de este mes, el Gobierno Federal dejará de pagar medicamentos recetados, atención dental y de visión, análisis de laboratorio y lo que se considera atención médica básica para los solicitantes de refugio, que tendrán que pagar por todo ello, lo que resultará prácticamente imposible para un recién llegado que no tiene trabajo y que además carece de recursos.

La situación es tan problemática que el ministro de Salud de Ontario, Deb Matthews, le escribió una carta a Kenney y a la Ministro de Salud Federal, Leona Aglukkaq, pidiéndole que no apliquen la norma porque perjudicarán a muchas personas.

Según Matthews la decisión fue tomada sin una consulta adecuada y se traducirá en un “sistema clasista del servicio de salud en Canadá.”

Matthews dijo que al dejar a los peticionarios de refugio sin servicio medico, sin control o sin tratamiento para sus enfermedades, traerá mayores costos para el estado y especialmente para las provincias, por lo que pidió a Kenney revertir la decisión, pero el ministro no dio señales de cambiar el rumbo y en lugar de ello defendió la decisión.

“Creo que algunas provincias han puesto su prioridad en el lugar equivocado. Deben estar más centrado en sus propios ciudadanos y residentes que las personas que son, en muchos casos inmigrantes ilegales”, dijo el Ministro quien agregó que muchas de estas personas tienen orden de expulsión de Canadá.

La reforma migratoria que adelanta el Gobierno y que ha generado muchas criticas, especialmente de los defensores de los derechos de los inmigrantes y los refugiados, se impuesto porque los conservadores son mayoría en el Parlamento y han aprobado hasta el momento gran parte de lo que ha propuesto el Ministro.

Según el Gobierno son los mimos canadienses los que lo ha impulsado el cambio, porque muchos de sus impuestos se gastaban en atender a estas personas.

Para los críticos los cambios que se aplican a todos los solicitantes de refugio no solo los afectará a ellos, porque según los médicos al dejar a estas personas sin tratamiento y sin medicamentos se podría generar un problema de salud pública, porque muchas enfermedades que podrían ser contagiosos sólo se podrán detectar en caso de una emergencia, porque los servicios de médicos y enfermeras sólo serán cubiertos si son para asuntos urgentes.

Según el Gobierno con la nueva norma el país se va ahorra cerca de $ 100 millones durante los próximos cinco años, pero para los defensores de los refugiados ese ahorro va crear un gran problema, porque estas personas que son muy vulnerables y que están tratando de escapar de muchas dificultades van a reaccionar cuando vean que no son atendidos, porque habrá vidas de por medio.

Según Kenney la idea de la norma es asegurar que los solicitantes de refugio no reciban más cobertura en salud que un canadiense. “Sólo quiero decirle a las provincias, no entiendo por qué están más preocupados por ofrecer beneficios de atención dental y cuidado de los ojos para un inmigrante que para uno de sus ciudadanos”.

El miedo de las provincias es que al no tener el apoyo del Gobierno Federal los gastos en salud para los refugiados los terminarán pagando los gobiernos locales porque de una u otra forma estas personas tendrán que ser atendidas.

Según el Gobierno para evitar que se aumente los gastos por este concepto se realizarán deportaciones de las personas que son rechazadas más rápidamente.

El Ministro dijo que para implementar la norma si se hicieron consultas públicas formales antes de tomar la decisión, en donde se pudo establecer que muchos canadienses pedían la medida para evitar seguir siendo engañados, porque hasta europeos llegaban a pedir servicio de salud.