ATALAYA

ATALAYA

Por: Jorge Tadeo Lozano

22-01-2012

Diferentes gobiernos colombianos, los partidos liberal, conservador y comunista, así como las autodenominadas Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana – FARC-EP – el ELN, el EPL, el M-19 y otra serie de pequeños grupos guerrilleros creados a partir de mediados  del Siglo XX han hecho variados ensayos  de solución política del conflicto interno existente en este país, entre los cuales destacaremos los que a continuación analizaremos, por considerarlos de mayor significación política, de los cuales entresacaremos los más provechosos aportes que nos permitan elaborar una respetuosa y constructiva crítica a los procesos de paz y reconciliación que se han dado hasta ahora.

La Guerra de los Mil Días entre los partidos liberal y conservador acaecida entre el 17 de octubre de 1899 y el  21 de noviembre de 1902 fue la primera confrontación interna cruenta  de Colombia después de las gestas libertarias y, para mí, la síntesis perversa de un clima precedente de odios políticos y sociales surgidos  de las diferencias ideológicas entre la izquierda y la derecha de aquella época que aún hoy se mantienen, con distintos nombres pero con idéntico trasfondo filosófico: “comunismo o socialismo vs capitalismo o neo-liberalismo”.

La única diferencia es que la guerra de guerrillas promocionada e iniciada en Colombia a mediados de la década del 60 con apoyo cubano-soviético y chino-maoísta como un enfrentamiento bélico por intereses nacionalistas, ahora cuenta con ingredientes malignos  como el encubrimiento territorial extranjero y el apoyo logístico a la subversión por parte de algunos países vecinos, el autofinanciamiento guerrillero con recursos provenientes del “narcotráfico”, el secuestro extorsivo, el terrorismo indiscriminado contra la población civil, etc, en donde  hay involucrados intereses adicionales extra-nacionales

De aquí surgieron tres acuerdos para terminar la guerra, uno suscrito el 24 de octubre de 1902 en la finca bananera Neerlandia, situada al norte del país entre Ciénaga y Aracataca; otro el 21 de noviembre de 1902, entre representantes del gobierno y de la revolución liberal, a bordo del acorazado Wisconsin, buque insignia de la flota que Estados Unidos tenía fondeada en Panamá, con que oficialmente se dio fin al conflicto; y el tercero -otorgado el mismo día de la firma del Tratado de Wisconsin- se suscribió en Chinácota, Norte de Santander, al centro-oriente del país, departamento fronterizo con Venezuela un pacto de cese de hostilidades entre los dos bandos, indicando con ello el criterio anárquico como se han solucionado  los conflictos y de que manera confusa se manejaron estos temas de la reconciliación y la paz

Aquellos acuerdos no crearon una paz estable ni mucho menos las bases de una reconciliación sincera; para mí fue solo un armisticio de guerra que no propicio el entendimiento real entre los dos partidos tradicionales de la época, liberal y conservador, entre otras razones porque no hubo verdad, justicia ni reparación. Las reyertas entre autoridades policivas del partido gobernante con campesinos del partido adversario, así como las pequeñas y  medianas rebeliones regionales se mantuvieron durante todo este período, lo cual originó la creación de las guerrillas liberales lideradas por campesinos de este partido, entre las cuales se destacaron las conducidas por Guadalupe Salcedo y Juan de la Cruz Varela en los Llanos Orientales, Antioquia, Huila, Santander y Cundinamarca, las cuales habían surgido en el período de la violencia, quienes después de algunos años de confrontación con las autoridades conservadoras lograron un acuerdo en 1953 con el entonces General Gustavo Rojas Pinilla, quien había accedido al poder mediante golpe de Estado infringido al gobierno conservador de Laureano Gómez.

Fue un acuerdo en 1953 sobre puntos tales como la entrega de armas, la vigencia de la Constitución Política de Colombia, las elecciones, el indulto a los desterrados y los prisioneros, con el fin de contribuir al restablecimiento y a la consolidación definitiva de la paz pública, con el patriótico intento de abrir camino a la concordia nacional.  Nada se dijo sobre  compromisos sociales del Estado, nada de remedios a la miseria y a la desigualdad entre el campo y la ciudad, nada para cerrar  la enorme brecha del desarrollo entre regiones pobres y ricas. Ni mucho menos se habló en ese entonces de verdad, perdón, justicia y reparación, conceptos que con otras denominaciones  siempre han estado o han debido estar en estos procesos de paz y reconciliación. Se acogieron a este acuerdo cerca de 6.500 guerrilleros durante aquel año, provenientes de los departamentos de Antioquia, Valle, Santander, Chocó, Tolima y los Llanos Orientales. Estos últimos constituían el movimiento insubordinado más grande y organizado del país, del cual se entregaron 3.540 guerrilleros, un poco más de la mitad del total de insurgentes. Sin embargo, estos fueron de nuevo paños de agua tibia que nada de fondo solucionaron por las mismas razones expuestas para los anteriores acuerdos. La violencia interna continuó, Rojas Pinilla cayó, la Junta Militar que lo sucedió propició un acuerdo bipartidista que finalmente concluyó en dos pactos, con algunas pocas reformas políticas, insuficientes y antidemocráticas para algunos.

El acuerdo bipartidista del Frente Nacional fue diseñado por los jefes más importantes de los partidos tradicionales para poner fin a la violencia política de los años cincuenta. Se buscaba deponer al dictador y  retornar a los gobiernos civiles. Los pactos bipartidistas -Benidorm, 24 de julio de 1956 y  Sitges, 20 de julio de 1957- tampoco cumplieron los estándares internacionales de consolidar la paz interna y lograr la reconciliación, porque los temas claves de tipo estructural quedaron excluidos.

El 1 de diciembre de 1957 se refrendó, por medio de un plebiscito popular, el acuerdo.  Se propuso un período de transición democrática basado en la alternación de la presidencia entre los dos partidos tradicionales y para algunos se  logró la paz política y  reformas para la modernización del Estado, sobre todo en lo económico y lo burocrático, lo que la gran mayoría del pueblo aceptó a regañadientes y el sector campesino y universitario rechazaron de plano.

La apreciación de los más resignados  fue la de “que el Frente Nacional estaba bien diseñado para los problemas de los enfrentamientos clásicos del siglo XIX, pero no para afrontar los cambios de la segunda mitad del siglo XX y de comienzos del XXI. Y esos cambios, profundos y acelerados a partir de los años sesenta, iban a modificar profundamente las relaciones de la sociedad colombiana con los partidos tradicionales, los cuales serían rápidamente superados por la modificación de las circunstancias y de los problemas que debían afrontar”, como lo dijo un editorial de uno de los periódicos del régimen en ese entonces.

Como en los anteriores casos, nada se dijo en este acuerdo que permitiese pensar en un cambio de las estructuras políticas, sociales y económicas del país; no se habló de reformas fundamentales a la Constitución ni de nada parecido, por lo que la situación general de la nación, plagada de desigualdades, pobreza y miseria,  continuaron hostigando el “alma nacional” hacia el conflicto irremediable, que se agudizó en el campo y en la ciudad, uniendo a fuerzas antes divergentes desde el punto de vista ideológico, pero próximas en algunos pocos idearios comunes: el partido liberal y el partido comunista encontraron puntos de convergencia en la dirigencia campesina liberal proveniente de las anteriores estructuras guerrilleras partidistas y el “academismo marxista leninista” derivado de los claustros universitarios oficiales para conformar, con el apoyo moral de la -en ese momento- aprestigiada revolución castrista de Cuba (respaldada por la Unión Soviética) en plena evolución de la guerra fría, lo que ellos llamaron en 1962 las Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana – Ejército del Pueblo.

Se inició en ese momento una febril confrontación entre la guerrilla de las FARC-EP, que reconoció como ícono  y Gran Comandante al exguerrillero liberal Manuel Marulanda Vélez, campesino a quien la policía conservadora  le había exterminado su familia en la vieja lucha inter-partidaria liberal conservadora de finales de los años 40 y principios de los 50.

La historia de este período es extensa, prolija y cruel hasta hoy, como prolongados, complejos e incomprensibles (pero no imposibles) han sido los esfuerzos por lograr un acuerdo de paz y reconciliación en Colombia en los últimos 50 años. Haremos el esfuerzo de sintetizar este período en nuestros próximos comentarios, así como contarles lo que estoy seguro pensamos muchos colombianos que deseamos y creemos posible una paz negociada en nuestro país.

Comentarios:

jotalos@diarioelpopular.com (al periódico9

jotalos@gmail.com  (al columnista)