Piden retirar del historial los antecedentes que no han dado lugar a condena

Piden retirar del historial los antecedentes que no han dado lugar a condena

Si la policía decide conservar esos registros sensibles, la persona afectada debe ser notificada para que tenga la oportunidad de responder, explican desde la asociación.

ONTARIO.- Las personas que han tenido problemas con la ley en forma de denuncias, avisos u otros altercados menores y que, sin embargo, nunca fueron condenados porque salieron absueltos,  no pueden desprenderse de ese historial “delictivo”. Los incidentes siguen apareciendo en su expediente policial, lo que en muchas ocasiones puede obstaculizar su capacidad para conseguir un trabajo, viajar al extranjero o convertirse en padres adoptivos.

Un informe publicado el lunes por la Asociación Canadiense de Libertades Civiles dijo que hay una necesidad urgente de una mayor equidad y transparencia en el proceso de verificación de antecedentes para que las personas inocentes no sean injustamente estigmatizados.

“Los empleadores que reciben cheques de registros negativos no puedan comprender plenamente las distinciones entre los diferentes tipos de información de la policía, creando un riesgo significativo ya que la no condena se interpretó erróneamente como una indicación de conducta criminal”, dice el informe.

En el caso de aquellas personas con discapacidad mental, este tipo de altercados con la ley que quedan registrados en el expediente también pueden resultar perjudiciales “Esta información puede llevar a la discriminación ilegal en contra de las personas con discapacidad mental.”, recoge el informe.

Normalmente, las agencias locales de policía revisan las bases de datos de la RCMP, provincial y local cuando se solicita una verificación de antecedentes. Aquellas agencias que tienen amplia discreción sobre la información de su liberación.

El grupo de libertades civiles recomienda que los detalles de los cargos que no hayan dado lugar a una condena, como cargos retirados, las estancias de los procedimientos y las absoluciones, sólo debe ser publicados en los expedientes en casos “excepcionales”, por ejemplo cuando la policía sospeche que existe un peligro inmediato por la seguridad pública. La asociación reconoce que las personas que buscan puestos de trabajo que impliquen el acceso no supervisado a niños o adultos vulnerables pueden tener que someterse a un mayor escrutinio.

En general, sin embargo, la asociación recomienda que los registros que no supusieron una condena deben ser eliminado de forma rutinaria o segregados en bases de datos policiales para que no se incluyan en los informes de verificación de antecedentes.

Si la policía decide conservar esos registros sensibles, la persona afectada debe ser notificada para que tenga la oportunidad de responder, explican desde la asociación.

Un portavoz de la Asociación Canadiense de Jefes de Policía, dijo el lunes que las consultas sobre la revisión de antecedentes es necesaria tomarla de forma conjunta con las fuerzas de policía.

Un caso judicial, citada en el informe del lunes, pone de relieve los retos a los que se enfrentan las personas cuyos registros no han sido borrados.

Una mujer de Ontario, identificado como “JN” en documentos de la corte, fue acusado de asalto después de una disputa familiar en 2006. El cargo fue retirado antes del juicio.

Cuando la mujer solicitó un puesto de relaciones con los medios en el Consejo Escolar Católico de Durham, tuvo que someterse a una verificación de antecedentes. La mujer se sorprendió al enterarse  de que el informe elaborado por el Servicio de Policía de Durham Regional mencionó el cargo de asalto.

La mujer trató de borrar esa información de su expediente pues había sido absuelta antes incluso de que se celebrase el juicio, pero la policía se negó. Un juez de la Corte Superior de Justicia de Ontario, sin embargo, encontró que la negativa del agente a eliminar la carga retirada no era razonable y ordenó que se eliminase esa información del expediente de la solicitante.

Sin embargo, en junio pasado, la Corte de Apelaciones de Ontario anuló la decisión y dijo que el tribunal de primera instancia carecía de competencia para anular la decisión del servicio de policía.

El abogado de la mujer, Jonathan Shime, dijo que la supervisión del proceso de verificación de antecedentes que falta y que está feliz de que el problema es cada vez más atención.

“Los ciudadanos no se dan cuenta de que cada vez que tienen contacto con la policía esa información puede permanecer en algún registro y hacerse pública posteriormente”, explicó el abogado