INMIGRANDO A CANADA

INMIGRANDO A CANADA

Por Vilma Filici

Toronto. La semana pasada no fue una buena semana para México en el tema migratorio canadiense:  el Ministro de Inmigración y Ciudadanía, Jason Kenney, anunció que a partir del 15 de febrero México pasaría a formar parte de la Lista de países designados como seguros por Canadá, es decir, formaría parte de la “Designated Countries of Origin” (DCO).

Dicha lista contiene una serie de países en los cuales, según el gobierno canadiense, es menos probable que una persona pueda ser perseguida en comparación con otros países, por lo que no necesita protección en otro país del mundo, pero que a pesar de esto produce muchos solicitantes de  asilo en Canadá

De igual forma incluye países que a juicio de las autoridades canadiense normalmente no producen refugiados, y que respetan los derechos humanos y ofrecen protección estatal a quienes la necesitan.

México es uno de estos países que ofrecen protección a sus ciudadanos, plantea el gobierno canadiense, por lo que desde dicha fecha pasó a formar parte de los países “seguros” que hay en el mundo, junto con la mayoría de países europeos, Estados Unidos y Australia, entre otros.

Definitivamente el anuncio no fue ninguna sorpresa para nadie, dado que de hecho se esperaba que México fuera incluido en dicha lista desde el momento mismo en que se anunció el primer grupo de países que la conformarían, el 15 de diciembre pasado. Hay que recordar el alto porcentaje de respuesta negativas que reciben los ciudadanos mexicanos en sus solicitudes de asilo, así como también la imposición de Visa para poder ingresar a Canadá.

Según la información proporcionada por el Ministerio de Inmigración y Ciudadanía, la designación de esta lista de países seguros ha sido basada en lo que históricamente ha sucedido con los casos de refugio de sus ciudadanos aquí en Canadá, e incluye aquellos países cuyo porcentaje de rechazo de casos de refugio por parte del Consejo de Refugiados ha sido del 75 por ciento o más, y personas que vienen de países donde el porcentaje de casos de refugio abandonados en Canadá ha sido de más del 60 por ciento.

El problema de estar incluido en dicha lista es que el proceder de un país designado como país seguro por el gobierno canadiense tiene serias implicaciones en el procesamiento de las solicitudes de refugio en el país. Para ver las diferencias en el tratamiento de este grupo hay que observar que las personas que vienen de países que están en la lista van a tener entre 15 y 45 días para poder presentar su caso y terminarlo, mientras que las personas que vengan de países que no aparecen en esa lista van a tener un total de 239 días, lo que implica una diferencia de tiempo enorme.

Esto significa que las personas que vengan de países que aparecen en la lista van a tener que moverse mucho más rápidamente para procesar sus casos, para presentar sus solicitudes y la documentación necesaria como evidencia.

En esa lógica, lo que estas personas (que consideran que sus vidas corren peligro en sus países de origen) deberán hacer es venir preparadas, contactar a un representante legal desde su país, para que desde el momento que lleguen ya vengan con toda la documentación y todo lo que van a necesitar para poder presentar el caso.

Porque por ejemplo, si una persona viene y pide refugio en el puerto de entrada, se le va a dar un formulario donde va a tener que presentar toda su historia y toda su información, y ese documento tiene que estar en el Consejo de Refugiados en un periodo máximo de 15 días.

Las personas que piden refugio en el puerto de entrada van a tener su audiencia en 45 días, mientras que las personas que vienen de países que no aparen en la lista, no importa donde pidan refugio, van a tener su audiencia en un periodo de dos meses.

También, el 15 de diciembre pasado se puso a funcionar la División de Apelaciones de Inmigración, que es algo por lo cual se había estado luchando por muchísimo tiempo. Pero las personas que vienen de países que aparecen en la lista de países designados no tienen derecho a esta apelación.

Otra cosa que hay que observar es que en el pasado se detenía la deportación automáticamente cuando una persona tenía derecho a PRRA o cuando hacia una apelación ante la Corte Federal, pero bajo la nueva ley esto ya no va a suceder para las personas que vengan de países designados como seguros, así como tampoco para personas cuyos casos se consideren “no creíbles”, para los “irregular arrivals” (sobre los que hablamos en columnas anteriores) y para personas que lleguen procedentes de un tercer país seguro.

Según todas las declaraciones que ha hecho el Ministro de Inmigración y otros funcionarios del gobierno, estas medidas fueron tomadas para proteger a los refugiados y para proteger la integridad del programa de refugio en Canadá, pero en realidad el problema es más grande, aparte de los cortos plazos para poder procesar un caso de refugio los ciudadanos provenientes de dichos países no tendrán acceso a los servicios de salud, a trabajo y a beneficios sociales.

De hecho, el Ministro de Inmigración lo dijo claramente en unas declaraciones previas, que si las personas no tienen los beneficios de poder trabajar, de tener beneficios de salud, etc., es una manera de disuadirlos de venir a Canadá y hacer una solicitud de refugio.

Esto tendría mucho sentido si pudiéramos estar cien por ciento seguros de que las personas que vengan de los países designados no corren en realidad riesgo en sus países sino que, así como dice el Ministro, son casos fraudulentos.

Pero lamentablemente hay muchísimas personas que vienen de México y de otros  países donde se considera que hay democracia y que no hay problemas, y las personas tiene muchos problemas de seguridad y están en riesgo de muerte si son regresadas a sus países de origen.

En este sentido, el temor con la nueva legislación es que, al tratar de agilizar los procesos, no estemos dando verdaderamente la posibilidad a personas que se encuentran en peligro real de poder presentar su caso de manera efectiva para que esos casos sean aceptados, y con ello estemos poniendo en peligro sus vidas, en este caso específico, de ciudadanos mexicanos.