Un fallo de la corte determinará si la policía necesita una orden de registro para acceder a mensajes de texto

Un fallo de la corte determinará si la policía necesita una orden de registro para acceder a mensajes de texto

La Corte determinará si es necesaria una orden judicial para acceder a los mensajes de texto de los canadienses. (Foto cortesía National Post).

OTTAWA.- Un fallo de la Corte Suprema se espera que aclare si la policía necesita una orden de registro o autoridad para comprobar los mensajes de texto de teléfonos celulares como parte de las investigaciones penales, tal y como publica National Post.

La decisión tendrá una gran influencia sobre los miles de millones de textos privados que se envían cada año a través de los teléfonos canadienses.

Wireless giant Telus argumenta que la policía necesita la autorización de escuchas telefónicas para apoderarse de mensajes de texto desde el dispositivo móvil de un ciudadano. Pero el gobierno federal asegura que de esa manera se obstruirían los tribunales con miles de aplicaciones de autorización de escuchas telefónicas cada año.

El caso surge de una orden de la Corte Superior de Ontario que otorgó a la policía en Owen Sound, en Ontario, y que ordenaba a Telus entregar los mensajes de texto de dos de sus clientes.

La orden obligó a la compañía a enviar a la policía una copia de los textos de los clientes todos los días durante dos semanas, sin el conocimiento de los propietarios de los teléfonos. Telus apeló a la Corte Suprema después de perder su oferta inicial para anular la orden.

Los abogados de la compañía argumentaron que la policía necesitaba la autorización de escuchas telefónicas en el Código Penal a fin de apoderarse de mensajes de texto. “La intromisión en la vida privada de una persona es la misma cuando la policía escucha sus conversaciones o lee sus comunicaciones privadas obtenidas directamente por los medios necesarios para la entrega de la comunicación”, tal y como se puede leer en los argumentos escritos por la compañía.

Además, Telus quiere que la Corte Suprema de Justicia aclare si su decisión se aplica sólo a los mensajes privados ya enviados o si el fallo permite también a la policía pedir permiso para apoderarse de textos enviados en una fecha posterior.

Sin embargo, los abogados del gobierno aseguran que lo que Telus está pidiendo es “ilógico, inviable e incompatible” con el Código Penal. “Acepar el argumento de Telus significa que cada vez que la policía trate de adquirir el contenido de una comunicación privada, desde cualquier proveedor de servicios y por cualquier medio, esto constituirá una intercepción”, dicen sus alegatos escritos. “El argumento de Telus conduce a resultados absurdos”.

La demanda ante la Corte Suprema de Justicia supone uno de los varios problemas de privacidad relacionados con la era de la comunicación electrónica.

A principios de este año, el más alto tribunal de Ontario dictaminó que loso oficiales de policía podían buscar en los teléfonos móviles de alguien si estos no estaban protegidos por una contraseña.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Ontario aseguró que era necesaria una orden de registro si el dispositivo móvil estaba protegido con contraseña o estaba bloqueado para el uso de cualquiera que no fuese su propietario.

El caso acerca de la contraseña se produjo después de que un hombre que fue arrestado después de que una joyería fuera robada. Kevin Fearon fue detenido en julio de 2009, después de robar en un puesto de joyería en un mercado en Toronto.  Un agente de policía lo cacheó y encontró un teléfono en su bolsillo.

La policía, tras chequear el celular, encontró fotos de una pistola y dinero en efectivo, así como un mensaje de texto incriminatorio sobre la joyería en la memoria de su teléfono. Los agentes de policía implicados creían que tenían el derecho de inspeccionar el teléfono sin una orden judicial.

Sin embargo, y tal y como publicaba National Post, el Tribunal de Apelación (el juez Robert Armstrong, con el apoyo de otros dos magistrados), rechazó su apelación, diciendo que Fearon permitió a la policía mirar de teléfono “de manera superficial”, para ver si había alguna prueba pertinente para el crimen, pero después ellos deberían haber obtenido una orden de registro.

El tribunal dice que si el teléfono había sido protegido con contraseña o no bloqueado al resto de personas que no sea su titular, “no habría sido apropiado” comprobar los datos del teléfono sin una orden de registro.