Nueva reglas de ciudadanía para frenar fraude y terrorismo extranjero

Nueva reglas de ciudadanía para frenar fraude y terrorismo extranjero

El Ministro de Ciudadanía e Inmigración, Chris Alexander, anunció que el proyecto de ley establece aumentar las tasas de solicitud por cada adulto de $ 100 a $ 300, con efecto inmediato. Foto Cortesía The Canadian Press.

TORONTO.- Una residencia por tiempo más prolongado será requerida para los aspirantes a la nacionalidad canadiense, así como los consultores de inmigración serán sometidos a procesos de control y vigilancia, en el marco de uno de los cambios más radicales que el gobierno de Canadá llamó como “la primera reforma integral a la Ley de Ciudadanía de esta generación”.

El Proyecto de Ley C-24 del gobierno conservador, conocido como El Fortalecimiento de la Ley de Ciudadanía Canadiense, contempla que los aspirantes a ciudadanos tendrían que vivir en Canadá antes de solicitar la ciudadanía, incluyendo también un procesamiento más expedito de solicitudes.

“La ciudadanía no es un derecho, es un privilegio”, reiteró el Ministro de Ciudadanía e Inmigración, Chris Alexander, durante la presentación de la ley en el Parlamento.

Los residentes permanentes que solicitan la ciudadanía tendrían que vivir en Canadá durante cuatro años de los últimos seis años, en vez del requerimiento actual de tres años de un total de cuatro.

Aquellos solicitantes entre 14 y 64 años de edad tendrían cumplir con los requisitos oficiales de idiomas y aprobar un examen de ciudadanía. Sólo aquellos que se encuentran entre 18 y 54 tendrían que cumplir con los criterios vigentes.

La legislación propuesta agiliza el proceso de solicitud de ciudadanía al permitir que los oficiales tomen decisiones sobre los casos, atribución que hasta el momento era competente a los jueces de ciudadanía.

Alexander dijo que esto contribuiría a reducir el retraso actual de 320.000 aplicaciones. El gobierno espera reducir el tiempo de espera de dos a tres años, a menos de un año entre el 2015-2016.

Del mismo modo, el proyecto de ley establece:

– Aumentar las tasas de solicitud por cada adulto de $ 100 a $ 300, con efecto inmediato. Las tarifas para menores permanecen sin ajustes.

–  Trámite vía rápida de ciudadanía para los residentes permanentes que prestan servicios en las Fuerzas Armadas Canadienses.

– Dotar al Ministro de Inmigración de mayores poderes para revocar la ciudadanía en casos extremos.

–  Aumentar la regulación de los consultores de inmigración con sanciones por conductas inapropiadas en un esfuerzo por combatir el fraude.

– Conceder con carácter retroactivo la ciudadanía a los hijos de los llamados “canadienses perdidos”.

Mientras que el gobierno implementó algunos cambios en el 2009 para otorgar la ciudadanía a las personas que la habían perdido o que nunca la habían recibido debido a una legislación obsoleta. Según el gobierno, un pequeño número de personas aún no fueron elegibles.

En virtud de los cambios propuestos, el gobierno tendría la capacidad de otorgar, mediante “carácter retroactivo”, la ciudadanía a este grupo de canadienses.

El despacho extendería las solicitudes a estos “canadienses perdidos” nacidos antes de 1947, así como a sus hijos de la primera generación nacidos en el extranjero.

El proyecto de ley daría a la ciudadanía a las personas que han nacido o naturalizado en Canadá, así como a cualquier persona británica que reside en Canadá desde antes del 1ero. de enero de 1947 o 1ero.  de abril de 1949, en el caso de Newfoundland.

Los cambios también se aplicarían a los hijos de estos “canadienses perdidos”.

En cuanto al “turismo de nacimiento” o “bebés de pasaporte”, el tema no se aborda en este proyecto de ley. Al respecto, el Ministro Alexander dijo: “Esta situación va a ser analizada de manera adecuada lo que implica la consulta y la coordinación con las provincias y los territorios”.

La legislación propuesta daría al Ministerio de Ciudadanía e Inmigración el poder de revocar la ciudadanía en casos de acciones contra Canadá. Al respecto, el Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá informó que maneja información de que más de 130 canadienses trabajan en el extranjero en apoyo a actividades extremistas.

En virtud de este proyecto de ley, el gobierno tendría el poder para despojar la ciudadanía canadiense de doble nacionalidad a “los miembros de una fuerza armada o un grupo armado organizado involucrado en un conflicto armado con Canadá”.

El gobierno también tendría la atribución de revocar la ciudadanía a quienes han sido “condenados por terrorismo, traición o delitos de espionaje, de acuerdo con la sentencia recibida”.

El Ministerio de Ciudadanía e Inmigración tendría la última palabra en las decisiones de revocar la ciudadanía, no el gobernador en consejo, como es actualmente.

Los casos complejos como “crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, seguridad y otras violaciones de los derechos humanos o internacionales” serían decididos por el Tribunal Federal.

Igualmente, el Proyecto de Ley C-24 serviría para regular el desempeño de los consultores de inmigración, en un esfuerzo “para alcanzar altos estándares éticos y profesionales”.

El proyecto de ley considera como delito el hecho de que personas no autorizadas asuman la representación o asesoría a una persona en una solicitud de ciudadanía o audiencia a ciudadanía, por una tarifa.

En un intento por acabar con el fraude de ciudadanía, el gobierno podría aumentar las multas y sanciones para los “falsos” consultores de inmigración con montos de 100.000 dólares y/o hasta dos años de prisión.

La nueva propuesta de sanción a las personas que cometen un delito de fraude asciende hasta un máximo de $ 100.000 y/o cinco años de prisión.