Tribunal Supremo dio audiencia a condena mínima obligatoria por drogas

Tribunal Supremo dio audiencia a condena mínima obligatoria por drogas

Bajo la nueva legislación federal que data de 2012, una condena conlleva una pena automática de un año. Foto Cortesía Canadian Press.

VANCOUVER.- La controversial sentencia por el caso de Vancouver, ha sido calificada de “cruel e inusual”, en un tribunal de primera instancia en British Columbia.

La Corte Suprema de Canadá dio audiencia a una apelación de sentencia mínima obligatoria del gobierno federal por delitos de drogas.

Se trata del caso Joseph Ryan Lloyd, un adicto de Downtown Eastside que fue condenado por tráfico de drogas después que la policía lo atrapó con menos de 10 gramos de heroína combinado con crack y metanfetamina de cristal.

Bajo la nueva legislación federal que data de 2012, una condena conlleva una pena automática de un año, pero el juez de la corte provincial en el caso se resistió a la falta de discreción que lo dejó y se negó a imponer la sentencia.

“Es una pena que los canadienses estén tan detestables o intolerantes”, dijo el juez Joseph Galati en su fallo por escrito el año pasado.

“En consecuencia, me parece que la sentencia mínima obligatoria de prisión de un año, constituye un castigo cruel e inusual”.

El Tribunal de Apelación de British Columbia apoyó la postura de la Corona, en contra de la decisión del Galati, pero el caso fue apelado ante la Corte Suprema de Canadá.

“Estamos muy contentos con la decisión de la Corte Suprema para escuchar la apelación de Lloyd”, dijo Adrienne Smith, representante de Pivot Legal Society que ha intervenido en el caso durante las primeras etapas.

“Las sentencias mínimas obligatorias son medidas injustas contra canadienses vulnerables y no tienen en cuenta las condiciones de vida del individuo y de sus comunidades”.

El Parlamento aprobó la polémica ley del gobierno conservador contra el crimen en marzo de 2012, la cual constituyó la primera de una serie de medidas contra la delincuencia por parte del gobierno del Primer Ministro Stephen Harper.

La ley C-10, anteriormente conocida como la Ley de Calles y Comunidades Seguras, abarca varias piezas diferentes de la legislación.

Los partidos de oposición, los profesionales y trabajadores de los centros correccionales, los sistemas de justicia, el Colegio de Abogados de Canadá y varios otros grupos de interés han manifestado ampliamente las preocupaciones sobre la legislación.

Entre las objeciones figuran las penas de prisión obligatorias para ciertos delitos, entre ellos el tráfico de drogas, los delitos sexuales, la explotación infantil y algunos delitos violentos.

Quienes se oponen a las medidas han argumentado que este tipo de sentencia se ha intentado en otras jurisdicciones, como EE.UU., donde se han creado y profundizado los problemas en lugar de soluciones.

Algunos críticos consideran que estas condenas serán una carga para las cárceles y los sistemas judiciales de Canadá. “Son inviables, insostenibles y tienen pocos beneficios”.