Trabajadoras con visas son víctimas frecuentes de abuso sexual

Trabajadoras con visas son víctimas frecuentes de abuso sexual

Cathy Kolar de Asistencia Legal en Windsor, en reunión con una de las víctimas. Foto Cortesía CBC.

WINDSOR.- La experiencia de una mujer mexicana, quien pidió no ser identificada, es uno de los casos que refleja la situación de las mujeres trabajadoras que enfrentan abusos y limitaciones dentro del programa de trabajadores extranjeros temporales de Canadá.

Fue traída de México para trabajar en una planta empacadora de pescado en Wheatley, Ontario. Inmediatamente fue identificada por su empleador para una atención especial, separándola de las otras obreras.

Primero escuchó comentarios inapropiados, seguido fue contacto corporal y luego fue amenazada con enviar a su país a menos que accediera a tener relaciones sexuales.

“Me había quitado el pasaporte y tenía miedo”, dijo.

Otra mujer que trabajaba para el mismo empleador fue enviada de regreso a México después de rechazar las insinuaciones.

Un tribunal de derechos humanos encontró que ambas mujeres fueron expuestas a solicitación sexual, acoso sexual y discriminación en el empleo.

Ellas no eran las únicas, un grupo de mujeres tailandesas que trabajaban para el mismo empleador ya había tratado de obtener ayuda para hacer frente a lo que el juez en el tribunal de derechos humanos llamaría “un lugar de trabajo contaminado por persecución sexual”.

En total, unas 39 mujeres participan en un caso penal y de derechos humanos contra Presteve Foods.

Al final, sólo la mujer de México y su hermana se quedarían durante los ocho años que tomó una sentencia.

Fue un caso flagrante de abuso, tanto es así que era difícil de creer que ocurrió en un lugar de trabajo canadiense. ¿Cómo podrían tantas mujeres pudieron quedar impotentes frente de un empleador que utilizó la amenaza de deportación para obligarlas a sus propósitos sexuales?

“Creo que el caso es muy importante porque reconoce la desprotección de las mujeres en el programa de trabajadores extranjeros temporales, así como las vulnerabilidades estructurales que no solo ocurrieron en este caso”, dijo Kerry Preibisch, especialista en trabajadores migrantes ante el Tribunal de Derechos Humanos de Ontario.

Preibisch apuntó que bajo el sistema el empleador tiene todo el poder.

“Están atadas a una sola empresa, ese empleador tiene la decisión sobre la cantidad de dinero que ganan, dónde viven y cuando son enviados de vuelta a sus países, lo que hace a las mujeres vulnerables al abuso”.

“Un empleador tiene el poder absoluto en esa relación. Su capacidad de trabajo depende de un solo empleador designado”, agregó.

Explicó la urgente necesidad de cambios en el programa federal que reconoce a los trabajadores extranjeros con visas.

“Lo primero debe ser permitir el movimiento de trabajadores entre empresas. De lo contrario, los empleadores simplemente amenazan con enviarlos de vuelta a casa, si se quejan de las condiciones de trabajo, condiciones de vida, seguridad o abuso”, dijo.

En el caso de la mencionada víctima, ella se vio obligada a realizar actos sexuales en un vehículo cuando su empleador la transportaba a una cita médica y más tarde en su dormitorio en propiedad del empleador, donde vivían varios trabajadores migrantes.

El juez de conciliación, Marcos Hart, otorgó $ 150.000 a la víctima y $ 50.000 a otra mujer, afirmando  que sus derechos habían sido objeto de abusos, pero no llegó hacer recomendaciones al gobierno federal sobre el programa de trabajadores extranjeros temporales.

Al respecto, respondió que no era parte de su papel como juez del tribunal.

Sin embargo, el informe destacó la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes, “un permiso de trabajo cerrado que los obliga estar atados a un solo empleador, bajo el miedo de perder su empleos y constantes  amenazas de ser repatriados, sin razón y sin ninguna vía de apelación o revisión”.

Preibisch dijo que muchas mujeres ingresadas a Canadá bajo el programa son madres solteras y único sostén de su familia.

“Ellas han hipotecado las tierras de la familia o han incurrido en deudas para pagar un reclutador que los ayude a acceder a un puesto de trabajo en Canadá. Ellas sienten que no pueden permitir ser enviadas de vuelta a sus países”.

Cathy Kolar, representante de Asistencia Legal en Windsor,  quien brindó asistencia a las dos mujeres, pregunta a los gobiernos federal y provincial: “¿por qué el gobierno de Ontario ignoró la situación y por qué no hay discusión de este caso de mujeres vulnerables”.

Unas 39 mujeres participan en un caso penal y de derechos humanos contra Presteve Foods.