52 presos muertos en un motín en una cárcel en el norte de México
52 presos muertos en un motín en una cárcel en el norte de México
El horror ha vuelto a México. Un salvaje motín en la cárcel estatal de Topo Chico, en Monterrey, ha golpeado en la frente a un país que vivía días de miel y rosasante la llegada este viernes del Papa. 52 muertos, 12 heridos y la evidencia, otra vez, de que el sistema penitenciario mexicano está en manos del crimen han disipado las brumas y abierto una nueva crisis de seguridad. La revuelta, la mayor en los últimos 25 años, tuvo como detonante el asesinato de un líder carcelario a manos de sus adversarios. Su muerte derivó en un cruento ajuste de cuentas. El caos y la sangre se adueñaron de la cárcel.
La prisión estatal de Topo Chico, de 3.800 reclusos, fue lo más parecido al infierno. Durante al menos dos horas, los internos tomaron el control del presidio y se enzarzaron entre sí como bestias. Los detalles de la matanza tardarán meses en aclararse. Las primeras versiones apuntan a que el enfrentamiento arrancó a medianoche entre Los Zetas y el cártel del Golfo, las dos organizaciones criminales que controlan el presidio. El detonante fue el intento de fuga de Jorge Hernández Cantú, El Comandante Credo, miembro del cártel del Golfo y uno de los cabecillas de la penitenciaría. En su huida, siempre según versiones no oficiales, fue sorprendido y asesinado por sus adversarios, dirigidos por Juan Pedro Zaldívar Arias, alias el Z-27, un conocido secuestrador que recientemente había sido trasladado a la cárcel. La sangre llamó a la sangre. Un vendaval de venganza se apoderó del penal. Ante la absoluta inoperancia de las fuerzas estatales, la reyerta devino en una matanza. Los internos prendieron fuego a la bodega de víveres y se enfrentaron cuerpo a cuerpo. No hubo tiros. Bastaron las cuchilladas. La cárcel, al menos en dos áreas, quedó en manos de los amotinados.
Ante el caos, las autoridades pidieron la intervención del Ejército, la Marina y las fuerzas federales. Sobre las 1.30, los militares irrumpieron en las dependencias penitenciarias y, supuestamente, lograron sofocar la revuelta. Ninguna autoridad dio explicación de qué métodos emplearon para hacerlo ni si su intervención fue la causante de la mortandad. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, afirmó que la “tragedia” era fruto de “la situación tan difícil en que se encuentran los centros penitenciarios”. Para El Bronco, que sorprendió a México al ganar como independiente las elecciones en el segundo estado más rico del país, el motín se ha convertido en una prueba de fuego. El penal depende de su administración. Y su discurso antinarco, que le valió el espaldarazo de los ciudadanos, tendrá que demostrar su verdadero alcance.
El terrible desenlace del enfrentamiento convocó a cientos de familiares ante la puerta de Topo Chico. La incapacidad de las autoridades para darles una explicación mínima de lo sucedido prendió otro incendio. Padres, madres, hermanos e hijos de los presos empezaron a golpear las vallas del penal y lanzar objetos. El miedo a que hubiesen fallecido los menores que viven en uno de los pabellones hizo crecer su ira. La presión llegó hasta el punto de que lograron, siempre según las primeras versiones, cruzar uno de los perímetros de seguridad, aunque sin mayores percances.
Este nuevo motín, el mayor desde hace al menos 20 años, vuelve a poner a México ante el espejo de sus cárceles. Con una población reclusa de cerca de 250.000 internos, el hacinamiento y la violencia son moneda común. Pero el mayor problema procede del despiadado dominio que ejercen los cárteles sobre las prisiones, hasta el punto de que muchas penitenciarias se rigen a voluntad de las organizaciones criminales. Controlan las visitas, las drogas y los alimentos. Prestan el dinero y en caso de que no haya retorno, ejercen la violencia sin contemplaciones. Un ejemplo de ello fue la cárcel de Ciudad Juárez, que el Papa visitará este miércoles. Allí, las bandas llegaron a organizar hace pocos años carreras de caballos, ante el silencio cómplice de las autoridades.
Los intentos presidenciales para recuperar este control han sido constantes, pero casi nadie en México cree que hayan tenido éxito. La fuga de El Chapo, por un increíble túnel de 1.500 metros, demostró este mismo año la enorme debilidad del sistema. La huida se registró en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano. Bajo control federal y supuestamente sometida a continuas medidas de contravigilancia, este centro era considerado el más seguro del país. Pero nada pudo contra el poder corruptor del líder del cártel de Sinaloa. Le bastó con levantar el piso de la ducha y huir sin que se activaran las alarmas hasta horas después. Tras la humillante salida, la cúpula del sistema penitenciario mexicano fue descabezada.
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