Clara Gómez insiste: “Los mataron”

Clara Gómez insiste: “Los mataron”

De las tres testigos con las que la Procuraduría Federal mexicana sustenta el caso Tlatlaya, Clara Gómez González fue la primera en hablar. En septiembre de 2014, Gómez González denunciaba que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, había mentido: el enfrentamiento del que habían informado meses atrás había terminado en el asesinato de varias personas.

El 1 de julio, la Sedena informaba de la muerte de 22 delincuentes producto de un enfrentamiento con un convoy militar en una bodega a medio construir en una comunidad de Tlatlaya, a unas cuatro horas de la Ciudad de México. Varios meses más tarde, Gómez González decía que efectivamente el enfrentamiento se había producido, pero que los militares habían asesinado a los supervivientes.

La tarde del 30 de junio, la mujer, maestra rural, había tomado un camión en su pueblo, Arcelia, para ir a San Pedro Limón, la comunidad donde está la bodega, apenas a una hora de allí. Iba a recoger a su hija Erika, de 15 años, que hacía unas semanas no aparecía por casa. Erika le había llamado ese mismo día y le había dicho que estaría por San Pedro. La madre fue, llegó y se la encontró con un grupo de gente armada. Asustados por si les descubrían, contaba Clara, los del grupo armado se la llevaron a la bodega, donde hacían base aquella noche. Le impidieron que se fuera y le quitaron el celular. De madrugada, una camioneta pasó por la puerta. Uno de los del grupo, apostado en la puerta, entró corriendo para avisar. “Nos cayeron los contras”, dijo, pensando que eran de algún grupo rival. Pero eran los militares.

Clara cuenta que entonces se desató una balacera, gritos de dentro a fuera y viceversa; dice y dijo que el tiroteo duró una media hora. Ella, que estaba al fondo de la bodega, del lado izquierdo, se metió en una de las camionetas del grupo armado. Al rato, cuando salió, cuando acabaron los tiros, vio el cuerpo de su hija tirado en mitad del galpón. Dice que aún se movía, que estaba boca abajo. Su hija, malherida, boca abajo.

Los militares entraron a la bodega y, dice Clara, mataron a los supervivientes de la balacera. Les decían que se hincaran y les disparaban.

Detalles como el número de militares que entraron o el tiempo que duró la refriega difieren en las declaraciones de las testigos. Clara decía una cosa y las otras dos, otra. La primera dijo por ejemplo que la balacera duraba 30 minutos, las otras que entre 5 y 10. Imprecisiones y contradicciones por el estilo han motivado sustancialmente queun juez federal tumbe la investigación que presentó la PGR hace unos meses.

Clara vive desde hace un tiempo con dos escoltas pegados a su sombra, cámaras de seguridad en su casa y una tristeza en la mirada que no acaba de atenuarse. Pese a la decisión del juez, espera que se haga justicia.

Un tribunal desestima las pruebas de la fiscalía. Los investigadores acusaban a tres soldados del homicidio de ocho personas

Imagen de la matanza de Tlatlaya.

La fiscalía mexicana ha informado esta noche de la absolución de los tres soldados acusados de homicidio en el caso Tlatlaya. Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández y otros cinco militares protagonizaron un enfrentamiento contra presuntos integrantes de un grupo delictivo la madrugada del 1 de julio de 2014 en Tlatlaya, en el Estado de México, a cuatro horas de la capital. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, informaba entonces que los agresores, 22, habían muerto durante el enfrentamiento y un soldado había resultado herido.

A tres meses de lo ocurrido, una testigo, Clara Gómez, dio una versión distinta a la de la Sedena. Gómez decía que el enfrentamiento había ocurrido, pero que luego los militares habían ejecutado a los supervivientes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos investigó el asunto y concluyó que habían asesinado a entre 12 y 15. La fiscalía federal bajó la cifra a 8. Los investigadores acusaron a tres de los soldados, Quintero, Acevedo y Hernández, de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo. Ahora un tribunal federal ha desechado las pruebas de la fiscalía y ha ordenado la liberación de los tres, que permanecían en la prisión militar del Campo Militar Número 1, cercano a la Ciudad de México.

Antes, en octubre del año pasado, un juez ya liberó a los otros cuatro elementos castrenses implicados, tres elementos de tropa y un oficial, el teniente de infantería Ezequiel Rodríguez. La fiscalía mexicana los acusaba de ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento. El juez los liberó por un error de la propia fiscalía: los investigadores nunca explicaron a los soldados quien les acusaba, ni les dejó reunirse con sus abogados.

También en octubre, la justicia castrense concluyó el proceso que seguía contra los militares y absolvió a todos menos al teniente. El tribunal militar condenó a Ezequiel Rodríguez a un año de cárcel, tiempo que ya había cumplido en el Campo Militar Número 1.

El abogado de Clara Gómez, Santiago Aguirre, integrante del equipo jurídico del Centro Miguel Agustín Pro Juarez, declaró que la absolución de los soldados en el fuero militar adelantaba la impunidad a la que se avocaba el caso.

En julio de 2015, Aguirre y sus colegas presentaron un informe sobre la evolución del proceso judicial a un año de lo ocurrido. El aspecto más destacado era un documento que habían encontrado en el expediente, una orden operativa del mando del 102 Batallón de Infantería, al que estaban adscritos los soldados, al responsable de la base de operaciones del batallón, el teniente Ezequiel Rodríguez. En la orden, el mando del 102 batallón decía: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Pese a la orden, ni la justicia civil ni la militar han encausado a un oficial superior –capitanes-, o a un jefe militar –mayores, tenientes coroneles y coroneles-, o a un general por el caso Tlatlaya. Y no es sólo por la orden. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, documentó en su informe la presencia de mandos del Ejército y la Marina en el lugar de los hechos aquel día.

El enfrentamiento y las presuntas ejecuciones ocurrieron en torno a las 5 de la madrugada. Militares de otros batallones y marinos acudieron en las horas siguientes, antes de que llegaran los investigadores de la fiscalía del Estado de México, pasado el mediodía. En ese tiempo, la CNDH afirma que alguien modificó el lugar de los hechos, movió cuerpos y armas. Incluso desaparecieron lo0s teléfonos celulares de las víctimas.

En su comunicado de esta noche, la fiscalía mexicana ha dicho: “Conforme al marco legal vigente, la Procuraduría General de la República acata esta resolución judicial. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares”.