INMIGRANDO A CANADA

INMIGRANDO A CANADA

Por Vilma Filici

filici@filici.com

 TORONTO. Varios funcionarios y políticos, incluyendo al Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau, han comenzado una campaña en la que aconsejan a las personas que están entrando a Canadá de forma ilegal de que no lo hagan, puesto que el proceso que deberán pasar es el mismo por el que pasa toda persona que pide refugio en el país.

Están explicando que quienes lo hagan deben cumplir con todos los aspectos legales para ser aceptados como refugiados, es decir, que deben demonstrar que cumplen con la definición de refugiado, que son creíbles, que no pueden tener protección de las autoridades de su país de origen, y que no hay ningún otro lugar dentro de su propio país donde podrían mudarse, establecerse y rehacer su vida.

Pero aun si la persona cumple con todos estos requisitos, tiene todavía que presentar su caso y convencer al miembro del Consejo de Protección al Refugiado (RPD) de que cumple con todos estos requisitos.

Y precisamente, una investigación realizada por la CBC sobre las decisiones tomadas por miembros del RPD, deja claro que cuando se trata de tomar una decisión sobre si alguien es o no refugiado, no hay un standard ya que éstas varían considerablemente. Cuando se observan, por ejemplo, decisiones tomadas en casos de refugio del mismo país por diferentes miembros de Consejo de Protección al Refugiado, se nota una discrepancia muy grande entre las decisiones.

Voy a tomar Venezuela como ejemplo. El promedio de aceptación de los casos de ese país es 74.5%. Pero la discrepancia entre miembros del Consejo en términos de aceptación es del 67%, porque hay miembros que tienen un promedio de aceptación del 100% y otros del 33%.

En términos generales, considerando todos los países, la variación entre decisiones positivas de los miembros está entre el 95.9% y el 23.8%.

El Consejo de Protección al Refugiado está compuesto por personas entrenadas y especializadas en las situaciones de abusos de derechos humanos que están sucediendo en los países con los cuales trabajan. En este sentido, tomando en cuanta que el RPD es un tribunal especializado, la aparente falta de un standard en las decisiones presenta un problema grave ya que el proceso pierde el sentido de justicia y se convierte en una lotería.

Así, si a una persona le toca un Miembro del Consejo que tiene un promedio de aceptación de 96%, lo más probable es que el solicitante de refugio sea aceptado, pero si le toca uno cuyo nivel de aceptación es del 23%, lo más probable es que su caso sea rechazado.

En conversaciones con un ex miembro del Consejo de Protección al Refugiado llegamos a la conclusión de que algunos de los miembros del Consejo no tienen la capacidad de ser objetivos cuando deben tomar las decisiones. Lamentablemente estos no se guían solamente por la evidencia presentada por el solicitante de refugio y por la evidencia presentada en términos de documentación personal y reportes de organismos de derechos humanos sobre la situación que se vive en el país al cual teme regresar. Así, estos miembros no logran dejar a un lado su ideología política y sus propias convicciones al momento de tomar decisiones que afectan la vida del solicitante.

Un miembro del Consejo de Protección al Refugiado debe ser lo suficientemente objetivo de aceptar a una persona que está siendo perseguida por un régimen de derecha a pesar de que el miembro sea conservador. Por lo menos eso es lo que se espera.

Idealmente, una persona que juega el papel de juez en un procedimiento debería guiarse por el testimonio del cliente, por la evidencia documentada que se presente y por la ley. Su propia ideología no debe jugar ningún papel en la decisión. Lamentablemente en muchos casos las decisiones tomadas son puramente subjetivas.

Muchas de estas decisiones se logran cambiar ante la División de Apelación del Refugiado o se logra obtener una decisión de la Corte Federal en la que se ordena una nueva audiencia por otro Miembro del Consejo de Refugiados, pero estos son procesos largos y costosos.

Recientemente, algunos clientes de mi oficina fueron víctimas de dicho procedimiento injusto por parte de miembros de Consejo de Protección al Refugiado. Eran solicitantes de Refugio del mismo país con casos relativamente similares, la variante más importante era el miembro del comité. En tres casos nos presentamos a la audiencia, entregamos la evidencia oral y los documentos y los miembros fueron muy amables y luego de terminar con sus preguntas inmediatamente dijeron que los casos estaban aceptados.

Pero en otros dos casos, las audiencias se convirtieron en un interrogatorio adverso, lo cual no debería ser en un caso de refugio ya que la audiencia está diseñada supuestamente para escuchar evidencia y no para atacar al solicitante. El tipo de preguntas no eran para obtener información sino para confundir y atacar. Incluso en una de las audiencias me vi forzada a llamarle la atención al miembro del Consejo para que desistiera de atacar e intimidar a mi cliente.

Las decisiones subjetivas ocasionan mucho estrés e inseguridad al solicitante, ya que al tiempo que están esperando solucionar sus problemas, están viendo que la situación en su país se está deteriorando y sufren el temor de posiblemente ser forzados a volver.

Muchos han dejado a su familia nuclear y hasta no solucionar su estatus en Canadá no podrán reunirse con ellos nuevamente. También generan un gasto excesivo ya que deben apelar estas decisiones ante la Corte de Apelaciones y/o la Corte Federal.

También ocasionan gastos al Refugee Protection Division, ya que un 33% de los casos rechazados que presentan una apelación son enviados nuevamente para una audiencia, y un número importante también son enviados de la Corte Federal para una nueva audiencia porque ha habido errores en la decisión o porque no se han seguido las reglas de justicia natural.

Aunque la Division de Protección al Refugiado no es una corte formal, ni los miembros de esta división son jueces, ellos deben respetar el estado de derecho y no dejar que su ideología política influya en sus decisiones. No importa si un refugiado está siendo perseguido por la derecha o la izquierda, si la persona puede demostrar que tiene un temor bien fundado de persecución, el miembro debe poner de lado su ideología y brindarle el estatus de protección que está contemplado bajo las leyes.