El presidente Kuczynski logra apoyos para evitar su destitución
El presidente Kuczynski logra apoyos para evitar su destitución
El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, ha recibido el apoyo de los gobernadores de Arequipa, Cusco, La Libertad y Piura contra la moción que debatirá este jueves el Parlamento para destituirlo por sus supuestos vínculos con el caso Odebrecht.
Por recomendación de su abogado, Alberto Borea, el mandatario envió el martes una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresando “la profunda preocupación” de su Gobierno ante “hechos que afectan la estabilidad democrática” del país. Kuczynski enumera el intento del fujimorismo de destituir a tres miembros del Tribunal Constitucional, al fiscal general y el propio proceso en su contra, en el cual el Congreso lo acusa de “incapacidad moral”, una figura contemplada en la Constitución.
El exbanquero indica que esos hechos, según la Carta Democrática Interamericana, “atentan contra la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder”, y solicita el envío de un observador para la sesión de debate. Almagro anunció ayer que enviaría una delegación a Perú.
El partido fujimorista Fuerza Popular (con 71 de 130 escaños en el Congreso) divulgó el miércoles de la semana pasada un documento que solicitó a la transnacional brasileña Odebrecht —que tejió una trama de sobornos en el continente para hacerse con contratos de obra pública— sobre los pagos realizados entre 2004 y 2013 a dos empresas vinculadas con Kuczynski. El monto total asciende a 4,8 millones de dólares, 752.000 depositados en Westfield Capital, una firma de banca de inversión que abrió en 1992 el ahora presidente en Estados Unidos.
El mandatario ha explicado que cuando asumió como ministro durante el Gobierno de Alejandro Toledo, entre 2004 y 2006, se había desligado de su empresa y dejado los negocios en manos del gestor Gerardo Sepúlveda. El economista chileno aseguró a los diarios El Mercurio y El Comercio que nunca había informado a Kuczynski sobre los contratos cerrados en esos años. Fuerza Popular promovió la destitución con el argumento de que el jefe de Estado había mentido a la comisión parlamentaria de investigación del caso Lava Jato cuando declaró en octubre que nunca había tenido vínculos profesionales con Odebrecht.
El pasado viernes 93 congresistas votaron a favor de debatir el cese del presidente, pero todavía seguían este miércoles las negociaciones de los congresistas oficialistas de Peruanos por el Kambio (PPK) con otros parlamentarios para evitar la debacle. El partido APRA, que la semana pasada se sumó con firmeza a la moción junto a Fuerza Popular y el izquierdista Frente Amplio, se mostraba más flexible ayer. El parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén, por ejemplo, afirmó en un programa radial que si Kuczynski demostraba que no conocía los contratos de Odebrecht con Sepúlveda, no habría motivo para la destitución.
Documentos de sustento
La vocera de Alianza para el Progreso (APP), Marisol Espinoza dijo a EL PAÍS que “no puede ser que una elección popular de 30 millones de peruanos sea cambiada por una mayoría autoritaria. La forma como se le ha entregado la moción al presidente no precisa cuál es el cargo [por el que indican que tiene “incapacidad moral permanente”], no hay un fundamento para la vacancia [destitución]”. Y agregó: “Hay un golpe sistemático a la gobernabilidad en el país: la arremetida contra el Tribunal Constitucional y contra el Fiscal de la Nación, la prolongación de la legislatura hasta el 12 de enero. Ya lapidaron al presidente sin escucharlo, y esa es una mala práctica inconstitucional”.
Otro cambio ocurre en la bancada del izquierdista Nuevo Perú, que también votó a favor de debatir la moción la semana pasada, ahora matiza su posición. “Tiene que haber algún fundamento razonable que lleve a romper el orden democrático. Hemos dicho que hay un golpe institucional en curso, con una fuerza como el fujimorismo tan grande, y con el pasado que tiene, es una acción que amerita tomar en cuenta en las decisiones que se van a tomar”, dijo Marisa Glave, congresista de Nuevo Perú, a la prensa en Lima.
LA IMPLICACIÓN DE LA OPOSICIÓN EN LA TRAMA
El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia explicó a EL PAÍS que el pedido de “vacancia presidencial” (destitución) promovida por el fujimorismo y el APRA, “pretende generar caos para entrampar las investigaciones de la Fiscalía [por presunto lavado de activos en la campaña de Keiko Fujimori en 2011, y los vínculos del expresidente Alan García, del APRA, con Odebrecht en su segundo Gobierno]”.
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