La carrera a contrarreloj de Bachelet en La Moneda
La carrera a contrarreloj de Bachelet en La Moneda
La última semana de Michelle Bachelet en La Moneda fue a contrarreloj. A cinco días del cambio de mando del pasado domingo, la presidenta presentó su proyecto de nueva Constitución, que ha sido criticado por el Gobierno entrante de derecha, de Sebastián Piñera, cuya Administración frenará la iniciativa. “No lo conocía prácticamente nadie, ni siquiera los partidos de la Nueva Mayoría de centroizquierda”, señaló el mandatario en entrevista con EL PAÍS. No fue la única decisión, sin embargo, que la socialista tomó a última hora. Hasta el mismo domingo por la mañana, poco antes de la ceremonia de traspaso de poder, Bachelet realizó gestiones para llevar a cabo su último proyecto estrella: cerrar la cárcel de Punta Peuco, un recinto destinado exclusivamente a violadores de los derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet, criticado por las víctimas desde su fundación en 1995 por las condiciones privilegiadas en que viven los exmilitares y agentes. Pero la mandataria no tuvo éxito: su ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó a firmar el decreto para su cierre.
Bachelet y sus círculos no han entregado una versión oficial, pero el propio exministro Campos ha dado algunas luces de lo sucedido. Hasta el viernes a las cinco de la tarde, cuando dejó el ministerio, el extitular de Justicia no habría recibido el decreto firmado por Bachelet. La presidenta habría apurado las gestiones durante el sábado y domingo, los dos últimos días de su mandato. \ privadas con la presidenta no las comento ni con mi mujer ni menos con la prensa. Pero si el sábado o el domingo me hubiesen planteado ejecutar cualquier acto vinculado con el Ministerio de Justicia, el que hubiese sido, me habría negado a hacerlo”, advirtió en ADN Radio. “En los hechos, yo cesé mis funciones como ministro de Justicia el día viernes a las cinco de la tarde. Aunque hubiese sido el Papa de Roma, ni el sábado ni el domingo ejecuto acto alguno”, señaló Campos, que nunca estuvo en contra el cierre, sino que se habría negado por la oportunidad de la decisión.
Las críticas corren por distintos caminos. Por una parte, un sector de la oposición apunta contra el exministro Campos, que se negó a firmar el decreto de Bachelet, cuyo Gobierno terminaba formalmente el domingo a mediodía. Los activistas de derechos humanos y las víctimas, en tanto, reprochan la tardanza de la Administración anterior en haber tomado la decisión de cerrar Punta Peuco, donde actualmente cumplen prisión unos 130 internos, entre los que se hallan los jefes de los órganos represivos y los agentes que actuaron con mayor crueldad. Sobre todo porque, como señaló Quintana, se trataba de una decisión política, que Bachelet pudo tomar en cualquier momento de sus cuatro años de su segundo mandato (2014-2018).
Pero lo que causa mayor sorpresa es el problema político mayor que Bachelet le podría haber heredado a su sucesor. En un sistema ordenado como el chileno, marcado por los gestos de deferencia entre un presidente y el que le sigue, a Piñera le habría correspondido cursar o paralizar el decreto firmado un domingo, cuando la Contraloría General de la República se halla cerrada. Cualquiera hubiese sido la decisión del actual presidente respecto de Punta Peuco habría representado su primera crisis.
El decreto firmado por Bachelet contemplada redestinar la cárcel de Punta Peuco a los presos que requieren un tratamiento especial, como las embarazadas o los enfermos. Los violadores a los derechos humanos habrían sido trasladados al penal Colina 1, que hace algunos meses fue ampliado.
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