Lenín Moreno purga de correístas su Gobierno en su primer año al frente de Ecuador
Lenín Moreno purga de correístas su Gobierno en su primer año al frente de Ecuador
Lenín Moreno y su nuevo ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.
Rafael Correa entregó la banda presidencial hace este jueves un año y se retiró del acto de investidura para no eclipsar a su sucesor y hasta entonces aliado, Lenín Moreno. En la fotografía política actual de Ecuador ya no hay espacio para el exmandatario ni para sus socios. En su primer año de Gobierno, Moreno ha depurado su Gabinete de correístas, ha dado marcha atrás en aspectos conflictivos de la anterior Administración —como la política económica o los ataques a la prensa— y ha dado vía libre para perseguir la corrupción del Ejecutivo de Correa. En el camino, su gestión ha sufrido un abultado desgaste perdiendo más de 30 puntos de aprobación al pasar de un 77% en agosto pasado a un 46% el presente mes.
La designación de un empresario para dirigir la política económica reveló definitivamente la estrategia de depuración de rostros correístas, forzada por la corrupción y la ruptura dentro del partido que representaba hasta hace no mucho a Moreno y Correa, Alianza PAIS, de la que este último es fundador. Antes de los dos ministros de Economía, fueron destituidos o sustituidos aliados muy cercanos al expresidente por diferencias políticas o por investigaciones de corrupción.
El vicepresidente Jorge Glas fue el primero en dejar el cargo, al ser condenado a seis años de cárcel por el caso Odebrecht. El presidente del Parlamento, José Serrano, que fue ministro de Interior con Correa, también fue destituido, así como el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, exasesor presidencial del exmandatario. El ministro de Interior, César Navas, y el de Defensa, Patricio Zambrano, dejaron sus carteras por su fallida gestión del secuestro de tres trabajadores del diario El Comercio a manos de disidencias de la antigua guerrilla colombiana de las FARC. Finalmente, la canciller María Fernanda Espinosa, que ocupó varios cargos con Correa y que ha sido duramente criticada por sus tibios pronunciamientos sobre Julian Assange —recluido en la Embajada de Ecuador en Londres— y Venezuela, ha aparcado su responsabilidad esta semana para enfocarse durante un mes en su candidatura a la Asamblea General de la ONU. Si se hace con el puesto, no regresará al Gobierno de Moreno.
La separación entre morenistas y correístas se agudizó a finales de 2017, tras medio año del nuevo Gobierno, coincidiendo con la campaña por la consulta popular que ganó Lenín Moreno y que cerró las puertas a un eventual regreso de Correa como candidato a la presidencia. La disputa facilitó la salida de las autoridades de control cuestionadas por su subordinación al expresidente.
Ley de Comunicación
La consulta separó además a los disidentes del bloque de Alianza PAIS en la Asamblea Nacional. Los más fieles a Correa se desafiliaron del partido e iniciaron los trámites para fundar un nuevo movimiento. Aunque en teoría la bancada del partido y sus disidentes votan de forma independiente, en la práctica han apoyado los mismos proyectos. Sobre todo los más polémicos, como el rechazo de la propuesta de crear una comisión que investigase la presunta financiación de las FARC a Rafael Correa en su primera elección.
Para culminar el desmarque de Moreno, esta semana llegó al Parlamento la reforma a una de las leyes icónicas de la Administración de Correa, la de Comunicación. En la nueva redacción de la norma, se elimina la Superintendencia de Comunicación, criticada por los medios al ejercer de juez y parte en las sanciones a la prensa. Aunque la propuesta legislativa mantiene el espíritu regulador sobre el periodismo, se han suprimido los límites a la publicación de información controvertida o la obligación de difundir datos de “interés público”.
LA FACTURA DE LA CORRUPCIÓN Y LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS
En menos de un año, Lenín Moreno ha dilapidado la buena imagen que cosechó con sus primeros gestos de desmarque de Correa. Los avances en la investigación de la corrupción y la denuncia sobre la mala gestión económica de su predecesor le generaron una aprobación del 77% en agosto, según la firma Cedatos. Hoy no llega al aprobado (46%), pues las principales preocupaciones ciudadanas siguen siendo la crisis económica (27,3%), el desempleo (25,5%) y la corrupción (15,2%). Incluso, pese a que los ecuatorianos colocan en quinto lugar (con un 33%) el combate a la corrupción como una de las tareas en las que la Administración actual ha sido más eficiente. Lo que más inquieta al país respecto del panorama económico es la abultada deuda, que excede de los 50.000 millones de dólares, y la falta de transparencia a la hora de presentar las cifras oficiales. Tampoco ha sido suficiente el cambio en las formas y el tono conciliador con el que quiso, ya desde la campaña, distinguir su gestión como presidente. Aunque los ciudadanos creen que Moreno ha sido eficiente en defender la libertad de expresión (66%) y generar diálogo (57%), el descrédito (53,7%) supera, ahora, a quienes sí confían en el mensaje presidencial (42,3%).
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