Un reclamo salarial paraliza a todas las universidades públicas argentinas

Un reclamo salarial paraliza a todas las universidades públicas argentinas

Manifestación de profesores agrupados en Conadu a favor de la universidad pública. CONADU

Los profesores de las 57 universidades públicas argentinas están en guerra contra Mauricio Macri. El ajuste fiscal al que se ha comprometido el Presidente ante el FMI, a cambio de un rescate financiero de 50.000 millones de dólares, ha abierto en Argentina un nuevo frente de conflicto de alcance nacional. Los tres principales sindicatos de docentes universitarios están en huelga desde el martes y no irán a las aulas hasta el viernes. Para muchos de ellos, la semana de protesta se agrega al paro que los sectores más combativos ya cumplen desde el inicio del segundo cuatrimestre académico, hace tres semanas. Hoy no ha habido clases en todas las universidades públicas argentinas; tampoco en los colegios secundarios que dependen de ellos. Los profesores reclaman una subida salarial del 30%, a tono con la inflación prevista para este año. El Gobierno dice que no tiene dinero y ofreció 15% de subida, una cifra considerada inaceptable por los sindicatos.

Para los profesores, la oferta fue poco seria y llamaron a la huelga general. “El Gobierno tiene que dar una respuesta efectiva. El no inicio de clases, los abrazos a las universidades y las múltiples instancias de lucha son el emergente del profundo malestar de los docentes y la comunidad universitaria”, dijo Carlos De Feo, secretario general de la Conadu, una de las federaciones gremiales que agrupa a los profesores. Esta vez, la huelga total alcanzó también a los colegios secundarios preuniversitarios, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, dos centros considerados de excelencia académica. El rector “del Buenos Aires”, como se lo conoce, ya anticipó a los alumnos que no tendrán clases durante toda la semana “por carecer del personal mínimo que garantice la organización diaria”. A la huelga de esta semana, los sindicatos sumaron una movilización para el 30 de agosto, que promete ser multitudinaria.

El reclamo de los docentes tiene como telón de fondo un recorte en el presupuesto para las universidades públicas. Es en este punto donde el conflicto suma a los rectores, que temen que 2019 los encuentre sin fondos para cubrir las nóminas, responsables del 80% de todo el gasto universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde se agrupan los directivos, advirtió al Gobierno que el año que viene necesitará para sus “gastos mínimos e indispensables” aportes por 133.000 millones de pesos (4.333 millones de dólares), un 32% más que en 2018. El presupuesto nacional que el Congreso debatirá a partir de la semana que viene contempla para las universidades una partida 25% mayor que la de este año, cinco puntos por debajo de la inflación estimada por los más optimistas.

Macri tiene un problema en las universidades. Sus gremios tienen alto poder de movilización y sus alumnos suelen apoyar las medidas de fuerza. La estrategia del Gobierno ha sido, hasta ahora, subidas unilaterales de salarios, pero sin el consenso de los profesores. La manifestación del 30 de agosto será el termómetro que medirá la presión que enfrenta Macri en la calle, en un escenario de creciente crisis económica.