El suicidio de Alan García abre un debate sobre la lucha anticorrupción en Perú

El suicidio de Alan García abre un debate sobre la lucha anticorrupción en Perú

Seguidores de Alan García, frente al féretro con los restos mortales del expresidente.

Mientras los familiares y seguidores de Alan García, el dos veces presidente de Perú fallecido este miércoles tras dispararse en la cabeza antes de ser detenido por su implicación en el caso Odebrecht, velan aún sus restos mortales, los principales líderes de opinión peruanos y los representantes de las grandes formaciones políticas se han enfrascado en un acalorado debate sobre los límites de la lucha anticorrupción en Perú. Congresistas del Partido Aprista —al que pertenecía García— y fujimoristas, entre otros, aseguran que los arrestos preventivos son un “exceso”: los fiscales, dicen, tardan mucho tiempo en llevarlos a juicio y más de uno de cada tres presos en el país sudamericano están entre rejas sin condena.

Frente a quienes ponen en duda la actuación de la justicia,el jurista Javier de Belaúnde considera que algunos políticos “han querido llevar agua para su molino”. “El desenlace de Alan García es lamentable, pero ha habido un uso rastrero de atribuir esto [el suicidio] a otros. Los fiscales están cumpliendo su deber y el periodismo de investigación ha cumplido un rol inusual e importante. Hay que pedir serenidad y poner la decisión del expresidente en su contexto personal”, agrega. “Las investigaciones anticorrupción deben continuar. Se habla de excesos en la prisión preventiva, pero ello ocurre por una cierta dificultad de la Fiscalía [de atender tantos casos] por sus recursos limitados. El llamado es a los poderes políticos para que le asignen recursos. El sistema anticorrupción debe ser respaldado porque tienen todas las de perder ante el poder político y económico”.

Belaúnde agrega otro elemento en juego: el histórico control de los tribunales por parte del poder político. “Históricamente”, expone, “el sistema de justicia en Perú ha estado dominado por el poder político y es una gran novedad que en el Ministerio Público y el Poder Judicial no haya esa injerencia ni dominio y que estemos frente a investigaciones fiscales independientes. Por eso los políticos han pasado del desconcierto al ataque”.

En la misma línea, el investigador y jurista Luis Pásara alerta sobre las potenciales consecuencias de esta ola de críticas a la actuación del Poder Judicial. “Quienes usan este episodio como ocasión para pedir que ‘cese la persecución’ –como el cardenal Cipriani– o que ‘acabe el odio entre peruanos’ –como el dirigente aprista Jorge del Castillo– no están preocupados por el suicidio de un investigado sino por las investigaciones sobre los demás corruptos”, carga. “La principal amenaza es utilizarlo para que el trabajo de fiscales y jueces contra la corrupción pierda respaldo ciudadano. El caso Lava Jato en Brasil enseñó que ese respaldo es fundamental para que el proceso judicial avance y en Perú sigue estando en juego la recuperación de algo de salud de la república mediante una labor higiénica de la justicia que establezca hasta dónde ha llegado el cáncer de la corrupción y condenar a quienes lo merecen”.

Aunque la línea del aprismo y del fujimorismo ha sido mayoritariamente crítica con la actuación de la justicia peruana en el caso de Alan García, también se han abierto paso en el debate público voces —aunque de menor peso y con mucha menos visibilidad— que optan por la autocrítica en sus propias filas. “La decisión [de García] de inmolarse no debe usarse para generar odios a otras personalidades del Estado”, ha dejado caer el dirigente del Partido Aprista Carlos Roca, uno de los discípulos de Víctor Raúl Haya de la Torre en la emisora Radioprogramas. “La lucha contra la corrupción hay que continuarla: hay gente que ha cometido faltas gravísimas y ha defraudado la moral pública”.