INMIGRANDO A CANADA

INMIGRANDO A CANADA

Por Vilma Filici

filici@filici.com

TORONTO. Las medidas fiscales que está tomando el gobierno conservador del Premier Doug Ford se están llevando de encuentro a muchos sectores de la provincia. Los últimos afectados son los nuevos inmigrantes y los solicitantes se refugio, como efecto del recorte de alrededor del 30 por ciento asignado para la agencia de asistencia en asuntos legales, Legal Aid Ontario (LAO).

Este recorte de fondos del gobierno provincial significa que los abogados que tienen contratos de representación con la agencia dejarán de prestar servicios que no estén cubiertos por Lega Aid, como representación en audiencias de refugio, apelaciones y solicitudes de residencia permanente por razones de humanidad y compasión, de forma inmediata.

Hay que recordar que cuando una persona llega a Canadá y pide refugio, está solicitando la residencia permanente por razones humanitarias y de compasión o cuando está pidiendo una revisión judicial ante la Corte Federal, podía hacer una solicitud de asistencia legal ante LAO.

Ante la solicitud, generalmente LAO enviaba una serie de documentos al abogado del solicitante, quien tenía que enviar una repuesta a LAO explicando los méritos del caso a representar. Así, basándose en la presentación del caso que hace el abogado, LAO le da o no la asistencia legal al solicitante.

Otro criterio a considerar aun ahora, para los limitados casos en los que Legal Aid proporcionara financiamiento,  es que la persona no debe tener ningún tipo de ayuda financiera, no debe tener trabajo ni familia en el país que le pueda ayudar, y a veces la persona después tiene que devolver este dinero a LAO.

Pero ahora, el gobierno provincial está reduciendo los fondos presupuestarios para LAO en un 30 por ciento, lo que significa que recibirá $133 millones menos en este año fiscal. Esto se está traduciendo en que desde la fecha del anuncio del recorte ningún abogado puede prestar servicios nuevos a los refugiados o inmigrantes más allá de la preparación inicial de su caso de refugio.

Esto es preocupante porque en un caso de refugio no es que el solicitante sencillamente va y cuenta lo que le ha sucedido, sino que junto con su historia tiene que llenar una serie de requisitos para demostrar que cumple con la definición de lo que es un refugiado o de una persona que necesita protección de acuerdo con las leyes canadienses.

Además, también hay otros factores legales que juegan un papel muy importante en la presentación de un caso de refugio, como por ejemplo si la persona podía haber tenido protección del estado, si podía haberse ido a vivir a otra zona del país donde razonablemente podía haberse reubicado antes de salir del país, y otras cuestiones legales que solamente un abogado o una persona que conozca bien del tema puede presentar ante el Consejo de Refugio de Canadá.

Antes de que estos recortes fueran anunciados ya había un problema para los refugiados y para los inmigrantes, pues no todos podían obtener asistencia legal. Únicamente la obtenían los casos donde el abogado que los representaba y los oficiales de LAO decidían que el caso tenía mérito, pero ahora ni siquiera estos casos serán financiados.

A pesar de que este anuncio se presenta como una forma de disminuir el déficit fiscal de la provincia, yo creo que este recorte en la asistencia a los refugiados tiene otras razones que van más allá de lo que el gobierno provincial quiere que creamos. Yo creo que es un ataque más al gobierno federal, ya que el gobierno provincial de Doug Ford ha estado atacándolo en relación al tema de los refugiados desde que tomó el poder en Ontario ya que en repetidas ocasiones el Premier Ford ha dicho que el gobierno federal es quien se tiene que hacer cargo de los refugiados.

Esto me da a pensar que la medida ha sido tomada por el gobierno conservador de Ontario para congraciarse con sectores de la población que no ven con simpatía a los refugiados y nuevos inmigrantes y que normalmente no votan por el gobierno liberal justo en el año en que habrá elecciones federales, probablemente apostando por que el tema de la inmigración tendrá un impacto importante en los resultados de esas elecciones.

De hecho, estos ataques, juntamente con el de otros gobiernos conservadores provinciales, han forzado al gobierno federal a tomar medidas en contra de los refugiados, lo cual se ha visto en el “Omnibus Bill” que presentó el Partido Liberal ante el Parlamento Federal hace un par de semanas, por medio del cual se le va a negar la posibilidad de pedir refugio en Canadá a aquellas personas que previamente han pedido refugio en alguno de los países con los cuales Canadá comparte información.

Otra cosa muy importante es que todos los abogados que practican la ley de inmigración y refugio usando asistencia legal son personas que en realidad tienen un compromiso hacia los refugiados, porque cuando se trabaja con asistencia legal el abogado está limitado en el número de horas que puede trabajar en un caso, y también está limitado en la tarifa que cobra por su representación.  En algunas ocasiones estos abogados apenas reciben alrededor del 25% de lo que reciben otros abogados que le cobran al cliente, por lo que en realidad los abogados que trabajan con LAO están haciendo un servicio comunitario, una obra más bien de solidaridad hacia las personas que necesitan protección.

Por el momento, las asociaciones de abogados están haciendo presentaciones ante el gobierno provincial para tratar de que cambie esta posición ya tomada de no ayudar a las personas que necesitan asistencia legal, particularmente a los refugiados e inmigrantes y las personas más necesitadas de la provincia. Porque estos cortes efectivamente afectan a las personas más necesitadas y vulnerables de Ontario, estamos hablando de personas cuyos ingresos son menores a 17 mil dólares al año, cantidad que está muy por debajo de lo que es considerado la línea de pobreza.

Por el momento, los abogados y las organizaciones comunitarias se están organizando para pelear, y lo más probable es que el caso termine en litigio en la Corte Federal y eventualmente en la Corte Suprema, y que se pelee como un caso que viola los derechos constitucionales que tienen los refugiados y los inmigrantes. Porque estos recortes con sus respectivas consecuencias afectan el derecho constitucional de las personas a tener representación legal en casos en los que su vida o integridad personal estén en juego, sin embargo, hasta que la corte no declare que el recorte en el financiamiento para la representación legal de refugiados y nuevos inmigrantes es ilegal, son muchas las personas que van a ser perjudicadas por estas medidas.