En medio de una difícil batalla legal y después de seis años en el país, Uber anunció este viernes que dejará de prestar sus servicios de movilidad compartida en Colombia de manera indefinida.

La fecha para el apagón de la aplicación de transporte que es utilizada por unos 2,3 millones de usuarios y unos 88.000 conductores en el territorio nacional está prevista para las 00:00 a.m. del 1 de febrero. El anuncio, que generó reacciones desde las redes sociales hasta el Congreso de la República llega después de semanas agitadas para la empresa de origen estadounidense.

El 20 de diciembre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció un fallo de un juez administrativo en el que se le exigía a Uber cesar su operación por violar las leyes de competencia. El juez del caso le dio la razón a Cotech, la operadora de Taxis Libres, quienes argumentaban que la inexistencia de cupos, la prestación de servicios en carros particulares y el uso de una tarifa dinámica eran signos de competencia desleal.

Aunque Uber apeló la decisión, falta que termine la vacancia judicial y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reciba los argumentos y tome una decisión final sobre el proceso. Mientras ello ocurre, la orden del juez de primera instancia es de cumplimiento inmediato.

La Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones (MinTIC), principales abanderados de la digitalización y la economía naranja, no respondieron a solicitudes de comentarios. La posición oficial llegó de parte del Ministerio de Transporte en un comunicado que enfatizó que “está prohibido prestar servicio público de transporte en un vehículo privado”.

Incluso dijo que las plataformas tecnológicas si están reguladas para la modalidad de transporte individual de pasajeros con el Decreto 1079 de 2015, que en términos generales prevé la necesidad de establecerse con requerimientos como los de los taxis tradicionales.

Sin embargo, el comunicado reconoció que “se deben realizar reformas en el Congreso de la República para prever estos fenómenos nuevos de economía colaborativa, que permita nivelar las reglas del juego para todos los actores determinando nuevas condiciones de habilitación”.

Los escenarios

En los seis años que lleva operando Uber se han realizado alrededor de 300 millones de recorridos en 12 ciudades del país. Para algunos, la existencia de Uber ha subsistido en un ‘limbo jurídico’ y es producto de la falta de coherencia entre las mismas ramas del gobierno.

Para el congresista Mauricio Toro, quien presentó una iniciativa de regulación sobre el tema en noviembre pasado, la situación “demuestra la incompetencia que ha tenido el Estado colombiano, incluido este Gobierno, en reglamentar estas plataformas, que llegaron para quedarse”. Según el Representante a la Cámara, además de las 7 operando, se espera que en los próximos 5 años lleguen entre 4 y 7 nuevas. “Esto hay que hablarlo, no se puede solucionar prohibiendo”.

Frente a los otros servicios que ya existen, el abogado demandante, Nicolás Alviar, confirmó que tiene autorización para proceder legalmente contra ellas.

Sin embargo, también dijo que por el momento la firma de abogados está en proceso de investigación y documentación, lo que requiere solicitar -así como lo hicieron con Uber- documentación internacional apostillada, en países como Grecia, España, China y Rusia, lugares de origen de Beat, Cabify, Didi e InDriver, respectivamente. El proceso de Uber, por ejemplo, inició en 2016, con lo que como mínimo las iniciativas podrían tomar más de un año en desarrollarse.

Tras el anuncio de Uber, algunas aplicaciones realizaron un llamado a la regulación.En un comunicado de prensa, la división local de Beat, que llegó en junio de 2018, dijo lamentar las decisiones que “están limitando el acceso a servicios y oportunidades” y ratificó que por ahora continuarán prestando sus servicios con normalidad. Ni Cabify ni Didi hicieron comentarios.

En el panorama de la movilidad, expertos del sector esperan que usuarios y conductores se migren a esas otras aplicaciones. Para el docente y experto en transporte sostenible Darío Hidalgo, “no vamos a ver ni un colapso ni un descalabro pero sí la incomodidad o la trasferencia de usuarios hacia otro tipo de servicios que aún siguen operando”.

Edulfo Rincón* (nombre cambiado a solicitud de la fuente), conductor bogotano, que ha trabajo tanto en taxis como en Uber, confirma la postura de Hidalgo, pues dice que, como él, muchos ya estaban registrados en otras aplicaciones y seguirán allí. Sin embargo, no descarta que algunos conductores renuncien a prestar estos servicios ante la incertidumbre.

“Quienes compraron su carro para pagarlo trabajando pueden temer no lograrlo y optarán por vender sus vehículos y pagar sus deudas”. Ricón, también dijo a EL TIEMPO que algunos conductores están planeando grupos de Facebook y WhatsApp para comunicarse directamente con los potenciales clientes y ofrecer el servicio de forma particular.

A pesar de la pesada sombra de una eventual demanda al Gobierno por supuestas violaciones al TLC, paso legal que Uber no ha descartado, también hay que evaluar las cifras sobre los socio-conductores. Según Uber, de esos 88.000 colaboradores un 76 % tiene personas a cargo y el 60 % son personas cabezas de familia. Sin embargo, buena parte de quienes prestan sus servicios a través de Uber no derivan su sustento ni el de sus familias de esta sola actividad. De hecho, los servicios de Uber se lanzaron, desde un comienzo, como alternativa para que las personas tuvieran un ingreso adicional más no como un trabajo directo.

En materia de impuestos, para Martha Juliana Silva, presidente de Silk Banca de Inversión “la salida de Uber tendrá impacto en el equivalente al monto de IVA que generó los últimos años y el empleo que generó a miles de conductores”.

Según se conoció, el año pasado, por IVA de servicios prestados en el exterior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recaudó 221.000 millones de pesos, de los cuales Uber habría contribuido con cerca del 9 por ciento. Y es que en las cuentas dicha plataforma en los últimos dos años giraron a la Dian 35.000 millones de pesos en IVA, esto es, unos 17.500 millones por cada año.

Otras reacciones

Para el senador del Polo Jorge Enrique Robledo, quien ha sido uno de los más duros críticos de Uber en el Congreso, aseguró que la controversia no debe ser por la utilización de nuevas tecnologías sino con el cumplimiento de la Constitución y la ley, y agregó que esta prefirió “irse de Colombia a cumplir con las leyes nacionales”.

En ese sentido, el expresidente y senador Álvaro Uribe también dijo que no está en discusión la conveniencia de la aplicación, sino de la ley, pues considera que Uber debe cumplir con los requisitos de una empresa de transporte, aportar a la seguridad social de los trabajadores y se debe “nivelar la cancha con los taxistas”.

Pero hay sectores que piensan diferente. La senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, lamentó que por la “incapacidad del Gobierno” miles de personas pierdan una opción de ingreso y los usuarios su posibilidad de escoger.

Yendo más allá, para entusiastas de la tecnología como David Luna, exministro de TIC, este es el “principio del fin de los beneficios de la economía digital”. El ahora director de la iniciativa Al Centro, cree que “Colombia puede pasar de verdad a convertirse en un ejemplo muy negativo y muchas otras plataformas que benefician al usuario pueden terminar tomando la misma decisión de irse en ausencia de respeto, más que de garantías o legislación”.