Mientras España se aproxima o se encuentra ya en el pico de casos de coronavirus y los hospitales se desbordan de pacientes graves que necesitan ingreso en planta o en las UCI, los sanitarios que cuidan de estos enfermos se ven desamparados. Relatan a diario, en redes sociales o a través de sus representantes sindicales, cómo improvisan batas de protección con sábanas quirúrgicas o cómo reutilizan material como las mascarillas, que son desechables.

Los test rápidos que el Gobierno lleva días prometiendo no han empezado a usarse en los hospitales, que continúan con la técnica lenta, aunque mucho más segura, de la PCR. En los territorios más golpeados por la crisis, como Madrid y Cataluña, se la hacen solo a los enfermos graves y al personal sanitario, lo que impide saber cuántos contagios hay realmente.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció este miércoles que ha formalizado un contrato de compra de material sanitario a China por valor de 432 millones de euros. “Esta semana tendremos una primera entrega”, dijo. Hace dos semanas que Sanidad promete material y pruebas, pero la escasez persiste. Por otro lado, el sector de la dependencia, con las residencias de ancianos como uno de los grandes focos de esta pandemia, también lleva semanas reclamando medios.

Mascarillas: inseguridad y desamparo

Un hospital grande puede llegar a consumir 5.000 mascarillas quirúrgicas (las más sencillas) en un día, lo que da la medida de la ingente cantidad de este tipo de material, además de batas, guantes o gafas de protección, que se necesitan para que el personal médico y, sobre todo, enfermeras y auxiliares atiendan a los enfermos infectados. Los consejos generales de médicos, farmacéuticos, enfermeros, dentistas y veterinarios alzaron la voz este miércoles en un comunicado conjunto.

Aseguran que los 721.000 profesionales sanitarios a los que representan están “en una situación de total inseguridad y desamparo”. Llevan a cabo su trabajo en “condiciones sanitarias inadecuadas y muy arriesgadas, al existir una falta de suministro del material y equipos de protección necesarios para garantizar la seguridad precisa”, añaden.

Varias organizaciones han recurrido a los tribunales para exigir esos equipos de protección. Un juzgado de Madrid aceptó la petición de una asociación de médicos para que dotara de protección a todos sus sanitarios. El Tribunal Supremo, en cambio, rechazó este miércoles obligar al Ministerio de Sanidad a suministrar en 24 horas a todos los centros sanitarios de España públicos y privados el material.

Desestimó la petición de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos porque aunque entiende “la labor decisiva” que están realizando los sanitarios y que “deben contar con todos los medios necesarios” para atender a los pacientes, “no consta ninguna actuación contraria a esa exigencia evidente y sí son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla”.

Pese a los sucesivos comunicados con número de mascarillas ya entregadas a las comunidades, lo cierto es que los hospitales siguen quejándose de falta de equipos suficientes. Según anunció el ministro Illa, en las próximas ocho semanas llegarán 550 millones de mascarillas y 11 millones de guantes. La pregunta más repetida estos días —¿por qué no había en España una reserva estratégica de material sanitario para posibles amenazas?— sigue sin respuesta.

Los expertos consultados, que piden anonimato, apuntan a que no solo España, sino el resto de países europeos, no tomaron nota de los brotes de SARS y MERS como sí hicieron los asiáticos. Por eso no había material almacenado para una posible pandemia y cuando se quiso comprar, la agresiva competencia mundial lo hizo muy complicado. Varias autonomías han acusado al Gobierno de reaccionar tarde, pero ellas tampoco compraronstock. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que hace unos días prometió que llegarían dos aviones cargados de material para Madrid, tuvo que reconocer este miércoles en una entrevista en Telecinco que “comprar material en otros países es francamente complicado en estos momentos”.

Test de detección: con cuentagotas

Este miércoles se cumplió una semana desde que Fernando Simón, coordinador de Emergencias del Ministerio de Sanidad, dijo que las pruebas rápidas de coronavirus empezarían en dos días. El domingo volvió a decir que era inminente. De haber sido así, y haberse iniciado un plan para ampliar la prueba a capas más amplias de la población, el número de casos reportado tendría que ser mucho más elevado de lo que dicen las cifras oficiales, 47.610 personas el miércoles. Lo cierto es que los muy anunciados test rápidos apenas han llegado con cuentagotas a algunas comunidades autónomas. En hospitales de otras regiones todavía no los han visto.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, dijo en una entrevista en televisión el martes por la noche que aún estaban analizando los test y que, por tanto, todavía no los han empezado a utilizar. Mientras tanto, los saturados laboratorios de microbiología de los hospitales públicos están haciendo hasta 800 determinaciones a diario con el sistema PCR, muy fiable pero que se demora unas cuatro horas y requiere maquinaria y personal muy especializado.

“Si no estamos ya en el pico de casos, estamos muy cerca”, afirmó el miércoles Simón. Sanidad reconoce que el número de test hechos no permite conocer más que una parte muy pequeña de las infecciones reales por coronavirus. Por eso la llegada de los test rápidos, que no necesitan laboratorio para procesar la muestra y que dan resultado en 10 o 15 minutos, tenía que suponer un cambio de paradigma en el proceso para conocer la situación real de la enfermedad en España. Salvador Illa anunció el miércoles que, dentro de la compra millonaria a China, ha adquirido 5,5 millones de test, que llegarán en “los meses de marzo y abril”.

Respiradores: asegurar la producción

Muchas de las UCI madrileñas están ya al doble de su capacidad teórica y han tenido que instalar camas de críticos en unidades como la Reanimación (donde despiertan los pacientes que han sido sometidos a una intervención quirúrgica) o los quirófanos, con muy poco uso desde que se suspendieron las operaciones programadas para dejarlos libres. Pero las camas, los muebles, son solo el más sencillo de los elementos que conforman una plaza de UCI.

Los pacientes graves con coronavirus desarrollan una neumonía bilateral que en muchos casos les impide respirar por sí mismos. Necesitan respiradores en una cantidad con la que ningún hospital contaba antes de esta crisis. De ahí que estos elementos sean de los más buscados en el mercado internacional.

Sin embargo, como ocurre con las mascarillas y el resto de material que forma los EPI (equipo de protección individual) hay pocas existencias y muchos potenciales compradores. Todos los países están intentando a la vez abastecerse de material médico. De los sucesivos anuncios de Sanidad se desprende que en anteriores pedidos el Gobierno ha ido comprando el material que ha encontrado, bien a través de distribuidores o en origen, pero que el gran contrato anunciado este miércoles corresponde a la compra de líneas de producción completas, según un experto en logística consultado.

Este tipo de acuerdos, en un momento de gran competición entre países y donde el productor cuenta con ventaja negociadora, suelen requerir el pago por adelantado de grandes sumas de dinero para asegurar la producción y la entrega. El ministro Illa precisó que el material llegará a lo largo de varias semanas y, en el caso de los respiradores, de meses, hasta junio.

Mientras tanto, algunos hospitales están comprando directamente, sin pasar por las consejerías de Sanidad ni por el ministerio. Así lo ha hecho en días recientes La Paz, en Madrid, que ha celebrado contratos por procedimiento de emergencia (compra directa, sin publicidad ni licitación alguna) para abastecerse de varios respiradores fabricados por Philips, electrocardiógrafos y mobiliario móvil específico para atender a los pacientes de coronavirus.

En la documentación, el hospital afirma que “la cifra de pacientes sospechosos de diagnóstico está experimentando un incremento exponencial” y señala que se están solicitando este tipo de equipos (respiradores) “desde todos los países a nivel mundial”. Por ello, afirma, “es de vital importancia tener una provisión de los mismos en nuestras dependencias” y declara la “emergencia” de la compra, por un total de 120.000 euros.

Residencias: desbordadas

En el sector de la dependencia están saturados. También les faltan test y equipos de protección individual. Muchas trabajadoras se marchan a casa en cuarentena y esperan, mientras ven cómo empeora la situación en sus centros, porque no les realizan la prueba. El Gobierno ha dicho que su situación es prioritaria y el pasado viernes el Ejecutivo y las comunidades acordaron que se les dará consideración de servicio esencial —que además de permitir la movilidad de los empleados, les dará prioridad a hora de realizar los test—, pero este miércoles la orden no se había publicado aún en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según los últimos datos oficiales, de 2018, hay 5.457 residencias en España; cerca de 277.000 usuarios. La situación es muy heterogénea. El sector insiste en que el virus no ha llegado a todas, pero las que tienen brotes están desbordadas. Los sindicatos y asociaciones profesionales piden medios desde hace semanas.

“Se ha llegado muy tarde, si hubiéramos actuado antes podría haberse evitado”, critica Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CC OO. El 5 de marzo, el Ministerio de Sanidad publicó unas recomendaciones de actuación en los centros, para restringir visitas, por ejemplo. Pero las comunidades tienen la competencia en la materia y cada una fue actuando a medida que avanzaba la pandemia.

El 19 de marzo, días después de la declaración del estado de alarma, el Ministerio de Sanidad publicó un protocolo, esta vez ejecutivo: determinaba la manera de aislar a los usuarios y se especificaba que los trabajadores debían usar medios de protección y que se generalizarían los test. “Las residencias no son centros sanitarios, sino sociales.

Las empresas tenemos equipos de protección para actuar ante enfermedades infecciosas, si se dan en algún usuario, pero no podíamos estar preparadas ante epidemias, no estábamos preparadas para algo así”, explica Jesús Cubero, secretario general de la patronal Aeste. “Además, ya no es que sea difícil comprar material de protección. Es que incluso hay problemas si intentamos enviar material a nuestros centros. La semana pasada nos requisaron material en el aeropuerto de Barajas cuando intentábamos enviarlo a Tenerife y Gran Canaria”, se queja.

El director general del Imserso, Luis Barriga, recuerda que la competencia sigue siendo de las comunidades autónomas, aunque el Gobierno pueda también dictar órdenes. Y afirma que sí está llegando material a algunos centros en comunidades en que tienen mayor volumen de casos. Pero reconoce que la situación en los centros es grave. Los sindicatos insisten en que en la mayoría siguen sin llegar y están a la espera de lo que el Gobierno lleva días diciendo que llegará “en los próximos días”.

El sector clama por recursos. “Hacen falta profesionales sanitarios en los centros. Las residencias son centros sociales, no hospitales. Un médico de atención primaria que está adscrito a una residencia no puede de ninguna manera atender a 100 usuarios”, reclama José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales”, experta en el sector.

Ayuda a domicilio: reorganizar el servicio

Más de 450.000 ancianos reciben asistencia a domicilio, según datos del Imserso de 2018. Los sindicatos llevan también semanas reclamando equipos de protección individual para trabajadoras que tienen que entrar en casa de los dependientes para asistirles. Su labor va desde tareas de limpieza o relacionadas con el hogar, a asistencia en la higiene, por ejemplo.

El miedo se ha extendido entre usuarios y trabajadores, que se quejan de que no tienen material para protegerse. Los sindicatos reclaman guantes, mascarillas, batas que puedan cambiarse de una casa a otra para minimizar riesgos. Otras fuentes del sector puntualizan que no todos los servicios requieren de estos equipos. Por ejemplo, para realizar la entrega de una compra a domicilio no es preciso ponerse una mascarilla.

En cualquier caso, tanto sindicatos como asociaciones profesionales reclaman una reestructuración del servicio, que se priorice cuáles son las actuaciones urgentes y cuáles tienen que reorganizarse. Hay ancianos que están negándose a que los profesionales entren en sus casas, por miedo. Y trabajadoras de baja, contagiadas. Pero es imposible conocer datos.

“Se aprobaron unas recomendaciones que están muy bien diseñadas el 18 de marzo, pero son solo recomendaciones para las comunidades, no se están cumpliendo”, reclama Ramírez, de la Asociación de Directoras y Gerentes. En ellas se establecía, entre otras cosas, que no se interrumpa el servicio en ningún caso en situaciones en que sea imprescindible para el aseo, la higiene personal o cuidado de la salud o la alimentación.

“Es urgente volver a valorar a los usuarios para determinar cuáles son las necesidades o, si no, también este sector vivirá problemas serios. E incluir aquí a los 100.000 usuarios que acudían a los centros de día y que ahora no están recibiendo asistencia”, añade. El director general del Imserso sostiene que en la mayoría de comunidades están reorganizando bien los servicios.

“Hay un vacío informativo, ni el Ministerio de Sanidad ni las comunidades autónomas nos están informando de cuántos equipos de protección individual están llegando, ni de cómo se están distribuyendo ni si están dando prioridad al sector de la dependencia”, se queja Antonio Cabrera, de CC OO. Él también insta a reorganizar servicios y a que se cubran los esenciales, minimizando riesgos. Gracia Álvarez, responsable de dependencia en UGT, también reclama medidas urgentes en el sector. Exige que, por fin, lleguen los equipos de protección individual y se generalicen los test.