Crece escándalo de presunto espionaje

Crece escándalo de presunto espionaje

Macri en el G20 en Buenos Aires.

Gobierno anuncia intervención de Servicio Penitenciario

BUENOS AIRES, 10 JUN – El gobierno de Argentina se encamina a intervenir el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que administra y controla las cárceles del país, ante las denuncias de presunto espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri, un entuerto que también afecta a periodistas, funcionarios y políticos.
El presidente Alberto Fernández reiteró hoy su “enorme preocupación” ante el presunto espionaje en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la administración anterior y anunció la decisión de intervenir el SPF.
“Espero que la Justicia haga lo que tiene que hacer” con las denuncias de presunto espionaje ilegal, dijo Fernández en declaraciones a Radio 10 y recalco que su gobierno trabaja para que “estas cosas nunca más ocurran”.
Caamaño denunció presuntos vínculos entre funcionarios y miembros de la AFI para espiar ilegalmente a empresarios y ex funcionarios kirchneristas presos en las cárceles federales, lo que derivó en la reciente apertura de una cauda a cargo del juez federal de Lomas de Zamora (periferia de Buenos Aires) Federico Villena.
En ese contexto miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron distintos espacios del penal de Ezeiza por orden de Villena, que también ordenó revisiones minuciosas en las oficinas de la Dirección de Análisis de Información del SPF, el sector de inteligencia conocido por el nombre de “Área 50”.
Asimismo, la AFI, ahora bajo control de Caamaño, entregó el lunes a la titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 10, Paloma Ochoa, las casi 500 fichas de periodistas, dirigentes sociales y políticos, académicos y empresarios, entre otros, en el marco de la denuncia por “producción de inteligencia ilegal” presentada en la Justicia federal.
En las fichas de periodistas aparecen muchos de los acreditados a la Cumbre del G20 en Buenos Aires (diciembre de 2018) y a la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC), también en la capital argentina (diciembre de 2017), entre ellos siete miembros de la redacción de ANSA Latina.
Algunas de las fichas, a las que tuvo acceso ANSA, tienen comentarios sobre actividades fuera de la profesión, gustos políticos o militancias de los periodistas, informaciones que aparentemente son de conocimiento público, pero que nada tienen que ver con las cuestiones del G20 o la OMC.
La denuncia solicita la citación del expresidente Macri (gobernó Argentina entre 2015 y 2019), “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (artículo 12, de la ley 25.520)”.
Según publicó hoy la prensa local, varias de las víctimas directas de esta “producción de inteligencia ilegal” -como califica la denuncia- analizan presentarse, a su vez, en una querella conjunta.
Empero, piden que el Estado garantice que esa y cualquier otra información recolectada de manera ilegal sea destruida, y que además se investigue si no fue compartida, en su momento, con agencias de inteligencia de otros países.