Crece mortalidad 55% durante pandemia

Crece mortalidad 55% durante pandemia

La pandemia de Covid19 incrementó las estadísticas de mortalidad.

Al menos 71.000 más fatalidades que en años previos

CIUDAD DE MEXICO, 29 JUL – La mortalidad en México creció en alrededor de 55%, con 71.000 defunciones más respecto de años previos, de acuerdo con un estudio preliminar del ministerio de Salud, que sin embargo sólo abarca 20 de los 32 estados del país.
Las cifras pueden ayudar a establecer un parámetro de hasta qué grado las estadísticas oficiales sobre las fatalidades durante la pandemia de Covid-19 han sido subestimadas.
Aunque las muertes excedentes de este año, correspondientes al período del 15 de marzo al 27 de junio, no tendrían que ser necesariamente atribuidas al coronavirus, de acuerdo con la autoridad sanitaria, de todos modos muestran que hay una anomalía en los datos oficiales.
El informe señala que la proyección de los especialistas gubernamentales es que ocurrieran en este lapso unos 13.000 muertos, con base en el promedio de los cuatro últimos años, pero se registraron 202.000.
En cuanto al sexo, se contabilizan 66% más decesos de hombres y 41% de mujeres, pero en los guarismos oficiales por coronavirus, la relación es de casi 2 a 1, correspondiendo el 65 por ciento a hombres y el 35% a mujeres.
Los cálculos abarcarían dos tercios de la población del país, debido a que el resto no cuenta con información actualizada desde antes de la pandemia.
Para el viceministro de Salud, Hugo López-Gatell, el rostro visible de la estrategia gubernamental contra el Covid-19, las muertes adicionales podrían derivarse tanto de un subregistro de los números reales como de la falta de servicios médicos suficientes por estar enfocados en la pandemia.
“Puede ser que los mismos individuos no se acerquen” a los hospitales o que los servicios de salud estén “menos accesibles o haya problemas de adherencia a medicamentos”, admitió.
La subestimación de muertes por la peste en México se debe también a que muchas personas han fallecido en casa y por lo tanto no pudieron hacerse un examen de diagnóstico PCR, pero también a que los enfermos llegaron a los hospitales en condiciones tan graves que no hubo tiempo de practicárseles.
La organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que la cifra de actas de defunción en la capital mexicana, principal epicentro de la epidemia, son tres veces más altas que las reportadas por el gobierno de la urbe entre el 18 de marzo y el 12 de mayo.
La organización tuvo acceso a una base de datos de cédulas en siete juzgados civiles de la capital.
El pasado 8 de mayo, el diario The New York Times publicó un reportaje donde también hacía un análisis de las muertes contabilizadas en un período cercano desde que apareció el virus el 28 de febrero según el cual las muertes reales eran de 2.500, cuando el gobierno local sólo confirmaba 700. Al comentar este reporte, López-Gatell aceptó en un video que existía un subregistro de personas que fallecen con síntomas de Covid-19, debido a que no se les aplicó la prueba diagnóstica.
El pasado 13 de mayo, la intendente de la capital Claudia Sheinbaum anunció la creación de una comisión “científico-técnica para el análisis de la mortalidad por Covid-19”, encabezada por epidemiólogos que revisarán los casos de defunciones sospechosas. “Hay más decesos de los que reporta a diario el gobierno de México. Para saber si fue por el virus u otras razones, un comité científico es lo que debe establecerlo”, dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Sin embargo, hasta ahora no se ha divulgado ningún resultado de este análisis, pero se espera en las próximas semanas.
En todo el mundo, aun en países desarrollados, se ha denunciado un subregistro de muertes por coronavirus muchas veces difícil de documentar.
Organizaciones de periodistas aconsejan recurrir a “fuentes no oficiales de reemplazo” como los testimonios de sepultureros, empleados de crematorios y paramédicos.
La Red Global de Periodismo de Investigación recomienda también buscar “filtraciones de datos confidenciales por parte de gobiernos locales” y archivos de audio de la policía o de las “hotlines” de los servicios de emergencia.