Caso Ordóñez: apresan a policías en Colombia
Caso Ordóñez: apresan a policías en Colombia
Hay amenazas contra los testigos, dice abogado de la familia
BOGOTA, 19 SET – Bajo cargos de “tortura y homicidio agravado” serán imputados los dos policías acusados de la muerte del abogado Javier Ordóñez, que desató una fuerte ola de indignación en Colombia y abrió la discusión sobre los continuos atropellos y violencia de los integrantes de esa institución contra la ciudadanía.
El anunció lo hizo el fiscal general, Francisco Barbosa, quien confirmó el arresto de los patrulleros Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, sindicados del crimen, quienes serán presentados ante un juez que decidirá si los pone tras las rejas, como espera el ente investigador.
“Desde el primer momento, como fiscal general de la nación, asumí la dirección de estas investigaciones en un trabajo conjunto con las diferentes unidades de la Fiscalía diseñamos un protocolo especial y fortalecimos el equipo para resolver en una semana el crimen y llevar a los presuntos responsables ante los jueces”, precisó Barbosa.
Rodríguez y Lloreda son los dos policías que el pasado 9 de septiembre desataron toda su violencia sobre la humanidad de Ordóñez, sin aparente razón, mediante golpes y descargas eléctricas en un supuesto intento de arresto y sin escuchar sus súplicas y las de los testigos para que se detuvieran.
Ordóñez y uno de sus acompañantes aquella noche fueron conducidos a un comando de atención inmediata (CAI) cercano al lugar donde ocurrieron los hechos, en Bogotá, y donde al parecer siguió la desmedida golpiza que condujo horas después a su muerte en un hospital local.
Vadith Gómez, abogado de la familia de Ordóñez, reconoció que las autoridades están avanzando en el caso y confió que en los siguientes días comparezcan ante las autoridades los otros uniformados involucrados en los hechos.
También alertó por las amenazas que han recibido varios de los testigos del crimen de Ordóñez.
“He solicitado medidas de protección porque están amenazados, hay unas amenaza ahí; esperamos que no les pase nada porque esto agravaría la situación en la que nos encontramos”, advirtió Gómez.
La violencia policial, que recordó los hechos ocurridos meses atrás en Estados Unidos contra el afroamericano George Floyd, fue grabada en video, puesta en circulación en las redes sociales donde se convirtió en un huracán que dio pie a dos días de protestas en la capital y en otras zonas del país, que dejaron 13 muertos y cientos de heridos.
Frente a los desmanes, que llevaron a la incineración 75 CAI en diferentes lugares de Bogotá, y respondidos con disparos parte de algunos policías contra los manifestantes, el fiscal Barbosa informó del arresto de cuatro sospechosos a quienes vinculó con disidentes de las terroristas FARC.
Según Barbosa, los sospechosos estarían implicados en actos violentos en las protestas sociales, no solo los de la semana pasada sino en las que se presentaron en noviembre del año anterior.
Se trató de una labor de nueves meses en la que investigadores de la fiscalía y de la policía judicial intervinieron teléfonos, realizaron vigilancia, seguimientos y acudieron a herramientas tecnológicas que les permitieron establecer que existen al menos tres “células terroristas” lideradas por los detenidos.
“Las investigaciones dan cuenta de que estas organizaciones criminales ofrecen capacitación y entrenamiento a jóvenes estudiantes de diferentes centros educativos, estimulan la creación de movimientos clandestinos barriales y diseñan mecanismos para financiar actividades violentas y de infiltración en las ciudades”, describió la fiscalía en un comunicado.
Al menos uno de los sindicados de esos actos vandálicos está preso, mientras los otros tres fueron detenidos en operativos de las autoridades.
Para Barbosa se trató de un golpe al “terrorismo urbano que afecta a Bogotá desde el año pasado”.
El gobierno sostiene la tesis que detrás del vandalismo desatado durante las protestas sociales se agazapan tanto el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) como los renegados del acuerdo de paz con las FARC, una versión que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no comparte. (
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