Estudio expone las interferencias de la industria en leyes saludables
Estudio expone las interferencias de la industria en leyes saludables
Proyectos recomendados por la OMS han sido interferidos por cabildeo y otras maniobras, afirman ONG.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la ONG El Poder del Consumidor en México realizaron un estudio que deja en evidencia las estrategias que las industrias de alimentos y bebidas utilizan para frenar las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que buscan contener las preocupantes cifras de obesidad y sobrepeso en el continente, según afirman.
En concreto, según la investigación, estas organizaciones demostraron que los productores de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas “han interferido sistemáticamente en el proceso de adopción del etiquetado frontal de advertencia en América Latina”. A esta conclusión llegaron después de comparar la situación en Chile, Perú, México, Uruguay y Colombia.
En el informe del estudio señalan que estas limitaciones se han acrecentado en el marco de la pandemia de covid-19, dado que muchas empresas realizan inmensas donaciones “que buscan estrategias de marketing y publicidad gratuita” de sus productos, considerados de alto riesgo, según los autores.
El estudio contextualiza la investigación con datos de la OMS, que considera esta parte del mundo “la región en la que ocho de cada 10 personas mueren por alguna enfermedad no transmisible (ENT), pero lo más grave es que el 35 por ciento son muertes precoces, que ocurren en personas de entre 30 y 70 años”; lo que ubica, según ellos, al continente como una de las regiones más afectadas por condiciones como el sobrepeso y la enfermedad, y todas las enfermedades que desencadenan.
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Entre las estrategias de las grandes industrias para interferir la implementación de políticas de etiquetado frontal reseñadas en el estudio están “el cabildeo y negociación con los legisladores, la financiación de las campañas electorales, el pago de expertos con conflictos de intereses, la difusión de argumentos falaces que generan miedo económico, la captación de líderes sociales y voceros, el lavado de marcas a través de acciones de responsabilidad social empresarial, la captura de espacios de decisión política y la consolidación de puertas giratorias”.
También se cuentan las demandas judiciales de las normas promovidas y la intimidación a organizaciones de derechos humanos que las promueven, revela el informe de las dos organizaciones.
Estas interferencias ponen de presente un problema político fundamental, como es la “expansión del poder corporativo y su penetración en cada una de las dimensiones de la esfera pública”, lo que redunda en el diseño de políticas públicas en las que hay claros conflictos de intereses, a juicio de los investigadores.
El estudio avala, a partir de sus resultados, los etiquetados frontales de advertencia porque “proveen al consumidor información sobre la calidad nutricional de los productos”.
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