Anomalías y fraudes en planes de López Obrador
Anomalías y fraudes en planes de López Obrador
Organismo fiscalizador del Estado descubre diversos fraudes
CIUDAD DE MEXICO, 27 FEB – El principal organismo fiscalizador de México, la Auditoria Superior de la Federación (ASF), halló anomalías diversas, que incluyen fraudes y precios inflados en obras públicas, en los programas estelares del presidente Andrés López Obrador.
La denuncia del ente que supervisa el uso correcto de los fondos públicos del gobierno central durante 2019, primer año de gobierno de López Obrador, desató reacciones de rechazo y enojo del propio presidente Andrés López Obrador y de algunos de sus ministros, entre ellos el de Hacienda (finanzas), Arturo Herrera.
El mandatario señaló que el informe “está lleno de irregularidades y de mala fe”, al indicar que contiene datos “falsos” que representan un “festín para los adversarios del gobierno”, y pidió a la Cámara de Diputados investigar su veracidad. “Yo tengo otros datos”, dijo el jefe de Estado, exponiendo que el organismo fiscalizador “actuó con politiquería”.
Por su parte, Herrera señaló que la ASF cometió “errores básicos de contabilidad financiera, algo sorprendente en una institución tan profesional”. Lo que más molestia causó en el gobierno fue el cálculo que hizo en torno al costo de cancelar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que llevaba un tercio de construcción, y que estimó la ASF en unos 16.600 millones de dólares.
Herrera dijo que se trata de una cifra 75% superior de la verdadera (que estimó en 4.200 millones de dólares), e incluso el propio ente fiscalizador anunció que se había equivocado y que haría una rectificación, lo que desató críticas de todos los flancos del espectro político.
“Nosotros entendemos y estamos muy conscientes de que siempre en toda auditoría, en cualquier reporte, puede haber discrepancias metodológicas, pero este no es el caso”, dijo Herrera, quien reprochó a la ASF no haber utilizado “criterios contables básicos y financieros elementales”.
El Partido Acción Nacional (PAN, derecha), principal fuerza de oposición, acusó al gobierno de “mentirle a la gente” y de ser “ineficiente, corrupto y letal”.
El izquierdista y opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) el informe pone al desnudo “la discrecionalidad, la opacidad y el clientelismo con la que se manejaron los recursos públicos durante el primer año de administración” de López Obrador.
Entre las anomalías reportadas figuran las del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que entrega becas a estudiantes recién egresados de las universidades que no hallan empleo para poder desempeñarse como aprendices en talleres y empresas pequeñas del sector privado.
Entre otras cosas, se descubrió que se pagó a jóvenes que seguían estudiando, se otorgaron becas a 68 personas que ya habían fallecido y también a empresas que no existían.
En la construcción del Tren Maya, de 1.500 kilómetros de largo, para unir a cinco estados del sureste de México, con un costo de 15.000 millones de dólares, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) recibió de la Organización de Naciones Unidas unos 7,5 millones de dólares sin “hallarse evidencia” de haberse aplicado.
Otro de los proyectos insignia de López Obrador, la Refinería de Dos Bocas, en el estado sureño de Tabasco, se construye cuando “aún no se contaba con suficiente información técnica” para realizarlo, de acuerdo con el voluminoso reporte, que analiza el Congreso.
“No se tomó en cuenta el riesgo de inundación y erosión del terreno sobre el que se construye” esta planta, señaló al indicar que hubo pagos por unos 3,7 millones de dólares “fuera de norma”.
Se trata de “un daño a las arcas públicas debido a que se realizaron pagos no aprobados o la falta de correspondencia entre el volumen de material y servicios con el monto erogado durante el avance de la obra en 2019”, sostuvo.
Respecto a la Guardia Nacional, creada con elementos de la Marina, el Ejército y la disuelta Policía Federal para combatir el crimen organizado, el reporte expone que se organizó con “recursos manejados sin reglas claras y en procesos pocos transparentes”.
“Pese a que se dio un despliegue masivo, no se atendió ninguna lógica criminal ni de incidencia delictiva desde su creación”, indicó.
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