Colombia, HRW apunta contra policía y autoridades

Colombia, HRW apunta contra policía y autoridades

Protestas contra el gobierno de Iván Duque en Colombia

(foto: EPA)

Human Rights Watch (HRW) presentó este miércoles un informe sobre las protestas sociales en Colombia en el que señaló a la policía local de ejercer actos violentos y desmesurados sobre los manifestantes, al tiempo que cuestionó la labor del gobierno y de las autoridades.

“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, durante la presentación del informe en Washington. Pero al mismo tiempo omitió hablar del daño causado a la propiedad y muertes de policía a manos de los saqueadores y agitadores venidos locales y otros venidos de otros países para intentar desestabilizar el gobierno.

Vivanco reclamó una “reforma seria” de esa institución que la separe del control del ministerio de Defensa al ministerio del Interior, con el fin de que se torne en una autoridad de orden civil, lo que le permitiría, entre otras, tener una mejor y adecuada supervisión de sus actuaciones.

La oenegé afincada en la capital estadounidense elaboró su informe con base en una extensa recopilación de datos, tanto oficiales como obtenidos de manos de organizaciones civiles locales, y a partir de entrevistas con apenas 150 personas en 25 ciudades colombianas.

El resultado de esa investigación es un panorama oscuro que dejó en evidencia que la respuesta del gobierno al paro nacional que inició el 28 de abril, luego de la presentación del Ejecutivo de una desacertada reforma tributaria, fue desacertada y brilló la brutalidad policiaca.

HRW aseguró tener “denuncias creíbles” de 68 muertes desde el inicio de las protestas, de las cuales 34 ocurrieron en el “contexto” del paro nacional.

Al menos 20 de las personas fueron asesinadas presuntamente por miembros de la policía.

En ese contexto, la organización no gubernamental reclamó de las autoridades “investigaciones prontas, independientes y rigurosas” sobre el “abuso policial” y otros “hechos de violencia”, incluida la desidia de los uniformados frente a los ataques con armas de fuego de civiles contra manifestantes.

En su listado de males, HRW resaltó que los 1.100 civiles heridos reportados por el ministerio de Defensa podrían ser muchos más, puesto que no hubo de denuncias de otra cantidad importante de agresiones.

Dijo tener documentación de al menos nueve personas con “lesiones oculares graves” por disparos de la policía.

A esos datos se suman dos casos de violación sexual, 11 agresiones sexuales y 71 actos de violencia basada en género, todos atribuidos a patrulleros, además de 17 golpistas violentas por parte de uniformados a manifestantes, una de las cuales llevó a la muerte a un joven de 24 años.

En las protestas también resultaron heridos más de 1.200 uniformados, dos policías murieron y una patrullera fue violada, hechos que Vivanco también rechazó y criticó.

“La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”, recalcó el director para las Américas de HRW, citado en el informe.

La oenegé recordó que el pasado 6 de junio el presidente Iván Duque anunció una reforma a la policía, de la cual exaltó los cambios al sistema disciplinario con la advertencia de que podrían “prevenir y sancionar” a miembros de la policía abusivos, al tiempo que calificó de “cosméticas” varias de los otras enmiendas.

HRW criticó el uso indebido de armas letales y de dispersión por parte de la policía, incluido el sistema Venom que dispara hasta 30 gases lacrimógenos, de humo y aturdidoras no solo en forma parabólica, sino con ángulos menores lo que pone en riesgo a los manifestantes.

Sobre la labor de las autoridades frente a los abusos policiales, la organización afirmó que hasta el 4 de junio la Fiscalía solo había acusado a un policía , mientras que la justicia penal militar adelantaba 34 investigaciones a uniformados y al interior de esa fuerza se abrieron 117 indagaciones disciplinarias, entre otros datos.

HRW criticó la desmesura de las acusaciones por “terrorismo” contra manifestantes por parte de fiscales, basados en testimonios y dichos de policías, sin pruebas concretas de esas acusaciones. Aunque agitadores extranjeros han sido detenidos por la fuerza pública.

Finalmente, la oenegé listó una serie de recomendaciones dirigidas al gobierno, al Congreso, a organismos de control y juzgamiento, además de la Defensoría del Pueblo.

A la administración de Duque le pidió en concreto condenar de “forma inequívoca” las “violaciones de derechos humanos” por parte de la policía, incluido el “uso excesivo de la fuerza y la violencia sexual”.

También le exigió al gobierno “una disculpa, en nombre del Estado colombiano, por abusos policiales cometidos durante las protestas” y lo conminó a abandonar el lenguaje “estigmatizante” del que han hecho uso algunos de sus funcionarios para referirse a los manifestante, entre otras sugerencias.