Una estrategia contra la venta de niñas

Una estrategia contra la venta de niñas

Niñas indígenas mexicanas. Imagen de las redes sociales

Fenómeno común, que subsiste sobre todo en poblados indígenas

CIUDAD DE MEXICO, 23 JUL. – El gobierno mexicano anunció al fin, después de múltiples denuncias y el clamor de organizaciones feministas y colectivos diversos, una estrategia para poner fin a la venta de niñas, una práctica que subsiste sobre todo en poblados indígenas.
El intercambio de niñas y adolescentes con personas mayores se realiza sobre todo para el matrimonio forzado y en ocasiones la disputa por la “dote” suele generar serios conflictos intercomunitarios e interfamiliares.
Las comunidades donde habitan grupos étnicos defienden esta práctica ancestral bajo el argumento de que forman parte de sus “usos y costumbres” que en numerosas ocasiones se colocan por encima de las leyes vigentes.
“Si bien los usos y costumbres se respetan, no pueden estar por encima de los derechos humanos, en este caso de las niñas a decidir sobre su propio cuerpo y su libertad”, afirmó Gabriela Rodríguez, titular del Consejo Nacional de Población (Conapo), un organismo del ministerio de Gobernación.
El viceministro de Derechos humanos, Alejandro Encinas, señaló que el plan para combatir el flagelo comenzará con un programa piloto en el estado sureño de Guerrero, uno de los más afectados por este problema, con “acompañamiento comunitario y de la sociedad civil”.
Encinas señaló que “se atenderá a las niñas que desean separarse” de una relación matrimonial a la que fueron empujadas en contra de su voluntad”.
La venta de niños ocurre sobre todo en estados de la franja sur, la de mayor marginación y con una cifra más alta de población indígena del país, pero también en estados como el norteño de Sinaloa.
Los propios padres son los promotores de la venta de los niños a precios que van de los 70.000 a los 100.000 pesos (de 3.500 a 5.000 dólares) en localidades como Novolato, en Sinaloa, según el activista Lamberto López.
La justicia suele actuar, pero no en la forma debida, según López, quien señala que hace poco fue detenido un hombre en Novolato, pero como no fue un arresto “in fraganti”, fue puesto en libertad por cuanto sólo pudo ser acusado de violencia intrafamiliar.
Según las leyes vigentes, para que se pueda acusar a una persona de vender niños en Sinaloa tiene que haber una denuncia previa ante la Fiscalía.
En la región montañosa de Guerrero, pagan por niñas a partir de los 9 años, no sólo con dinero sino con ganado o cerveza, dejando a las víctimas “en absoluta vulnerabilidad”, según el antropólogo Abel Barrera, dirigente de la organización Tlachinollan.
“Su nueva familia las esclaviza con tareas domésticas y agrícolas” y a veces “los suegros abusan sexualmente de ellas”, afirma Barrera, de acuerdo con un reporte reciente del diario capitalino Reforma.
“La ritualidad ancestral indígena de entrega de las doncellas por dote desde su primera menstruación se ha ido perdiendo y ahora se mercantiliza a las niñas”, sostiene.
De casi 2.500 municipios mexicanos, unos 620 son indígenas y 420 de ellos se rigen por el sistema de “usos y costumbres tradicionales” reconocidos por la Constitución.
El presidente Andrés López Obrador lamentó la venta de niñas en el país, pero pidió “no estigmatizar a las comunidades indígenas del país”, por cuanto estos hechos “se dan desgraciadamente, en todas las clases sociales”.
“Esta idea de que en las comunidades indígenas sucedan estas cosas y que se cometen hechos de barbarie no debe prevalecer”, afirmó al calificarla como “clasista y racista” y señalar que “no es un asunto generalizado”.
El mandatario sostuvo que “en los pueblos indígenas de México hay una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales” pero lamentó que estas cosas ocurran “por los valores que se van perdiendo, por la descomposición social, el predominio del dinero, de lo material, la desintegración familiar y el abandono a los hijos”.
El tema generó un amplio debate que incluyó denuncias de los medios informativos en los cuales se difundieron casos de mujeres indígenas vendidas desde los 14 años para matrimonios forzados donde suelen ser explotadas y ultrajadas.