HRW enjuicia la política migratori

HRW enjuicia la política migratori

Migrantes latinoamericanos en caravana por una autovía mexicana

– Organismo humanitario cuestiona violación derechos de personas

CIUDAD DE MEXICO, 15 ENE – El organismo humanitario internacional Human Rights Watch (HRW) puso en tela de juicio la política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador y denunció la violación de los derechos humanos de las personas que ingresan al país para llegar a Estados Unidos.
En especial apuntó el dedo en el programa “Quédate en México”, recién restablecido por el presidente norteamericano Joe Biden, después de seis meses de que lo aboliera, presionado por resoluciones judiciales, al señalar que ha provocado que los abusos contra los migrantes “persistan” e incluso aumenten.
La estrategia, que convierte a algunas zonas de la frontera norte de México en “salas de espera” de decenas de miles personas que solicitan asilo al gobierno estadounidense, forma parte de las “políticas de migración abusivas de Estados Unidos”, señaló HRW.
En su informe Mundial 2022, la ONG señaló que “es habitual que carteles delictivos, delincuentes comunes y, en ocasiones, policías y funcionarios de migración roben, secuestren, extorsionen, violen o asesinen a migrantes que transitan por México”.
La organización estimó que en México “se siguen cometiendo torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, entre otras violaciones a los derechos humanos, que suelen quedar en la impunidad”.
No todo es oscuro o gris en el reporte, pues elogia la “transparencia” de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), impulsada por el gobierno, pero considera que “los esfuerzos de las fiscalías por investigar desapariciones o identificar a los responsables son muy limitados”.
En la enumeración de los macabros hechos que rodean el tema del manejo de cadáveres de personas no localizadas, HRW señala que entre 2006 y 2020 al menos 50.000 cuerpos pasaron por la custodia de servicios de medicina forense locales y de los estados sin ser identificados adecuadamente”.
“La mayoría fueron enterrados en fosas comunes. Entre 2006 y 2021 las autoridades indicaron haber encontrado al menos 4.000 fosas comunes”, indicó.
Desde que el gobierno lanzó su embestida contra las bandas criminales, con apoyo de las Fuerzas Armadas, se contabilizan al menos 335.000 muertos, 93.000 desaparecidos y unos 358.000 desplazados.
Sólo durante la gestión de López Obrador, se cuentan 23.000 desaparecidos, lo que ha impulsado la existencia de al menos 130 colectivos de búsqueda en el país.
También consigna el caso de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, por el “cuestionado proceso” en el cual fue electa y por su vinculación con el gobierno de López Obrador y el partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda).
El informe se refiere también al fracaso del gobierno para afrontar la pandemia de Covid-19 por “no haber adoptado muchas de las medidas básicas que recomiendan las autoridades de salud globales para limitar la propagación del Covid-19”.
En especial acusó al zar antipandemia Hugo López-Gatell de desestimar el valor de las pruebas de diagnóstico, al calificarlas de “inútiles” y de “un desperdicio de tiempo”, a pesar de que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) representan un referente fundamental para encarar la expansión del virus.
Además del tema estricto de los derechos humanos y de la crisis sanitaria, el reporte de HRW se enfoca también en el asunto del ambiente, al indicar que la política energética impulsada por las autoridades “contribuye al cambio climático”, lo que a su juicio afecta “los derechos de todas las personas”.
Hace notar que López Obrador se opone a la producción de energías limpias o alternativas, como la eólica y solar, pero en cambio se ha volcado por seguir estimulando el uso del carbón y el petróleo, que son altamente contaminantes.
Al recordar que una reciente forma impulsada por el mandatario en el Congreso favorece a las centrales de generación del Estado, que usan combustibles fósiles y no promueven las energías renovables.
México, uno de los 15 mayores emisores de gases de efecto invernadero en el mundo, “está contribuyendo a una crisis climática que afecta cada vez más a los derechos humanos en el mundo”, señala el documento en forma lapidaria.