México: Cuando informar se paga con la vida

México: Cuando informar se paga con la vida

La policía en el lugar del periodista asesinado en México

CIUDAD DE MEXICO, 12 FEB –  El periodista Heber López, del portal Noticias Web, fue asesinado por civiles armados cuando llegaba a su vivienda, en el centro del puerto de Salina Cruz, estado sureño de Oaxaca, en el marco de una ola de violencia que ha cobrado la vida de cinco comunicadores en seis semanas en este país.
México, uno de los países más peligrosos para ejercer la labor de informar, se confirma así como uno de los países más peligrosos del mundo para el gremio, con 28 miembros del gremio de la comunicación asesinados de diciembre de 2018 a la fecha, que coinciden con la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con ello, la administración del mandatario supera a los asesinatos de informadores en un período similar del gobierno de sus antecesores Enrique Peña (2012-2018, con 17 muertos), Felipe Calderón (2006-2012, con 25) y Vicente Fox (2000-2006, con 6).
Según organizaciones de defensa de la libertad de expresión, como Article 19, de 2000 a la fecha se han registrado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor, de los cuales 138 son hombres y 12 mujeres.
A diferencia de otros casos, que permanecen impunes, la policía logró detener a dos hombres vinculados con la agresión contra López, de 39 años, ocurrida anoche, al perseguirlos cuando se daban a la fuga, a quienes les fue confiscada un arma de fuego que llevaban consigo y que está siendo examinada por los peritos de la fiscalía.
López había ya sido amenazado en 2019, pero aparentemente no estaba en el programa de protección a informadores y activistas que administra el gobierno federal.
Los periodistas locales demandaron a la Fiscalía General de Oaxaca, al gobernador Alejandro Murat y al presidente Andrés Manuel López Obrador justicia y castigo a los responsables.
El 17 de junio de 2021, fue asesinado en el mismo estado de Oaxaca otro periodista, Gustavo Sánchez. en la comunidad de Morro Mazatán, sin que hasta ahora haya sido esclarecido.
El más reciente caso ocurrió el periodista Roberto Toledo, de 55 años, fue asesinado a balazos el 31 de enero en el municipio de Zitácuaro, en el estado sureño de Michoacán, que laboraba para el diario Monitor Michoacano.
El día 23 del mismo mes, fue asesinada en la norteña ciudad de Tijuana, frontera con Estados Unidos, Lourdes Maldonado, de 51 años, que conducía un programa noticioso por Internet, radio y TV llamado “Brebaje”.
El fotógrafo de prensa Margarito Martínez, de 49 años, quien colaboraba para diversos medios entre ellos el estadounidense San Diego Unión-Tribune, fue asesinado menos de una semana antes, el día 17, en la misma ciudad de Tijuana.
El año abrió con la muerte violenta por manos de desconocidos de José Luis Gamboa, el día 12 de enero, atacado a puñaladas durante un supuesto asalto en el barrio Floresta, del puerto de Veracruz, costas del Golfo de México.
El 25 de enero pasado, se realizó una jornada de furia del gremio periodístico en al menos 23 de las principales ciudades del país, bajo la consigna de “No se mata la verdad” y en reclamo de justicia por las víctimas.
“Sin más periodistas en sus listas” y “Periodismo en riesgo” fueron algunas de las leyendas enarboladas durante las manifestaciones callejeras, en las cuales muchos de los participantes acudieron vestidos de negro y portando candelas.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), y la ONG Reporteros Sin Fronteras urgieron durante esta jornada a las autoridades a investigar a fondo la muerte de los periodistas.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también se manifestó “alarmado” por el asesinato de periodistas y dijo que “nos solidarizamos con los informadores mexicanos, campeones de la libertad de expresión y la democracia”.
La impunidad en la resolución de los homicidios de periodista alcanza el 90%, señaló el viceministro de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien llamó a reformar el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por “resultar insuficiente” para frenar la violencia en contra del gremio.