“Los pandilleros son tontos, porque no vamos a retroceder. Vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Ahora van a ver, de verdad, lo que significa desatar esta fuerza de seguridad”, prometió el mandatario.

En respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo, el Congreso acogió un pedido de Bukele para decretar un régimen de excepción, que ha permitido detener a 43 mil 86 presuntos pandilleros.

Ese régimen de excepción, prorrogado hasta fines de julio, permite detenciones sin orden judicial. Ha sido considerado “insostenible” por el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en San Salvador, Patrick Ventrell.

“Es una política insostenible, que ya ha dejado decenas de miles de detenidos y denuncias de violaciones a derechos humanos, arrestos arbitrarios y muertes de detenidos también”, aseguró Ventrell.

Para Bukele, “decir que el régimen de excepción es insostenible probablemente fue una opinión desafortunada”.

“Si se refiere a que no puede quedar para siempre, estamos de acuerdo, no puede ser quimioterapia para siempre”, consideró.

Pero “si se refiere a que se suspenda la quimioterapia antes de eliminar el cáncer, entonces es totalmente absurdo porque lo único que vamos a lograr es que el cáncer nos mate a todos”.

Organizaciones como Amnistía Internacional y la ONG Human Rights Watch han llamado al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos.

En El Salvador operan principalmente las pandillas MS-13 y Barrio 18. Hasta antes de la arremetida del gobierno, estaban encarcelados unos 16 mil de sus miembros.

Pero con las detenciones de los últimos tres meses, estarían tras las rejas 59 mil 86 miembros, un 84% de los 70 mil miembros que oficialmente se considera existen en el país.