CRONICAS. La Respuesta

CRONICAS. La Respuesta

Por: Lucía P. de García

Toronto.- Ecuador tuvo un junio agitado. El problema nació hace ocho meses, cuando el presidente Guillermo Lasso ofreció a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, una respuesta a su planteamiento de 10 puntos en quince días. Según el ex subsecretario de Gobierno Juan Manuel Fuertes, la redactó y estuvo a tiempo, pero “alguien dentro del Gobierno” decidió no entregarla. La demora originó el paro nacional. La detención y enjuiciamiento de Leonidas Iza, líder de la CONAIE, provocó el avance indígena a Quito; la emisión de decretos de Estado de Excepción por Conmoción Social; el fallido proceso de destitución del mandatario, según faculta la Constitución; llamados a la paz; la interrupción de una primera reunión y la exigencia del gobernante de reemplazar a Iza por otro líder. La Iglesia Católica auspició otro diálogo el jueves 30, asistieron Iza, los dirigentes del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos FEINE, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, el Ministro de Gobierno en representación del presidente. Se dio respuesta a los 10 puntos, se acordó revisar en 90 días avances y resultados, se firmó el Acta por la Paz. El paro terminó, hubo alivio en la población. 

Durante este tiempo, densas nubes lacrimógenas extendidas por todo el país impidieron ver si quienes protagonizaron graves disturbios eran manifestantes, paramédicos, simples ciudadanos, voluntarios, infiltrados, agitadores, delincuentes. Según Inteligencia de la Policía y de las Fuerzas Armadas, fueron grupos con entrenamiento guerrillero, afines a partidos políticos. El Ministro de Defensa señaló que las marchas estuvieron financiadas por el narcotráfico y el crimen organizado. Los líderes indígenas negaron todas las acusaciones. 

La presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Elsie Monge, dijo que al atacar el Gobierno a Leonidas Iza lo hace al movimiento indígena en conjunto. El relator especial de la ONU sobre la Independencia Judicial, Diego García, expresó preocupación por el trato gubernamental a Iza, quien por ejercer su derecho de libertad de expresión ha sido calificado de terrorista, conspirador; teme que en la audiencia del lunes 4 de julio se le emita una sentencia condenatoria. Jeremy Corbyn, político y pacifista británico, defensor de los derechos humanos, vicepresidente de la Campaña para el desarme Nuclear, pidió al presidente que en lugar de atacar a los manifestantes escuche sus demandas. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH resaltó que protestar es un derecho y la violencia de grupos o personas no hace violenta a toda la protesta, tampoco autoriza el abuso de la fuerza, detenciones, criminalización, estigmatización; de darse saqueos o daños a la propiedad pública, se debe ubicar a los actores y someterlos a la ley con las debidas garantías. La Alianza por los Derechos Humanos afirma que hubo un excesivo uso de la fuerza en la ciudad de El Puyo, Amazonía, como evidencian videos y la certificación del hospital donde se hizo la tomografía al joven fallecido, que muestra una bomba lacrimógena incrustada en su cabeza. El Comité de Derechos del Niño de la ONU determinó un excesivo uso de gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes, afectando por su violencia a adolescentes y niños. La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, que aglutina 15 organizaciones, señaló represión, persecución, discriminación, negación de atención médica a indígenas; mujeres sometidas a humillación, violencia verbal y simbólica; planificación de atentados, hackeo e intervención en cuentas de líderes indígenas y sociales; ataque con gases lacrimógenos a centros de paz y zonas humanitarias, decomiso de ollas con alimentos donados y preparados por voluntarios; retención con torturas; pérdidas de ojos por proyectiles; censura y bloqueo mediático a la información; violación a las garantías y acceso a la justicia de los ciudadanos; amenazas a voluntarios, utilización irregular de armas letales por policías; promoción del Estado al enfrentamiento entre civiles, poniéndose del lado de un bando. La Misión indicó que ha pedido audiencia al gobierno para presentarle con pruebas su informe de estos hechos, pese a la insistencia, aún no obtiene respuesta.

Si el Gobierno hubiera respondido a la CONAIE a tiempo, hubiera evitado la conmoción del país, el desborde de racismo, clasismo, insultos, desprecio, soberbia contra campesinos cuyo estado de pobreza es 49.5%, en miseria 28%, reciben centavos por los alimentos que producen y llegan a las ciudades mientras ellos sufren desnutrición crónica, falta de servicios básicos, nula atención dental y médica. Por estas razones protestan y no cabe la indiferencia. Pongámonos en su lugar y hagamos una reflexión humilde, sincera, que contribuya a la solución de estos graves problemas. El gobierno tiene pendiente otra respuesta: a personas y entidades defensoras de los derechos humanos. ¡Hay, mi amado Ecuador, como me dueles!