– Cuando los gobiernos en América Latina han intentado disminuir el subsidio a la gasolina, las calles se han llenado de manifestantes que protestan contra el aumento del precio del combustible.

Así lo han experimentado este año países como Ecuador, Panamá y Perú, que, en medio de la ola inflacionaria que recorre el mundo, han enfrentado una dura oposición cuando se pone sobre la mesa aumentar los precios a productos como la gasolina o el diésel.

Y pese a que conlleva un fuerte riesgo político, recientemente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo el anuncio: “A los consumidores de gasolina les decimos que retomaremos la senda de crecimiento de precios, y que el objeto no será más que disminuir el déficit irresponsablemente acumulado”.

Colombia es el tercer país con el precio más bajo de la gasolina después de Venezuela y Bolivia.

El problema, argumenta el gobierno, es que el déficit fiscal es insostenible, por lo cual ha propuesto una ambiciosa reforma tributaria con la que espera aumentar la recaudación y está buscando disminuir el gasto en otras áreas, como por ejemplo, el subsidio a la gasolina, en el contexto de una agenda ambientalista y en medio de una inflación que supera el 10%, la mayor desde 1999.

Promoviendo una medida considerada como altamente impopular y que tendría un efecto directo en en las familias más vulnerables en un país donde la pobreza llega al 39% de la población, Petro busca recortar el dinero invertido en subsidiar gasolina con un argumento social: “¿Vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica?”.

La pasada semana el gobierno anunció que a partir de octubre el precio de la gasolina subirá cada mes unos cinco centavos de dólar por galón (1 galón es equivalente a 3,79 litros). El subsidio al diésel continuará.

“Se va a aumentar la gasolina 200 pesos mensuales a partir de octubre por este año”, confirmó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Los críticos argumentan que la disminución del subsidio a la gasolina afectará a las familias más vulnerables y aumentará la pobreza en un momento en que la situación económica del país es apremiante.

Así como en Colombia, el resto de los países de la región aplica algún tipo de subsidio a la gasolina, el diésel u otros combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas.

¿Cómo impactan esos subsidios a las finanzas públicas?

Depende de cómo se mida, pero en lo que concuerdan los expertos, es que los subsidios se llevan una gran parte del gasto fiscal de los países.

Desde una perspectiva global, los gobiernos gastan cerca de US$423.000 millones cada año para subsidiar el consumo de combustibles fósiles, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Eso significa, argumenta el organismo, que por cada dólar comprometido para mitigar los efectos de la crisis climática, se gastan cuatro dólares en subsidios a los combustibles fósiles.

“Está claro que subsidiar los combustibles fósiles no es un uso racional del escaso dinero público”, señaló Pradeep Kurukulasuriya, director del departamento de Naturaleza, Clima y Energía del PNUD. “No tiene sentido económico”.

¿Qué tipos de subsidios a la gasolina se aplican en América Latina?

Sea porque un país tiene un profundo déficit fiscal, o porque busca impulsar una agenda menos contaminante (o las dos cosas), el tema de los subsidios a los combustibles fósiles, incluida la gasolina y el diésel, ha estado en el centro del debate porque reducirlos o eliminarlos afecta el bolsillo de los consumidores en el corto plazo y puede tener efectos políticos de gran envergadura, dicen los expertos, como se ha visto en América Latina.

Incluso sin una propuesta de reducción de subsidios, un mínimo cambio en la tarifa del transporte público, por ejemplo, puede ser el detonante de un estallido social como ocurrió en Chile en octubre de 2019, en el que los manifestantes salieron a protestar contra la desigualdad en el país.

Los subsidios no son iguales en todos los países. Hay subsidios al consumo que buscan mantener el precio que pagan los consumidores por debajo del valor de mercado, y otros que operan a través de aportes para rebajar los costos de los productores.

La gasolina está subsidiada en todos los países de la región a través de distintos mecanismos que pueden incluir subsidios directos, fondos de estabilización, rebaja de impuestos, exenciones fiscales o algún tipo de control de precios a través de empresas estatales.

Más allá del mecanismo que se implemente, básicamente los subsidios tratan de desacoplar parcialmente el precio que paga el consumidor final del valor de mercado.

En medio de la escalada de precios de los combustibles, Brasil, la mayor economía de la región, aprobó en junio una regulación para limitar la recaudación de impuestos sobre los combustibles que hacen los estados y eliminar los impuestos federales que gravan la gasolina.

Y en términos más generales, la petrolera semiestatal Petrobras también ha estado contribuyendo a que los precios no se disparen, como también ocurre en Argentinacon YPF, de la que el Estado tiene el 51% de la propiedad.

En la nación sudamericana la subida del dólar, entre muchos otros factores, ha hecho más difícil que el gobierno pueda disminuir los subsidios energéticos, un punto en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha insistido en el contexto del pago de los compromisos financieros que tiene el país.

México es un importante exportador de petróleo, y el gobierno anunció que el impuesto que pesa sobre los combustibles estará 100% subsidiado.

Países como Colombia, Perú o Chile cuentan con un fondo de estabilización de precios de los combustibles, conocido como FEPC en Colombia y Perú, y MEPCO en Chile.

Son fondos que apuntan a mantener los precios de los combustibles dentro de ciertos márgenes para mitigar las fluctuaciones de los precios internacionales.

Para enfrentar la subida de precios este año, Chile aumentó al doble el límite de recaudación del fondo para amortiguar los aumentos de precio.

Perú, por su parte, extendió el plazo de entrega de subsidios a través de su fondo para estabilizar precios.

¿Y qué pasa en otros países latinoamericanos?

Países como Venezuela, Cuba, Nicaragua o Bolivia han subsidiado las gasolinas como parte de una política general de control de precios y subvenciones fiscales que han caracterizado a estas economías latinoamericanas.

Una situación compleja han enfrentado países como Ecuador y Panamá, que no lograron implementar reducciones de subsidios este año tras masivas protestas que exigían mantener las ayudas fiscales.

Otros países como El Salvador, Honduras o Guatemala han aplicado tanto políticas de subsidio tradicionales o congelamiento de las tarifas en los últimos meses por el contexto inflacionario.

República Dominicana también ha implementado un mecanismo mixto de subsidios y congelamiento de tarifas, mientras que en Costa Rica el sistema funciona a través de la fijación de precios.

En Uruguay, el país latinoamericano con el precio más alto de la gasolina, el gobierno evita una escalada mayor de las tarifas a través de la fijación de precios que cobra la petrolera estatal ANCAP, mientras que en Paraguay el gobierno y asociaciones gremiales actualmente intentan ponerse de acuerdo sobre cómo abordar el tema de los subsidios tras varios días de manifestaciones.

¿Cómo están los precios en América Latina?

Sin duda los precios son más bajos en los países productores de petróleo y en aquellos que aplican los subsidios más altos.

¿Qué pasa con la crisis energética en el mundo y las metas ambientales?

Con la idea de mitigar los efectos del cambio climático, organismos internacionales han estado haciendo campaña en las últimas décadas para que los países cumplan los compromisos de bajar la emisión de gases de efecto invernadero.

Uno de los puntos centrales de la discusión es que se disminuyan o se eliminen los subsidios a los combustibles fósiles.

Sin embargo, con la recuperación económica tras la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania, esa meta pareciera estar cada vez más lejana en zonas del mundo como Europa, que actualmente está sumida en una profunda crisis energética.

Las principales economías mundiales aumentaron drásticamente el apoyo a la producción y el consumo de carbón, petróleo y gas natural, buscando alternativas para proteger a los hogares del aumento de los precios de la energía, según un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agencia Internacional de Energía publicado a fines de agosto.

De hecho, en 51 países el apoyo de los gobiernos a los combustibles fósiles casi se duplicó en 2021 y el estudio estima que los subsidios aumentarán aún más en 2022.

Estas medidas “alientan el consumo derrochador, sin llegar necesariamente a los hogares de bajos ingresos”, dijo el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

Frente a esta situación, Fatih Birol, director ejecutivo de la IEA, argumentó que “la única solución duradera” a la crisis energética y la mejor manera de reducir el impacto de los altos precios que pagan los consumidores es “un aumento en la inversión en tecnologías e infraestructura de energía limpia”.

Sin embargo, en los países de América Latina la mayoría de los gobiernos están tratando de controlar la inflación de manera urgente, antes de avanzar en la transición energética, dada las circunstancias geopolíticas y de suministro que afectan al mundo.