– José Santos Isaac Chávez, Sandra Liliana Peña, Armando Pérez Medina, Fernando dos Santos Araújo…

Son apenas cuatro de los 200 defensores ambientales y de la tierra asesinados en 2021 en el mundo, según el nuevo informe de Global Witness.

La ONG con sede en Londres ha venido documentando desde 2012 este tipo de ataques y también hace un balance de este período en el reporte, que se titula “Una década de resistencia: diez años informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo”.

Más de 1.700 defensores ambientales fueron asesinados en la última década y cerca del 70% de esas muertes, año tras año, ocurrieron en América Latina.

¿Podría darnos algunas cifras clave del informe?

En la última década hemos podido documentar 1.733 casos de asesinatos de defensores de la tierra y ambientales a nivel global, esto es una barbaridad de casos.

Representa casi un caso cada dos días, es decir, un día de cada dos una persona es asesinada por una labor tan básica como defender su derecho y el de todos a la tierra y el medio ambiente.

Y además tres cuartas partes de estos casos, tanto en el último año como en la última década, son en América Latina.

De hecho si uno mira las cifras siete de los diez países que están más arriba en todo en el ranking son países de América Latina, Brasil, Colombia, México, Perú, Nicaragua, Honduras, Venezuela.

Una cosa muy importante es que nosotros solamente documentamos ataques letales, asesinatos, pero esto realmente es la punta de un iceberg muchísimo más profundo. El rango de ataques es muchísimo más amplio, va desde la criminalización hasta acosos, amenazas.

El informe también menciona la violencia sexual…

Este también es un tema que está siendo por desgracia muy frecuente, el de ataques específicamente destinados a causar el terror entre las mujeres.

El informe menciona varios factores que pueden crear un clima propicio para ataques contra defensores, como la inequidad, la corrupción, la impunidad. El reporte cita, por ejemplo, que en México solo 0,9% de los crímenes se llega a resolver.Parecería que América Latina tiene todos esos factores combinados.

Este nivel de ataques violentos letales tiene que ver con muchos factores.

Es casi una tormenta perfecta de muchos elementos distintos que llevan a este punto, en el que el resultado es que las personas defensoras del ambiente y del territorio quedan en una situación de absoluta vulnerabilidad. En América Latina una tormenta perfecta está matando a aquellos que protegen nuestro planeta.

Muchos de los factores son palabras grandes que todos conocemos como la impunidad, la inequidad, la corrupción, la debilidad de los gobiernos, todos estos factores combinados. Digamos que ninguno de ellos podría tener un efecto tan devastador sobre la vida de las personas, pero todos ellos coordinados sí que lo tienen.

Cuando un gobierno no está cumpliendo, por ejemplo, sus funciones básicas, que es defender y proteger a sus ciudadanos, cuando unas empresas se están instalando en un terreno en el que vive gente y no se les está consultando sobre qué se va a hacer en sus tierras, cuando suceden asesinatos y las personas que han perpetrado estos asesinatos siguen en la calle.

Todo esto lo que crea es un clima en el que no pasa nada por matar, casi nadie acaba juzgado. Y la paradoja es que en América Latina, sin embargo, hay organizaciones de sociedad civil más fuertes y mucho más vocales que en otras regiones.

Quizás porque están sacando más las vergüenzas de todos estos intereses que pretenden poner por encima los beneficios corporativos a la vida de las personas, pues precisamente por denunciar esto acaban siendo atacadas.

Otro elemento en la “tormenta perfecta” es de acuerdo al reporte la enorme riqueza de recursos que tiene América Latina y el constante aumento en la demanda de commodities. ¿Podría explicarnos esto?

Uno puede casi ver una correlación clara, los países que son más ricos en recursos naturales, con alguna honrosa excepción, muchas veces son los países donde existe más corrupción, más pobreza, más inequidad porque todos estos recursos naturales están siendo explotados de una forma insostenible y además, para el beneficio de muy pocos.

Hay un elemento muy importante que es la inequidad. De hecho en 2021 todos los 200 casos que documentamos fueron en el sur global. Sin embargo, los grandes consumidores no están en estos países. Los que están beneficiándose del consumo de esos recursos naturales son los países del norte, los países ya desarrollados que tienen niveles de consumo muchísimo más alto.

Ahí se ve la desigualdad entre quienes están sufriendo los peores impactos, que es la gente que menos acceso tiene a esas tierras y a esos recursos.

Se menciona en el reporte la impunidad corporativa, ¿a qué se refieren exactamente?

Muchas veces no se sabe quién está detrás de estos asesinatos, la mayoría son perpetrados por sicarios, por gente pagada.

Pero detrás de esta gente hay intereses, quien le paga el sicario, los autores intelectuales.

Lo que sí hemos podido ver claramente es que muchas veces los ataques a las personas defensoras se producen cuando ellas se oponen a un desarrollo corporativo de alguna naturaleza, en general extractivo, como minería, tala, agronegocios. Hablamos también de expropiación forzosa de tierras.

Un factor que según Global Witness se ve en muchos ataques es la desigualdad en el acceso a la tierra.El documento cita el caso de Colombia, en donde el 1% de las propiedades abarcan el 89% por ciento de la tierra cultivable y sólo queda el 19% de la tierra para el 99% de los agricultores restantes.

La tierra para mí es uno de los grandes temas de América Latina, el reparto de la tierra. De hecho, si uno mira los datos, la cantidad de personas asesinadas que eran campesinos -hablo de pequeños campesinos, pequeños agricultores, pequeños ganaderos- es apabullante.

Es realmente ensordecedor el mensaje, que esta gente está siendo de mil maneras distintas expulsada de su tierra, o se les niega el acceso a un pedazo de tierra que poder cultivar como sucede por ejemplo, en Brasil.

La desigualdad es una cosa histórica en América Latina que viene del colonialismo. Es un problema realmente muy, muy antiguo que no ha podido ser resuelto. Hay ejemplos donde se han probado, por ejemplo, sistemas sociales forestales para repartir mejor las tierras forestales o sistemas agrícolas de explotación que no sean masificados y que no correspondan a las grandes empresas.

Hay pequeños casos de éxito, pero efectivamente, es como un David contra Goliat, donde las fuerzas o los intereses por explotar la tierra a gran escala para surtir la demanda a nivel internacional siguen pesando más.

Un dato del informe es que muchos de los asesinatos son en lugares remotos. En el caso de Brasil, Perú y Venezuela el 78% por ciento ocurren en la Amazonia. ¿Por qué especialmente allí?

Es una pregunta importantísima que yo creo que no debe dejarse nunca de lado, sobre todo dada la importancia a nivel global que tiene la Amazonía. De nuevo volvemos al tema de acceso a la tierra, en muchas partes de la Amazonía lo que está sucediendo es que se están devastando hectáreas y hectáreas de bosque primario para establecer fincas ganaderas.

Obviamente, en las áreas remotas es mucho más fácil asesinar porque nadie se entera de lo que sucedió. Es difícil saber. Y mantener los casos en la indefinición lleva a una impunidad.

La Amazonia últimamente ha sido sujeta a un saqueo todavía más fuerte de lo habitual desde la elección de Jair Bolsonaro en 2018. Él, como parte de su campaña, ya dijo que iba a abrir la Amazonia a estos intereses. Entonces ha habido realmente como una especie de fiebre del oro nueva por la Amazonía en estos años en los que se han negado muchísimo más fuerte los derechos de las comunidades indígenas, se les ha ninguneado como hacía mucho que no sucedía.

El informe también habla de la “reducción del espacio cívico” y menciona como ejemplo el caso de Nicaragua…

El espacio cívico va directamente relacionado con la calidad de las democracias. Las personas defensoras el primer derecho que tienen que tener es el derecho a la protesta, a la denuncia, sin que haya represalias por ello. En Nicaragua en estos últimos años hemos visto un nivel de criminalización de organizaciones de sociedad civil que han sido ilegalizadas sin ningún motivo aparente.

Ante un ambiente así es impensable una defensa de los derechos más fundamentales de las personas defensoras. Cada país en América Latina es su propio universo y en algunos vemos más esperanza, en otros menos. Hablamos del caso de Nicaragua porque el nivel de asesinatos, sobre todo de indígenas Miskito y Mayangnas está siendo alarmante.

El reporte habla de los créditos de carbono, por ejemplo obras hidroeléctricas para compensar emisiones de gases de invernadero. Con las promesas de muchos países de alcanzar “cero neto” de emisiones, ¿hay un riesgo de que los créditos de carbono impulsen proyectos asociados con ataques?

Sin duda, porque además yo creo que hay que tener muy en cuenta una cosa. Y es que la crisis climática es también una crisis humanitaria. Los que están en la primera línea de la lucha contra la crisis climática son las personas defensoras.

Los mercados de carbono son un tema altamente delicado que además está siendo muy controvertido y que tiene el potencial de reproducir lo que ya hemos visto con otros recursos naturales.

Da un poco igual cambiar el último metal por el crédito de carbono, por la madera o por el agua o por cualquier otro recurso natural, el tema es cómo se están gestionando, la falta de sostenibilidad y de diligencia debida.

Muchos podrían preguntarse, con los datos alarmantes de asesinatos de defensores, ¿por qué no hay a nivel de la sociedad en general en América Latina una mayor exigencia de justicia?

Es una pregunta muy urgente que debemos hacernos. Esto es como una obra en la que cada actor juega su papel.

Yo creo que está habiendo respuesta de muchas organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales son reprimidas por ello.

Los medios de comunicación también tienen un papel, el hecho de que medios como BBC Mundo y otros tantos se interesen por estas historias. Las historias no existen si no se cuentan, de ahí el papel absolutamente crucial de los medios de comunicación.

Pero yo quisiera volver a los dos actores realmente principales aquí que son el gobierno y las empresas. Estos son los actores que tienen el peso y la responsabilidad de cambiar las cosas.

Por mucho que la sociedad civil, que los medios de prensa hagan presión, al final quienes cambian leyes, quienes cambian comportamientos, todo esto lo hacen los gobiernos y las empresas, son ellos en los que recae realmente la responsabilidad de proteger a estas personas.

En el informe se dice que “quien tiene el poder impone una narrativa”. ¿Cree usted que hay casos en que los propios medios de comunicación contribuyen a narrativas que presentan a los defensores ambientales como personas violentas o que impiden el desarrollo del país?

El cómo se cuenta la historia es casi más importante que la historia en sí misma. Y es verdad que las personas defensoras vienen sufriendo procesos muy profundos de estigmatización. La primera estigmatización es que son personas que se oponen al desarrollo que los países necesitan para salir de la pobreza.

Yo creo que todas estas narrativas sobre las personas defensoras han hecho mucho daño, tanto a nivel mediático como a nivel judicial.

Por supuesto que hay casos de defensa que acaban en violencia. Y eso es indeseable para todas las partes. Pero hay que decir que nuestra metodología exige que las personas incluidas en el informe sean personas que estaban haciendo una labor pacífica.

¿Hay en algunas de esas narrativas también un elemento, consciente o inconsciente, de racismo?

Ninguna duda. Tenemos un caso tristemente reciente que es el del periodista británico Dominic Philips, que murió con Bruno Pereira en la Amazonia, un crimen absolutamente deleznable y por el que hay que buscar exactamente la misma justicia que por todos los demás. Pero uno ve la atención que lleva este caso frente a los otros casi 200 de los que nadie sabe quiénes son.

Durante toda esta década hemos evidenciado lo de siempre, que casi un 40% de los asesinatos de defensores son de personas indígenas, aunque las personas indígenas son un 5% de la población del planeta.

El mismo hecho de que un 40% de la gente asesinada sea indígena ya dice todo sobre el racismo. Lo mismo con los pequeños campesinos. Para mí sin ninguna duda aquí hay un tema de ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda, y por desgracia, esto sigue siendo una realidad.

¿Hay también otros factores clave como el legado de la guerra en Colombia o la violencia del narcotráfico?

El conflicto de Colombia ha durado muchos años, ha sido muy profundo. Creo que importa rescatar dos cosas. Por un lado que Colombia firmó los acuerdos de paz en 2016 y aún así sigue viviendo bajo un terror de paramilitares, de organizaciones criminales, de drogas, carteles y demás.

Pero además esto se está extendiendo en toda la región. Estoy pensando en Perú, en Honduras, países que tradicionalmente no tenían tantísimo problema de narcotráfico, como tenía Colombia. Y realmente estamos viendo como casi se están creando economías paralelas e incluso fuerzas del Estado paralelas, con seguridad privada, con paramilitares, con otro tipo de fuerzas muy agresivas.

Global Witness destaca a pesar de todas las dificultades algunas señales de progreso, como la condena del exempresario Roberto David Castillo en Honduras por ordenar el asesinato de Berta Cáceres.

Querríamos ver mucho más progreso. Pero también hay que celebrar las victorias porque iluminan el camino a seguir. El caso de Berta Cáceres fue emblemático desde que sucedió en 2016. Se han tardado todos estos años, pero en 2021 David Castillo fue condenado.

Esto que debería suceder de forma regular no sucede casi nunca. Hablábamos de impunidad.

No es un logro menor porque además fue condenado a 22 años de cárcel. Luego habrá que ver si se apela, si hay reducción de condena, pero ya es un mensaje distinto al que estamos acostumbrados.

También se habla como una señal de progreso del Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en 2021. ¿Cuán importante es?

Es un acuerdo importantísimo porque incluye el acceso a la información ambiental, a la participación en la toma de decisiones, y requiere a los Estados, por primera vez de forma más contundente, que se investiguen los ataques contra las personas defensoras. Esto, que debería ser una cosa bastante obvia, era una herramienta que no existía.

Es muy pronto para decir si será efectivo. Hay países como México que ya lo han ratificado pero que todavía no han hecho mucho al respecto la verdad. Y hay países clave donde hay ataques de personas defensoras, como Colombia o Brasil, que ni siquiera lo ratificaron.

Global Witness dice que la Unión Europea debería mostrar liderazgo en responsabilidad corporativa. Menciona el proyecto actual de directiva a consideración de la Comisión Europea que permitiría incluso que empresas europeas sean demandadas en Europa…

Es solo un proyecto de ley, pero muy interesante, porque lo que hace es poner foco en la responsabilidad que tienen las empresas de dejar de lavarse las manos cuando suceden estos casos y hacer como que no va con ellos.

Tienen la obligación activa de que estos ataques no se produzcan bajo su responsabilidad.

¿Cual es la recomendación o petición principal de Global Witness?

Este es un problema de todos y nos afecta a todos, pero como en la crisis climática, aunque el problema es de todos, no todos tenemos las mismas obligaciones ni las mismas responsabilidades.

Entonces, aquí, como mencionábamos antes, hay dos actores fundamentales que tienen que dar un paso al frente sin ninguna duda. Uno son los gobiernos que tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos. Los gobiernos tienen por un lado la capacidad de lidiar con el tema de la impunidad y, por otro lado, de tomar decisiones sobre las empresas que operan en sus territorios.

Y del otro lado, están los intereses empresariales. No puede ser que los beneficios corporativos salgan adelante a cualquier precio y mucho menos al precio de la vida de las personas. 200 en el último año, 1.733 en una década, realmente son cifras escalofriantes y tenemos que tomar esto con la importancia que merece.

También hay una referencia en el informe al papel de las instituciones financieras…

Este es un actor importantísimo porque los proyectos de desarrollo solamente se llevan a cabo si se financian. Global Witness ha documentado, por ejemplo, el tema de las instituciones financieras y el daño que están causando al sector forestal.

Esto es un ejemplo muy claro. Sin la financiación de esas instituciones esos proyectos jamás irían adelante.