¿Qué es la Carta Democrática Interamericana?

Es un instrumento que el 11 de septiembre de 2011 aprobaron, por aclamación, los 35 países miembros de la OEA en Perú.

El texto establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

El tratado fue aprobado en el contexto del gobierno de Alberto Fujimori en Perú, recordó a BBC Mundo el analista político Michael Shifter, director de la organización Diálogo Interamericano, con sede en Washington (EE.UU.).

En 1992 Fujimori disolvió el Congreso y la Corte Suprema, posteriormente aprobó una Constitución a la medida y en el año 2000 buscó una segunda reelección consecutiva, pese a que la Carta Magna no lo permitía.

Los resultados de estos comicios fueron cuestionados por la oposición y se desató una ola de protestas que terminaría forzando a Fujimori a renunciar desde Japón. Años después fue condenado a prisión por haber violado derechos humanos durante sus mandatos.

¿Qué dice?

En su artículo 1 señala que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.

Por su parte, en el artículo 3 enumera los elementos que debe reunir un sistema democrático para ser considerado como tal.

“El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, indica la norma.

Asimismo, el texto establece un “mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo”.

¿Por qué se le aplica a Perú?

La Carta fija tres posibilidades para ser activada: a solicitud del secretario general de la OEA, de otro país miembro o del propio gobierno del país afectado.

En el caso de Perú fue el presidente del país, Pedro Castillo, quien invocó el texto, por considerar que las acciones que la Fiscalía y el Congreso han emprendido en su contra en los últimos meses encuadran dentro de lo previsto en los artículos 17 y 18 del tratado.

Dichos artículos obligan a la OEA a actuar ante situaciones que supongan “una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo” en cualquiera de los Estados miembros.

Castillo, en la misiva que le envió a Almagro, recordó que desde que llegó al poder en junio de 2021 ha tenido que enfrentar denuncias de fraude, que han pretendido sembrar dudas sobre la legalidad de las elecciones en las que fue elegido.

El mandatario también denunció que el Congreso de su país ha pretendido destituirlo, le ha impedido salir para viajes oficiales y le ha reducido algunas de sus atribuciones, como la de convocar referendos. Y, por último, la semana pasada la Fiscalía presentó una “denuncia constitucional” ante el Parlamento para procesarlo por liderar una supuesta organización criminal que traficaba con influencias.

¿Qué medidas prevé la Carta para proteger la democracia?

De producirse una ruptura del orden democrático el artículo 20, de la Carta señala que “el Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

Precisamente esto fue lo que la OEA decidió hacer. Así tras llamar a todos los actores para que “sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado de Derecho”, el organismo anunció el envío de “un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros” para que viaje próximamente a Lima, con el fin de “hacer un análisis de la situación”.

De fracasar estas gestiones diplomáticas, entonces el artículo 21 autoriza al Consejo para que decida la “suspensión” de la membresía de la OEA del Estado afectado. Esta medida se debe adoptar con el voto de las 2/3 partes de los 35 Estados miembros.

Hasta ahora el bloque solo ha suspendido a Cuba y Honduras.

¿A qué países se le ha aplicado el texto?

La primera vez que se aplicó la Carta fue en 2002, durante la salida momentánea del gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. En 2016 Almagro intentó aplicársela otra vez Venezuela, pero no reunió los votos necesarios.

Después en 2009 se le aplicó a Honduras luego de que un grupo de militares depuso a Manuel Zelaya.

Otros países en los que se ha invocado el documento han sido: Ecuador (2005, 2010), Bolivia (2003, 2005, 2008), Nicaragua (2004, 2005 y 2021) y Perú (2004).